Medellín tiene varias cicatrices. Una grande, sobresaliente y dolorosa, que no puede cerrase por completo: La Escombrera de la comuna 13. Allí yacen los cuerpos de quienes fueron asesinados por milicianos o por paramilitares, que se enfrentaban por el control de la zona, principalmente, entre 2002 y 2003.
El mismo Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, comandante del bloque Cacique Nutibara (quienes tenían el poder de la zona), declaró en que La Escombrera tenía alrededor de 100 fosas comunes.
Durante más de una década, familiares de los desaparecidos le han reclamado a la administración municipal y al Gobierno Nacional su derecho a saber la verdad: a exhumar los cuerpos de sus seres queridos. Sin embargo, La Escombrera, que siempre ha sido la montaña artificial de desechos de empresas privadas, entierra todavía más los cadáveres a medida que pasan los días.
Rostros del conflicto
Luz Ángela Velásquez perdió a su esposo Carlos Mario Pérez el 18 de noviembre de 2002. Convivió con él 19 años. “Ese día le serví el desayuno y luego salí a trabajar a las 6:30 a.m., él salió después para su trabajo y nunca lo volví a ver”, recuerda.
Algunos vecinos que presenciaron los hechos cuentan que tres hombres entraron a la fuerza en el carro de Carlos y lo obligaron a seguir manejando. Unos días después, su vehículo apareció, con signos de violencia, en una carretera entre los barrios San Javier y Antonio Nariño, muy cerca de La Escombrera. Desde allí, para la Twittercrónica, Luz Ángela afirmó que está convencida de que el cuerpo de su esposo se encuentra ahí y lucha para que los escombros sean removidos.
En el caso de Blanca Nidia Pérez, fue su hermano, José Robeiro, el que desapareció el 5 de febrero de 2003. El hombre, de 35 años, era conocido cariñosamente entre los habitantes del barrio 20 de Julio con el apodo de “Pechuga”, y se ganaba la vida vendiendo diversos productos: “más que todo chécheres para los niños”, relata.
Según algunos testigos, el día de su desaparición, mientras él trabajaba en la calle, lo tomaron a la fuerza cuatro hombres y lo montaron en una camioneta. Vecinos afirman haber visto este carro subiendo por La Escombrera, aunque aún no hay pruebas.
“Mi hermano vivía con mi papá, quien aún espera poder encontrar el cuerpo para tener algo de paz”, dice Blanca Nidia.
Aunque los asesinatos y las desapariciones en la Comuna 13 se concentran en mayor cantidad entre las operaciones militares de 2002 y la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en 2003, La Escombrera siguió siendo utilizada por los criminales para deshacerse de los cuerpos.
El 12 de diciembre de 2008, Luz Elena Galeano vivió horas de angustia, cuando Luis Javier Laverde, su esposo, no regresó a la casa después de la jornada laboral. “La última llamada que recibí de él fue a las 7:30 p.m., me dijo que ya iba en el colectivo, que estaba cerca y que por favor le calentara la comida que tenía hambre. Pasaron las horas y nunca llegó”.
Más adelante, algunos testigos relataron que a Luis lo bajaron del bus algunos hombres en la Avenida San Juan con la 80. Luz Elena cree que está en La Escombrera porque conoce casos parecidos en los que sí hay testigos del traslado de los cuerpos hasta allí.
(Vea aquí: Galería de fotos de “La Escombrera”)
Polvo y olvido
Ellas tres pertenecen al grupo Mujeres Caminando Por la Verdad, quienes se asociaron con la Fundación Madre Laura para abogar por la exhumación de estos cadáveres.
“Se siente impotencia, rabia y tristeza al saber que estamos pisando a nuestros propios muertos y, más aún, que los agentes estatales no han hecho nada para ayudarnos”, dice Luz Elena Galeano.
El tema ha revivido varias veces durante una década, pero las familias nunca han visto un avance tangible.
Sin embargo, Jorge Mejía Martínez, Consejero para la Convivencia, Reconciliación y la Vida de la Alcaldía de Medellín, asegura que hay un proceso en camino: “La Fiscalía nos entregó tres puntos, señalados por los actores armados de este conflicto, que fueron sometidos a un estudio que detectó 24 mil metros cúbicos que deben ser removidos”.
Tiene cuatro componentes: exhumación, atención psicosocial, memoria e identificación de restos humanos.
Mejía asegura que empezarán en junio de este año, independientemente de que si el Estado se vincule. Las víctimas, se muestras escépticas.
“Sinceramente me da tristeza que tengamos que rogar por lo que es nuestro derecho a la verdad y a la justicia”, dice Luz Elena.
