Después de dos aplazamientos, la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Medellín realizará hoy la audiencia de conciliación prejudicial convocada por EPM contra los tres consorcios que participaron en el diseño, asesoría, construcción e interventoría del proyecto Hidroituango.
En un escrito de 315 páginas presentado el pasado 10 de agosto, la empresa de servicios públicos puso sobre la mesa una multimillonaria reclamación de $9,97 billones por los daños y retrasos en la megaobra. Dicho anuncio fue la antesala de una turbulencia administrativa en Medellín porque la junta directiva de EPM, en pleno, renunció un día después.
Cabe recordar que la más reciente actualización del presupuesto del proyecto, aprobada el pasado 28 de julio, elevó su costo a $16,2 billones. Su valor inicial era de $11,4 billones, por lo que los valores adicionales son, hasta la fecha, de $4,8 billones por la contingencia.
La audiencia se da una semana después de la imputación fiscal de la Contraloría General de la República contra 28 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad en los sobrecostos de la futura central. Entre las empresas procesadas están tres consorcios citados a la conciliación de hoy.
El alcalde Daniel Quintero dijo ayer que “la acción de la Contraloría crea una presión adicional a los contratistas para conciliar. El propósito de EPM es que se recupere la plata de Medellín, queremos que los contratistas paguen”.
A continuación cinco puntos clave para entender el proceso que tendrá lugar hoy.
Antecedentes de la conciliación
Desde la contingencia en abril de 2018, EPM empezó la recolección de información para determinar si se cumplían los presupuestos jurídicos para presentar una reclamación.
El entonces gerente Jorge Londoño De la Cuesta confirmó, en diálogo con este diario, que la empresa tenía que hacer su propio estudio causa-raíz porque no podía salir a demandar a todas las partes involucradas sin determinar una presunta responsabilidad.
“Para uno decidir si es procedente o no entablar una demanda y por qué montos, se estaba desarrollando esa información. No estoy diciendo que no era necesario entablar una demanda, lo que pasa es que se seguía recaudando información para determinar los elementos de un proceso jurídico”, contestó Londoño el 8 de septiembre.
El actual gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, explicó en agosto de 2020 que la empresa tenía la obligación de preparar una salida jurídica por los sobrecostos del proyecto. Dicha decisión fue anunciada el 10 de agosto pasado. Según argumentó la empresa ese día, tras revisar 1.230 registros documentales identificó que los consorcios diseñador, constructor e interventor conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación comercial de las unidades de generación.
Rendón precisó que por vencimiento de términos debía presentar la reclamación antes del 13 de agosto. Dijo que tomaron esa ruta “atendiendo un llamado de la junta directiva, que pidió que llamáramos a una diligencia de conciliación a las partes”.
Contó que “la última prueba que terminamos de recaudar fue este último fin de semana (8 y 9 de agosto) para poder incorporarla en las diligencias. El alcalde conoció el tema el mismo domingo (9 de agosto) y el lunes (10 de agosto) estábamos hablando para entregar el documento a la opinión pública”. Acotó, sin embargo, que esta no era competencia de la junta directiva porque, por estatutos, la defensa jurídica de la institución le corresponde al gerente.
El martes 11 de agosto, la junta directiva en pleno renunció, hecho que generó una crisis administrativa sin precedentes en Medellín. En la carta, los ocho miembros dijeron que sin desconocer la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y el vencimiento de términos, “quedó claro en la reunión que la junta directiva de EPM no conoció ni participó en el análisis para adelantar acciones legales contra contratistas y compañías de seguro del proyecto Hidroituango; y, adicionalmente, no conocemos que se haya estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”.
El 31 de agosto, la nueva junta directiva de EPM decidió continuar la reclamación.
Bajo ese contexto, la Procuraduría 222 Judicial para Asuntos Administrativos de Medellín programó la audiencia, inicialmente, para el 19 de octubre. Se pospuso luego para el 23 de noviembre y una vez más se reprogramó para hoy.
Las partes que fueron citadas
Las firmas requeridas por EPM en la conciliación son el consorcio diseñador Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A. Con este consorcio se firmaron dos contratos: (1) uno de consultoría el 27/11/2008; y (2) otro para asesoría durante la construcción el 23/03/2011.
También fue requerido el consorcio constructor CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H. El contrato para la construcción de las obras civiles principales se suscribió el 28/08/2012.
Otro consorcio llamado a la audiencia es el interventor conformado por Ingetec y Sedic, cuya relación contractual se contrajo el 07/11/2011.
También fueron citados Seguros Generales Suramericana y Chubb Seguros, la primera como aseguradora del consorcio Generación Ituango (el diseñador) con una póliza de cumplimiento; mientras que el consorcio CCCI (el constructor) tomó una póliza con la segunda aseguradora.
Las Pretensiones principales de EPM
La empresa pretende que se declare que las causas del colapso del Sistema Auxiliar de Desviación (ocurrida el 28 de abril de 2018, hecho que marcó el comienzo de la contingencia) son atribuibles a los consorcios diseñador y constructor y que se estipule que no existe prueba de que se haya presentado caso fortuito, fuerza mayor o alguna causa extraña que ocasionara el colapso del túnel.
También pretende que se atribuyan a ambos consorcios las fallas estructurales en el sistema auxiliar de desviación. A su vez, pedirá que se declare que CCCI es responsable del cumplimiento de la garantía de estabilidad, idoneidad y firmeza del túnel derrumbado.
En virtud de ello, EPM pidió en el escrito que se declaren responsables a los dos citados consorcios de responder por las consecuencias económicas del proceso sancionatorio de la Comisión de Regulación de Energía por el colapso del túnel, los retrasos en la entrada del proyecto y la no puesta en operación de la primera unidad en 2018.
Asimismo, que los dos consorcios paguen una indemnización a EPM por los perjuicios del incumplimiento.
Sobre la interventoría, EPM pretende que se declare al consorcio Ingetec-Sedic como responsable del daño emergente y el lucro cesante causado por incumplimiento contractual, y buscará que se declare solidariamente responsable por los daños ocasionados a terceros por la creciente del río Cauca en mayo de 2018.
Lo que responden las partes
El consorcio constructor CCCI dijo en agosto que la convocatoria para la conciliación, al igual que las imputaciones de responsabilidad que EPM hizo en contra del consorcio, “resultan inusitadas, por decirlo lo menos, y contradicen la conducta de EPM observada hasta ahora con respecto al contrato, dado que ningún requerimiento ni cuestionamiento ha existido de parte de la entidad frente a la forma como fueron cumplidas nuestras obligaciones con relación a la construcción de la GAD y al contrato en general”.
La semana pasada, a raíz de la imputación de la Contraloría, CCCI añadió que “nos hemos ceñido a las instrucciones impartidas por EPM y sus delegados, siempre bajo la supervisión de la interventoría, cumpliendo nuestras obligaciones contractuales”, reiteró.
La brasileña Camargo Correa, integrante del mismo consorcio, defendió su participación en la construcción el sábado. “En estos ocho años, todas las etapas de la obra fueron previamente validadas por su cliente, cumpliendo con los compromisos contractuales”, aseguró en un mensaje enviado a la agencia AFP.
El 16 de septiembre, tras la filtración del informe causa-raíz de los reaseguradores de la megaobra, Integral S.A., firma que integra el consorcio diseñador, emitió un pronunciamiento. “Durante la etapa de diseño y de asesoría, Integral nunca recibió objeciones por parte de EPM, ni de los asesores internacionales, relacionados con diseños”, anota.
Y añadió que “las obligaciones de Integral S.A. durante el diseño y la asesoría en la construcción del proyecto están claramente definidas en los documentos contractuales, y contrastan con las responsabilidades que han pretendido asignarle, afectando de manera notoria su reputación profesional”, apunta.
Seguros Sura, por su parte, dijo en agosto que asume “este proceso legal con todo respeto y como parte natural de la gestión que permite resolver las controversias por vías institucionales”.
¿Qué sigue si no hay conciliación?
EPM pretende agotar la etapa conciliatoria, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa a través de una acción de controversias contractuales y reparación directa en la que acumularía, de forma subsidiaria, pretensiones derivadas del desequilibrio económico del contrato, según consta en el escrito radicado ante la Procuraduría (página 1).
Ricardo Hoyos, expresidente del Consejo de Estado, indicó que una vez agotada la conciliación, EPM podrá interponer la demanda que conocería, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia. En el evento de una decisión adversa para cualquiera de las partes, estas podrán interponer la apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado que tramitará la segunda instancia. “Es difícil comprometerse con un término, este proceso es de un asunto complejo, no solo por el monto de las pretensiones sino porque son muchas partes, por los asuntos en discusión y la evacuación de las pruebas pedidas”, concluyó
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