El Instituto Popular de Capacitación, IPC, informó este jueves que la sede del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), que sirve de apoyo a las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos, será desalojada por orden de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
Según la información, que fue revelada por la líder y víctima del conflicto en esta localidad del Oriente antioqueño, Pastora Mira, la notificación del desalojo les llegó el pasado martes 18 de enero. En la misma, la SAE (que administra los bienes incautados al narcotráfico y a las organizaciones criminales) les pide entregar el bien de manera voluntaria a más tardar el 26 de este mes de enero.
De no darse la entrega voluntaria del inmueble, el 31 de este mismo mes se procederá a la recuperación del inmueble. El CARE, dice en su misión, “es una iniciativa que acompaña a las víctimas y promueve acciones en pro del bienestar físico y espiritual de la población de San Carlos”.
Nació en el año 2006, luego de que un grupo de mujeres del municipio participara en experiencias de atención, formación psicosocial y salud mental auspiciadas en el Oriente antioqueño por organizaciones como la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), ConCiudadanía y Prodepaz.
En dicha sede funcionaba, en los tiempos más complejos del conflicto, el Hotel Punchiná, “cuya instalación fue tomada como comando por los paramilitares durante la guerra, y que en el marco de los procesos de reconciliación nacional se convirtió en un escenario de paz y en una posibilidad para no olvidar. Este lugar le ha permitido a la organización pertenecer a la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria”, dice la Corporación para el Desarrollo de la Reconciliación y la Reparación (RedConciliar), que funciona en el CARE.
Allí están bajo amparo pinturas, bordados, fotografías y escritos que plasman la memoria de lo ocurrido durante el conflicto en esta población, recuerda el IPC.
Hasta el momento, la SAE no ha ofrecido una solución a este problema y todo pareciera indicar, según lo revelado por el IPC, que la desocupación del inmueble será inminente.
De llevarse a efecto este desalojo, el hecho representaría un duro golpe para las víctimas del conflicto en este municipio, donde las disputas por el control territorial entre el ELN, las Farc, los paramilitares del Bloque Metro, el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada, y la Fuerza Pública, obligaron a que, “entre 1985 y 2010, cerca de 20.000 personas -de las 25.840 que habitaban el municipio- abandonaran su lugar de origen”, dice RedConciliar en su página oficial. Añade que 30 de las 78 veredas con las que cuenta el municipio fueron abandonadas en su totalidad y más de 20 veredas lo hicieron de manera parcial.
