En sendas cartas dirigidas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), tanto la Procuraduría General como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expresaron su preocupación por las implicaciones y posibles consecuencias que tenga la confirmación del fallo fiscal en Hidroituango y solicitaron un puesto de mando unificado “inmediato” para analizar los escenarios de riesgo en el proyecto.
La decisión de la Contraloría, en segunda instancia, anticipa una inminente inhabilidad para los actuales constructores, tras ser declarados responsables fiscales, junto a otras 23 personas naturales y jurídicas, por el presunto detrimento patrimonial de $4,3 billones. La posibilidad más riesgosa es que la megaobra se paralice después del 31 de diciembre próximo, fecha en la que vence el actual contrato.
La Anla dijo que era prioritario tener conocimiento de primera mano sobre las posibles consecuencias o implicaciones que pueda tener el fallo, en particular, el manejo y la gestión del riesgo, el desarrollo de las actividades y obras, y el cumplimiento de obligaciones ambientales, teniendo en cuenta la contingencia que atraviesa desde abril de 2018.
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