En la historia de Medellín solo se recuerda un caso en que le quitaran el voto a un concejal, y fue a Santiago Jaramillo (Centro Democrático), a quien apodaban “el loco”, después de escándalos como la agresión a un periodista. Ahora ese castigo se les aplicaría a cuatro concejales, siendo tal vez la sanción más grande en las corporaciones públicas de Colombia.
Por lo pronto es una medida cautelar, mientras se surte una investigación interna, pero cabe la posibilidad de que se extienda a casi la totalidad del tiempo que les queda de concejales a María Paulina Aguinaga, Nataly Vélez, Albert Corredor y Lina García, si se confirma que violaron el estatuto del partido Centro Democrático (CD) y la ley de bancadas. Algunos ya los llaman los “concejales de papel”.
Esto por no haber apoyado a Simón Molina, el candidato ungido por su colectividad para la presidencia del Concejo de Medellín, en 2022.
Incluso la pena más fuerte, que sería la expulsión, no habría sido considerada en su caso para no darles la oportunidad de que se cambien de partido, según analistas.
Pero, ¿qué los llevó a arriesgar su futuro político y someterse a la crítica del propio expresidente Álvaro Uribe, el jefe natural del CD, y a ser señalados de que se vendieron al alcalde Daniel Quintero? Cada uno tendría sus propios motivos.
Aspiraciones y amistad
Aún antes de que se presentara el impase, Aguinaga podría haber estado planeando desmarcarse del CD. Sería una jugada para allanar su camino hacia una posible candidatura a la Alcaldía de Medellín.
De hecho, desde el año pasado, cuando apenas comenzaba el periodo en el Concejo, el noticiero político Clarín adelantó que ella tenía un proyecto político individual a largo plazo con miras a ser la líder de la administración municipal, y que sería por firmas. El nuevo rol de madre no le habría hecho cambiar sus planes.
Analistas coinciden en que en su carrera pública, Aguinaga ha demostrado que la sujeción a un jefe político no es lo suyo. Recuerdan que la primera vez que llegó al Concejo se lanzó con el apoyo de Fabio Valencia Cossio y luego fue enfática en que no era su cuota. Muy pronto planteó su propia agenda con debates críticos al manejo de EPM, una plataforma que mantiene vigente y le genera afinidades, por lo menos temporales, con Quintero.
Su compañero de insubordinación Albert Corredor en algo se le parece, no solo en la juventud. Una fuente que fue cercana a la campaña de Quintero le contó a este medio que en un momento se llegó a plantear que Corredor, gran amigo del Alcalde, se presentara al Concejo por los Independientes. Sin embargo, no era estratégico ya que no había seguridad de ganar su escaño, detrás de Luis Bernardo Vélez y el hoy exconcejal Alex Flórez. Entonces, el padre de Corredor, que lleva el mismo nombre y es cercano al uribismo, le habría conseguido un sitio en el listado del CD.
Nataly Vélez también ha expresado que su sueño es ser alcaldesa de la ciudad, si bien era inesperado que lo hiciera lejos del uribismo, como parece que deberá ocurrir frente a los últimos acontecimientos. Sobre ella también se ha criticado su ambivalencia, porque aun siendo parte de un partido de oposición a Quintero, mantendría cuotas burocráticas en esta administración, específicamente en el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder).
A Lina García, la última de los cuatro concejales “insurrectos”, también se le señala de que estaría anteponiendo la estabilidad de sus cuotas en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed) a su lealtad con el CD.
Con relación al tema, Fredy Chaverra, politólogo de la Universidad de Antioquia, comentó que este desenlace se venía venir, pues la bancada de ocho corporados uribistas había demostrado división en temas cruciales de ciudad.
Además, la desbandada tiene un efecto simbólico porque demuestra que el expresidente Uribe habría perdido el poder y la gran influencia que ha detentado entre sus copartidarios.
“Para estos cuatro concejales primaron sus intereses personales, en clave burocrática o de amistad, y posiblemente están más alineados con Quintero en el debate por Hidroituango, que con la visión que tienen sectores del CD”, añadió Chaverra.
En su opinión, los corporados sí habrían vulnerado el reglamento de su partido y la ley de bancadas.
La discusión al respecto se centra en determinar si previo a la votación para mesa directiva del Concejo había o no un acuerdo de apoyo a Simón Molina, algo que no aceptan los investigados. Por el contrario, los otros cuatro miembros de la bancada aseguran que sí hubo un pacto alrededor de Molina.
¿Qué responden los concejales?
EL COLOMBIANO consultó a los cuatro concejales sobre los motivos de su conducta. Aguinaga y Vélez se sostienen en que no hubo un acuerdo de bancada y que optaron por buscar la paridad de género tratando de que el próximo periodo una mujer asumiera la presidencia del Concejo. En este caso los cuatro votaron por la primera de las mencionadas y no por Molina.
Todos coincidieron en que no infringieron ningún reglamento y que asumirán el “juicio” del CD bajo el debido proceso al que tienen derecho. Sobre cómo afrontan el proceso interno en el partido esto dijeron los cuatro concejales:
Nataly Vélez
“No hay sanción impuesta, la defensa asumida siempre estará encaminada en congruencia con lo que se regule por el partido y las normas concordantes en respeto del debido proceso. Quiero insistir en que, de acuerdo con los hechos ocurridos, no existe ni existió violación alguna al régimen de bancadas, pues en la bancada había claramente dos candidatos y al quedar internamente la votación cuatro por el concejal Simón Molina y cuatro por la concejala María Paulina Aguinaga, y en atención a lo reglado por el artículo 18 de la ley 1909 de 2018 (Estatuto de Oposición) donde se habla que la participación de las mesas directivas debe alternarse en períodos consecutivos entre hombres y mujeres, y al corresponderle este periodo a una mujer, mi voto fue por mi copartidaria Aguinaga”.
Lina García
“Sea lo primero informarles que a la fecha hay una solicitud de nuestro partido a la mesa directiva del Concejo de a Medellín sobre una medida cautelar la cual está pendiente de resolución. Como concejal y abogada quiero informarle que al día de hoy (17 de noviembre), solo he sido notificada vía correo electrónico de dos autos de apertura de investigación, uno inicial y uno corrigiendo ese mismo auto de apertura, el cual tuvo grandes imprecisiones (por lo cual tuvo que ser corregido por la veeduría nacional). Por lo demás también contarles que no he sido llamada a descargos por parte del partido; estoy muy atenta a que nos permitan el derecho de defensa y contradicción sobre la medida provisional impuesta y que se nos garantice el debido proceso antes de cualquier sanción”.
Albert Corredor
“Al tenor del artículo 144 de los estatutos del partido me permito indicar que todas las actuaciones disciplinarias iniciadas por el partido gozan de reserva y en este sentido se trata de un derecho con efectos bilaterales, por cuanto nos cobija a ambas partes. Coherente con lo anterior todo mi actuar irá encaminado en el respeto al debido proceso”.
María Paulina Aguinaga
“Primero, considero que no violé el régimen de bancadas. Somos ocho concejales, estaban cuatro concejales con Simón Molina y cuatro concejales conmigo, además era inadmisible que concejales de otros partidos, que denigran del Centro Democrático y del expresidente Uribe, resolvieran este empate como lo pretendía el concejal Simón Molina, quien manifestó que había hecho una negociación con ellos, negociación que aún no se conoce, excepto la alternancia en la Presidencia por parte de él y del concejal Daniel Duque. Ya interpuse un recurso de acuerdo a lo establecido en los estatutos del partido y el auto de la veeduría. El debido proceso es un derecho constitucional y espero que el partido sea respetuoso del mismo”.
Sobre las supuestas cuotas burocráticas, García indicó que espera que si hay pruebas de esto, quienes las tengan las lleven a las autoridades competentes: “Sería de todo mi interés y de la ciudad que si algún concejal tiene que hacer una denuncia en mi contra o de cualquier compañero independiente del partido o de cualquier funcionario, haga la respectiva denuncia ante la autoridad competente”.
