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JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ | Publicado el 02 de diciembre de 2021
En sendas cartas dirigidas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), tanto la Procuraduría General como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expresaron su preocupación por las implicaciones y posibles consecuencias que tenga la confirmación del fallo fiscal en Hidroituango y solicitaron un puesto de mando unificado “inmediato” para analizar los escenarios de riesgo en el proyecto.
La decisión de la Contraloría, en segunda instancia, anticipa una inminente inhabilidad para los actuales constructores, tras ser declarados responsables fiscales, junto a otras 23 personas naturales y jurídicas, por el presunto detrimento patrimonial de $4,3 billones. La posibilidad más riesgosa es que la megaobra se paralice después del 31 de diciembre próximo, fecha en la que vence el actual contrato.
La Anla dijo que era prioritario tener conocimiento de primera mano sobre las posibles consecuencias o implicaciones que pueda tener el fallo, en particular, el manejo y la gestión del riesgo, el desarrollo de las actividades y obras, y el cumplimiento de obligaciones ambientales, teniendo en cuenta la contingencia que atraviesa desde abril de 2018.
La Procuraduría reiteró la preocupación de la Anla y citó una declaración de EPM del martes en la que señaló que si bien la entrada en operación era clave para la seguridad energética del país, lo fundamental era mitigar los riesgos a los que están expuestas las comunidades aguas abajo de la presa.
El principal motivo de preocupación es el vertedero, toda vez que está siendo utilizado de forma permanente e indefinida como descarga del embalse desde febrero de 2019, pese a que es una estructura que no está prevista para ello.
“Sin duda alguna se requiere urgentemente de seguimiento y control que solo se pueden implementar con el paso de las aguas por la casa de máquinas, tal como lo ha venido informando la EPM de los PMU que se han llevado a cabo”, expresó la Procuraduría.
Por eso solicitó una reunión urgente para que las autoridades y entidades que hacen parte del PMU informen sobre el estado actual del proyecto, las medidas que adoptarán frente a la incertidumbre por la continuidad de los contratistas y los planes para asegurar la terminación de las obras, especialmente las necesarias para contener el riesgo que actualmente existe por el vertedero.
Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.