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¿Cambiará el contratista de Hidroituango? Fallo de la Contraloría abrió esa puerta
La decisión de la Contraloría General podría abrir el camino para que EPM saque al consorcio constructor. Mañana lunes habrá visitas de ciudadanos chinos a la central hidroeléctrica.
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Todos los ojos están puestos sobre Hidroituango y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues se cree que puede haber cambio de contratistas para terminar las obras de este polémico proyecto. FOTO jUAN ANTONIO SÁNCHEZ
12 de septiembre de 2021
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El anuncio esta semana del fallo de la Contraloría General de la República por el caso Hidroituango, que condena a pagar 4,3 billones de pesos a 26 personas –entre ellas nueve sociedades–, volvió a sacudir este proyecto estratégico que generará el 20 % de la energía del país.
Por ahora, el fallo es de primera instancia y por ende todavía no está en firme. Los involucrados cuentan con cinco días hábiles desde la notificación del fallo –que en teoría se vence mañana lunes– para interponer recursos de reposición ante la misma contralora que tomó la decisión, o de apelación, que debe resolver la nueva Sala Fiscal y Sancionatoria en máximo 20 días hábiles.
Se ha creado una gran incertidumbre sobre el impacto de esta decisión en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, porque una vez se resuelva la segunda instancia –que si los términos se cumplen sería para mediados de octubre–, y si se llega a ratificar el veredicto de la primera, quedarían en una situación difícil los contratistas que hoy están construyendo la megaobra.
Entre los conocedores de los intríngulis del proyecto han crecido las especulaciones sobre cómo este fallo abriría las puertas para el aterrizaje de nuevos contratistas, que asumirían las riendas de la central. Y es que es importante saber que hasta 2019 entre EPM y los constructores se pactaban vigencias amplias del contrato por duración de obra. Pero en 2020, EPM cambió la modalidad de contratar, y solo se puede hacer por vigencias anuales, y desde entonces se prorroga cada año (Ver Editorial: El grito de auxilio desde EPM, Pág. 25).
En 2020 la prórroga no fue fácil y en diciembre se debe pactar una vez más, y si al malestar entre las partes se suma el dictamen de la Contraloría, no es descabellado pensar que EPM podría dar por terminado el contrato con el consorcio CCC Ituango (Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H).
Así se abrirían las puertas para que lleguen nuevos contratistas a asumir el último tramo de la hidroeléctrica. Cabe recordar que desde agosto de 2020 la presidenta del sindicato de trabajadores, Olga Lucía Arango, viene advirtiendo que dentro de EPM saben que se está buscando hacer una contratación directa con la firma China Three Georges Corporation. En su momento, el entonces gerente Álvaro Rendón lo negó y fue él quien firmó la prórroga para este 2021 con el consorcio CCC Ituango. Pero al final terminó saliendo de su cargo en enero de este año, en no muy buenos términos con el alcalde Daniel Quintero. Tanto que en ese momento le dijo a Blu Radio que Quintero le había expresado: “Quiero una persona que me copie más’”.
Y al nuevo gerente, Jorge Carrillo, según testimonios de directivos de EPM, cuando le piden que sea autónomo, para defender el Gobierno Corporativo de la empresa, responde: “El Alcalde es mi nominador”.
En abril de este año, W Radio también informó que por directriz de la Junta Directiva, desde agosto de 2020 se trabajaba en un plan B. En ese momento se dijo que la prioridad era buscar empresas colombianas, porque traer extranjeros retrasaría aún más la entrada en operación de la hidroeléctrica. Cabe recordar que lo presupuestado es poner a funcionar dos turbinas y comenzar a producir energía en 2022, y cualquier retraso podría dar al traste una vez más con el cronograma.
Opciones de pago
Justo en medio de esta difícil situación, EL COLOMBIANO tuvo acceso a un documento de agenda en el cual se ha programado visita para este mes de septiembre de invitados especiales, entre los que se encuentran nombres como Libo Yu, Yanjun Zhang, Hongwen Chen, entre otros. Todos identificados con pasaportes y acompañados por el colombiano Diego Alejandro Rico Rosero. Según pudo conocer este diario, mañana harán una visita a Hidroituango.
¿Qué tan probable es que la construcción de Hidroituango pase a manos de otros contratistas? Ahí es donde entra a jugar el veredicto de la Contraloría General. Si queda en firme antes de terminar el año, se va a cobro coactivo, y todos los implicados serían publicados en el boletín de responsables fiscales, lo cual significa que para seguir contratando con empresas del Estado, como EPM, les toca pagar los 4,3 billones de pesos.
Resulta además, que no es que el monto de la sanción se divida entre los 26 responsables fiscales, si no que para que cualquiera salga de ese boletín se tiene que pagar el total: los $4,3 billones. Eso significa que podríamos estar a menos de tres meses de que EPM decida cambiar a los constructores del megaproyecto, toda vez que la prórroga del mismo va hasta el 31 de diciembre.
Conocedores del caso hablan de dos posibles alternativas antes de llegar a ese momento extremo: la primera es que la aseguradora siga pagando la póliza, y llegue pronto hasta los $4,3 billones, con lo cual, según dijo el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz, quedaría cerrado el proceso.
Y la segunda es que la Contraloría, teniendo en cuenta el impacto que puede tener su decisión sobre este proyecto estratégico para todos los colombianos, al estilo de la Corte Constitucional, pueda eventualmente dar un fallo modulado y le evite mayores daños al patrimonio público.
Lo del fallo modulado no se ve fácil. La Contraloría nunca lo ha hecho y la Corte Constitucional es la única que se ha dado esos permisos. Lo de la póliza, aunque tampoco es sencillo, no es necesariamente imposible.
La aseguradora española Mapfre tendría que pagar al menos 1 billón de dólares del total de 2,55 billones de dólares para cobertura de daños, de los cuales hasta ahora ha girado 350 millones de dólares (150 en diciembre de 2019; 100 en septiembre de 2020; y otros 100 en agosto de 2021).
En su más reciente comentario de calificación sobre EPM (12 de julio pasado), Fitch Rating supone que la empresa recibirá pagos de seguros de más de 800 millones de dólares entre 2021 y 2024 por el proyecto Hidroituango, a una tasa de aproximadamente 200 millones de dólares por año.
Es decir, en el mejor de los casos se completaría el pago de los $4,3 billones en 2023. Es una verdadera carrera contra el reloj. O si se quiere, una bomba de tiempo que ya entró en la fase de cuenta regresiva, porque desde el momento en que la Contraloría falló en primera instancia, empezaron a correr los términos.
Los implicados han anunciado tutelas que sin duda podrían demorar el veredicto definitivo. O, en un caso extremo, el juez de tutela podría incluso suspender temporalmente los efectos del fallo.
También tienen a la mano el recurso de nulidad ante el Consejo de Estado, que podría tomar cinco años o más, tiempo durante el cual, si median medidas cautelares, la aseguradora podría pagar la póliza.
El caso sin duda no está cerrado. Mientras tanto, el fallo de la Contraloría General dejó a EPM en una mejor posición para eventualmente hacer lo que algunos temen: no prorrogar el contrato este 31 de diciembre y cambiar a los constructores
Directora de EL COLOMBIANO.
