A pesar de directrices que podrían terminar en grandes cambios y la salida de funcionarios en la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, en el gremio de empleados de la justicia se espera que no haya traumatismos y que, por el contrario, se cumpla con 400 nombramientos que aún hacen falta para mejorar la eficacia de la entidad.
Por políticas que pasan por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, los funcionarios que están en calidad de encargados deberán ser asignados nuevamente a las funciones para las cuales fueron nombrados, y no precisamente en Medellín. En la Fiscalía se rumora que algunos de los “códigos” o funcionarios, pasarían a Bogotá.
Así mismo, la aplicación de un concurso público realizado en el año 2008 obligará a la revisión de las condiciones del 90% de empleados que no pasaron la prueba en la dirección seccional. El presidente de Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, confirmó que en los próximos días se harán efectivos cambios para devolver a sus puestos de nombramiento a empleados que por alguna razón estén ejerciendo otras funciones por encargo en la actualidad.
“Una persona que es asistente de fiscal 1 o asistente de fiscal 2, que está adelantando labores administrativas, debe devolverse a su cargo con un fiscal”, señaló.
Aunque está en mora la aplicación del concurso para empleados en el nivel administrativo, que según Otálvaro desaprobó el 90 por ciento de funcionarios en la Seccional, descartó por el momento la salida de empleados de forma masiva. Al contrario, expresó preocupación porque aún hace falta personal en la Fiscalía, un compromiso del Fiscal General con la Seccional. Estimó que todavía hacen falta 400 funcionarios para sumarse a los 1.500 que laboran hoy en la justicia.
“Faltan técnicos investigadores en el CTI y también personal auxiliar de los fiscales, en especial en unidades como Vida y de extinción de dominio. También en las que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado”, dijo.
Reveló que las implicaciones de los resultados están en estudio. “Hay gente que está en retén social, que por ley no pueden despedirse porque son cabeza de familia, están con alguna enfermedad física o mental que les impida conseguir otro empleo o a punto de jubilarse” anotó.
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