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Las alertas por el presunto uso de recursos de la Alcaldía de Medellín para aceitar la maquinaria de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Medellín volvieron a encenderse esta semana, justo cuando la puja por la primera vuelta ha entrado en sus días definitivos.
Al tiempo que el Pacto Histórico intensifica sus esfuerzos por agrandar su músculo electoral de cara a vencer en la primera vuelta, Medellín se ha convertido en una de sus plazas clave.
Durante el pasado fin de semana, en medio de esa batalla, salió a flote una nueva denuncia que salpicó a una empresa de transporte que tiene activo un millonario contrato con la Alcaldía de Medellín.
Rodeados de voluntarios vistiendo camisetas blancas y portando en sus manos material propagandístico del Pacto Histórico, tres buses de una empresa identificada como Cootraespeciales fueron grabados el sábado 30 de abril mientras permanecían estacionados en el cruce de la calle 47 con la carrera 81A, tal como pudo verificar este diario tras geolocalizar las imágenes.
Una de las particularidades de los buses, cuyas placas también quedaron captadas con claridad, fue que uno de ellos portaba en su parabrisas un distintivo que lo identificaba como un vehículo al servicio de la Alcaldía de Medellín.
Según se conoció ayer, la empresa a cargo de los automotores hace parte de una unión temporal que firmó un contrato por $12.267 millones con la Alcaldía, cuya acta de inicio aparece con fecha del pasado 11 de marzo.
Dentro de los documentos de soporte a ese convenio, el concejal Daniel Duque, quien funge como una de las cabezas del bloque opositor a la Alcaldía, reveló que las tres placas captadas en las imágenes forman parte de la flota puesta al servicio de la administración municipal.
“El contrato firmado por la UT Movilizando Sueños tiene el fin de transportar a los estudiantes hacia sus instituciones educativas. Los tres buses usados en campaña hacen parte de los vehículos ofertados. Es decir, deberían estar transportando jóvenes y no haciendo campaña”, cuestionó el corporado.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO se puso en contacto con la Alcaldía de Medellín, que a través de un pronunciamiento escrito aseguró no ver irregularidades en el caso.
“El contrato de transporte de niños en la ciudad de Medellín se presta sin ninguna eventualidad y dentro de lo estipulado en el contrato. La Alcaldía no tiene información sobre que otros contratos o servicios tiene el contratista con otras entidades o particulares”, escribió la Alcaldía.
De igual forma, tras revisar la documentación de los contratos, este diario se comunicó al número telefónico de la unión temporal, que coincide con la línea de atención de la empresa Cootraespeciales.
Natalia Lopera, gerente de Cootraespeciales, confirmó por su parte la autenticidad del material y cotejó que el pasado 30 de abril los vehículos de su compañía estuvieron en el barrio La Floresta prestando servicio.
“Por error uno de los conductores no había retirado el aviso que utilizamos para el transporte escolar. Sin embargo, antes de prestar el servicio, el conductor se percató del error y retiró el aviso”, dijo.
Al ser interrogada sobre por qué los vehículos hacían presencia en ese lugar, ubicado a una cuadra de la casa Petro, la gerente señaló que sólo se trataría de una coincidencia, dado que para el servicio fueron contratados por una fundación y no por la campaña del Pacto Histórico.
“Coincidencialmente en el sector hay una sede de una de las campañas actuales, lo que es muy difícil de controlar”, dijo Lopera, insistiendo en que en los vehículos no se transportaron personas de la campaña de Petro. Al ser contrapreguntada por el nombre de esa organización, la gerente informó que se trata de la Fundación Avanti Centro de Formación.
Tal como lo denunció este diario desde noviembre del año pasado, la Fundación Avanti hace parte del entramado de ONG que guardan una relación estrecha con el círculo cercano al alcalde Daniel Quintero.
Aunque esta organización ha cambiado varias veces de nombre, dentro de los antecedentes que llaman la atención está el haber certificado dos años de experiencia profesional del exsecretario de Inclusión Social Juan Pablo Ramírez, quien recientemente renunció a su cargo para adherirse a la campaña de Petro.
Así mismo, cuando se llamaba Funvida, esa ONG tuvo como representante Legal a Alejandro Toro, una de las cuotas de Quintero en el Pacto Histórico y que resultó electo a la Cámara de Representantes por esa colectividad. La ubicación de la sede de Avanti coincide con la zona en la que fue grabado el video.
Por esta serie de indicios, las voces que piden investigar la presunta participación en política de la Alcaldía en la campaña volvieron a salir a flote. Quedará entonces en manos de la Procuraduría, en donde ya cursa una indagación en contra de Quintero por ese mismo tema, esclarecer lo ocurrido.
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.