Julián Andrei González Vásquez, alias “Barny”, uno de los capos de la llamada “Oficina de Envigado”, sostuvo el 12 de enero de 2016 un encuentro, cara a cara, con Gustavo Alberto Villegas Restrepo, el recién posesionado secretario de Seguridad de Medellín del gobierno de Federico Gutiérrez Zuluaga.
El encuentro fue a las 10:10 a.m. en la capital antioqueña, en el Palacio de Justicia, en la oficina de la fiscal Alexandra Vélez Rincón, coordinadora de la Unidad de Vida del ente acusador. El cabecilla estaba condenado a 17 años de prisión, por tres homicidios y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.
En el acta de la reunión, a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, se dice textualmente que Villegas “pidió la posibilidad de escuchar al señor González Vásquez, pues ha sido enterado por el funcionario de la secretaría, Dr. Arnulfo Serna acerca de la mediación de este ciudadano en los homicidios del sector de la Loma de San Cristóbal el año pasado, y como las muertes pararon y quiere conocer de primera mano la situación, y analizar de que manera la secretaria de seguridad puede intervenir estos sectores con inversión social”.
Agrega el documento que Villegas “fue enterado de los pormenores de la negociación toda vez que los ofrecimientos comprometían la Seguridad Ciudadana, hecho que le interesó muchísimo, pues sus políticas apuntan a la disminución de los índices de violencia en la ciudad”.
Según la misma acta, “Barny” le explicó a Villegas “acerca de su interés de enderezar su vida, como lo viene haciendo en el centro carcelario donde se encuentra estudiando administración de empresas agropecuarias”.
Varios testigos de ese encuentro, que hablaron con reserva de sus nombres, le aseguraron a EL COLOMBIANO que el secretario de Seguridad escuchó a “Barny”, mostró interés en su colaboración para mejorar la seguridad de la ciudad, pero no le hizo ninguna promesa ni le ofreció ayudarle para que saliera de la cárcel.
¿Cómo llegó ahí Villegas?
Detrás de ese encuentro hay una historia que comenzó en agosto de 2015, con una carta que “Barny” le hizo llegar con su abogada, Gloria Becerra, a la directora de la Unidad de Vida de la Fiscalía. El cabecilla sabía que en su contra estaban activas otras investigaciones, por la muerte de una mujer, de nombre Adriana, y de Jairo Ubani. Por lo tanto, su objetivo era colaborar con la Fiscalía, para lograr beneficios legales que impidieran que aumentara su tiempo de reclusión.
De acuerdo con las normas del Código Penal, tales gabelas están relacionadas con figuras como el principio de oportunidad, la colaboración eficaz y las negociaciones vía preacuerdo.
“Barny” estaba preso en la cárcel de Itagüí. El 9 de septiembre de 2015 la directora de la Unidad de Vida y su asistente lo visitaron allí, en compañía de la abogada del cabecilla y un investigador de la Sijín del grupo de homicidios.
Como el tema era muy delicado, y el sitio inapropiado, la fiscal se comprometió a llevar a “Barny” a la Fiscalía. Así se hizo. Su primer traslado se realizó el 29 de septiembre de 2015, en medio de un operativo en el que participaron, por lo menos, 10 funcionarios del Inpec y 10 policías.
Alias “Barny” brindó datos para esclarecer los homicidios de Óscar Darío Vallejo Miranda y Jesús Estiven García Mira, ambos de la misma organización delictiva. Esos aportes, a su vez, ayudaron a clarificar siete homicidios que se habían cometido en el sector de La Paralela, de Medellín. Al terminar la diligencia, pidió que, ojalá, la próxima reunión se hiciera antes del 4 de noviembre de 2015, porque tenían que someterlo a una operación quirúrgica
El 5 de octubre de 2015, la abogada Becerra le entregó a la directora de la Unidad de Vida una nueva carta, pero esta vez firmada por Edinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi”. Pedía exactamente lo mismo, o sea beneficios a cambio de un trato más blando por parte de la Fiscalía en los procesos a los que estaba vinculado. Esa petición, con la misma defensora legal, se repitió el 19 de noviembre de 2015, cuando llegó la comunicación de alias “Peluco” o “el Saya” (es el alias más conocido de él), quien responde al nombre de Juan Camilo Rendón Castro.
Tanto “Barny” como “Pichi” y “Peluco” son miembros de “la Terraza”, la facción que articula los tentáculos de “La Oficina” en el nororiente de la ciudad.
Para avanzar en este proceso con los cabecillas de “La Oficina”, de entrega de información a cambio de beneficios legales, el entonces director seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo, creó un grupo de tareas especiales, con fecha 19 de noviembre de 2015.
En desarrollo de esas negociaciones, “Barny” fue llevado de nuevo a la Fiscalía, el 4 de noviembre de 2015. Allí reveló información al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que permitió el hallazgo de una caleta con 80 armas de fuego en zona rural del corregimiento de Santa Elena.
El 13 de noviembre “Barny” retornó a la Fiscalía. En esa ocasión se presentó también John Arley Londoño Patiño, alias “La Pecosa”. Contra él existía una orden de captura del Gaula por extorsión y su entrega se produjo para evidenciar la buena voluntad de colaboración con la Justicia que tenían sus jefes de “La Oficina”.
La primera pista de por qué Villegas Restrepo termina luego en un cara a cara con “Barny” está en los registros de la reunión que el capo tuvo en la Fiscalía con la directora de la Unidad de Vida, el 16 de diciembre de 2015.
Entre los asistentes a esa reunión estuvo Arnulfo de Jesús Serna Giraldo. Este abogado ha sido juez, magistrado auxiliar, fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, director de la Unidad de Reacción Inmediata del CTI y secretario de Seguridad (e) en el gobierno de Aníbal Gaviria Correa.
Para la fecha indicada, Serna Giraldo se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Seguridad y como tal le interesaba uno de los temas sobre los que “Barny” entregó información: las extorsiones del centro de la ciudad y los presuntamente equivocados mapas delincuenciales que tenía el Gaula.
El gobierno de Aníbal Gaviria terminó el 31 de diciembre de 2015. El 1 de enero de 2016 se inició el mandato de Federico Gutiérrez Zuluaga, quien nombró y posesionó como secretario de Seguridad a Gustavo Alberto Villegas Restrepo.
Arnulfo Serna Giraldo (quien no respondió las inquietudes que le formuló este diario) continuó con sus labores de asesor de dicha secretaría y en calidad de tal estuvo en esa segunda reunión con alias “Barny” en la Fiscalía, esta vez en compañía de Villegas. La abogada del capo, la directora de la Unidad de Vida y un investigador del CTI completaban la lista de asistentes al encuentro.
Tal como lo reveló EL COLOMBIANO el pasado 10 de julio de 2017, las “negociaciones con miras a beneficios jurídicos con miembros de la organización “Oficina de Envigado”, como “Barny”, “Pichi” y “Peluco”, fueron frenadas el 16 de febrero de 2016 por el director seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo.
Fuentes el ente acusador expresaron que, desde entonces, los fiscales quedaron maniatados y temerosos para seguir adelantando procesos de negociación como estos. La orden que recibieron fue perentoria. El 19 de abril de 2016, José Fernando Perdomo Torres, fiscal General (e) de la Nación, firmó la Resolución 0002, cuyo asunto es el “sometimiento organizaciones criminales”.
La línea es clara: cuando organizaciones criminales de cualquier tipo decidan realizar acercamientos con la Fiscalía, para convenir su sometimiento a la Justicia, “los únicos funcionarios autorizados para estudiar y tramitar al interior de la entidad las solicitudes que se eleven en tal sentido son exclusivamente: respecto de las organizaciones tipo A y B, el Director de Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, y en relación con las de tipo C, el Director Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana. En todos los casos, dichos servidores se acompañarán y asesorarán del Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)”.
Así las cosas, añade la circular, “cualquier solicitud de sometimiento de una organización criminal, presentada de forma verbal o escrita, deberá ser reconducida a los funcionarios arriba mencionados”.
Vale anotar que, según la Fiscalía, las organizaciones tipo A son las que tienen presencia simultánea en más de un departamento, como el “Clan del Golfo”, “Los Puntilleros” y “Los Pelusos”. Las de tipo B son las que tienen presencia simultánea en más de un municipio, como “Los Rastrojos”, “La Constru” y las odín de Medellín. Y las tipo C, tienen presencia simultánea en una o más comunas, por vía de ejemplo, “La Libertad” y “Los Mondongueros”.
El papel de Villegas
Abortadas las negociaciones de los tres capos de “La Oficina” con la Fiscalía, en la Alcaldía de Medellín, y concretamente en la Secretaría de Seguridad, se abrió un espacio para buscar el sometimiento a la ley de dicha estructura criminal.
El sustento legal fue el Decreto 1175 de 2016, según lo dijo a este diario el abogado Michel Pineda, el 3 de noviembre de 2016. Bajo ese amparo -que establece la figura de los “gestores de paz”- se entregaron en la Secretaría de Seguridad y en diferentes sedes de la Fiscalía las siguientes personas que tenían cuentas pendientes con las autoridades:
28 de julio de 2016: John Montoya, alias “Puto”, del combo Altavista.
28 de septiembre de 2016: Juan Carlos Bedoya Duque, alias “El Cabezón”, cabecilla de La Terraza.
12 de octubre de 2016: Elkin Fernando Arroyave, alias “Vikingo”, Víctor Alfonso Pérez, alias “Víctor”, y Jairo Alonso Gallego, alias “Gallego”, todos cabecillas de La Terraza.
26 de octubre de 2016: John Freddy Galvis Buitrago, alias “Chómpiras”, cabecilla de la banda La Libertad.
1 de noviembre de 2016: en diferentes fiscalías, se entregaron Carlos Alberto Mazo Cortés, alias “Caliche”, del combo 13 de noviembre, y Alexander de Jesús Molina Londoño, alias “Buche”, de la banda El Guayabo.
8 de febrero de 2017: José Alejandro Álvarez Serna, alias “Tocineta”, de “La Terraza”.
Adicionalmente, desde la Secretaría de Seguridad se promovió la elaboración de un borrador de proyecto de ley para el sometimiento y acogimiento de las estructuras criminales.
El resto de la historia ya es conocido. La Fiscalía sostiene que Gustavo Villegas Restrepo no estaba autorizado por el Gobierno Nacional para realizar negociaciones con “La Oficina”; que tenía un fin loable al buscar su sometimiento y acogimiento, pero que el mismo presuntamente se desvirtuó al buscar fines políticos, una presunta aspiración a la Alcaldía de Medellín, y patrimoniales, al presuntamente lograr que no extorsionaran a una empresa distribuidora de alimentos de su familia.
Personas que conocieron todas estas negociaciones, consideran que el “pecado” de Villegas habría sido propiciar esas entregas de delincuentes en la Secretaría de Seguridad, quitándole un protagonismo a la Fiscalía. De esa manera las fuentes sembraron la teoría de los “celos institucionales” como uno de los telones de fondo de las acusaciones que hoy tienen al exsecretario de Seguridad en detención preventiva en la cárcel de Yarumito .
1
de enero de 2016, Gustavo Villegas se posesionó como Secretario de Seguridad.
12
de enero de 2016, Villegas se reunió en la Fiscalía con alias “Barny”.
