La paciente investigación de la Fiscalía y la Policía contra una célula de sicarios de Medellín, sigue revelando la estela de múltiples asesinatos por contrato perpetrados en varias ciudades del país.
La organización, conocida por las autoridades como “la Oficina de Laureles”, recibió un nuevo golpe esta semana, con la captura de siete presuntos contratistas e integrantes, involucrados en por lo menos cuatro homicidios, según el informe preliminar del caso.
Este grupo delictivo trabaja para el mejor postor, cobrando entre $20 y $100 millones por cada ejecución, que usualmente realizaban con armas de fuego y en motocicletas. Además de esto administran plazas de vicio y corredores para la extorsión al comercio y las rutas de buses en los barrios Lorena y Laureles, del occidente de Medellín.
Según el expediente, una de las víctimas fue el comerciante Carlos Andrés González Gómez, acribillado el 6 de abril de 2018 en el barrio Conquistadores. El difunto de 32 años era investigado por su presunta participación en el robo de una caleta de $20.000 millones a la organización narcotraficante Clan del Golfo, perpetrado seis meses antes en un apartamento de El Poblado. Al parecer la banda afectada contrató a los mercenarios de esta célula ilegal para que cobraran venganza por el hecho.
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La lista de muertos incluye al abogado Leonardo Antonio Ballesteros Rodríguez, tiroteado en un establecimiento comercial cercano al Parque Lleras de Medellín, el 9 de septiembre de 2017. El litigante de 40 años representaba en los estrados a víctimas del conflicto armado y, aunque tenía escoltas asignados de la UNP, ese día estaba desprotegido.
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Otros dos homicidios involucraron a dos empresarios del fútbol en la Costa Atlántica. El primero fue Wilfred David Carrascal Oliver, de 54 años, abaleado el 10 de octubre de 2017 en la ciudad de Montería.
Los registros de prensa señalan que se dedicaba a instruir jóvenes futbolistas para ofrecerlos a clubes profesionales, además de gerenciar la escuela deportiva Ilusión Naranja. El ataque se produjo cuando estaba en pleno entrenamiento con los niños.
El segundo fue Juan de Dios Perdomo Bonilla, aniquilado delante de su familia en un parqueadero de Barranquilla, hecho en el cual su sobrino de 14 años quedó herido. De acuerdo con las autoridades, solía andar con identificaciones fraudulentas, haciéndose pasar por representante del Consulado de Malta y agente deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, pero en realidad no pertenecía a ninguna de esas instituciones.
Una hipótesis del caso sugiere que participó en un negocio con transferencias de futbolistas en Medellín, en el cual algunos inversionistas se sintieron estafados y contrataron a la célula criminal para cerrar el trato con sangre.
Los implicados
Las investigaciones por esos crímenes derivaron en varios allanamientos este miércoles, por parte de agentes de la Dijín de la Policía, en la comuna de Laureles, el municipio de Itagüí y Valle del Cauca. Lograron arrestar a siete personas, dos de ellos serían presuntos contratistas del Clan del Golfo: Juan David Rodas Rojas (“Richy”) y José Ricardo López Martínez.
Junto a ellos cayeron los supuestos sicarios Marwin Jhonatan Echeverri, Yeison Andrés Arenas y Andrés Felipe Ayala Galeano; al igual que dos sospechosos de coordinar la venta de drogas para la banda en los barrios Lorena y Laureles, llamados Edward Stevan Sandoval y Mateo Vélez Restrepo.
Durante las diligencias, los investigadores incautaron dos pistolas con su respectiva munición, un radio de comunicación y cinco celulares.
Las audiencias de control de garantías terminaron este jueves en el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, donde la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada les imputó cargos por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Todos se declararon inocentes y sus abogados apelaron la decisión del juez, quien les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.
En la primera operación contra esta “oficina”, realizada el 26 de septiembre de 2018, fueron detenidos otros ocho integrantes: el supuesto cabecilla Juan Pablo Henao Correa (“el Mono”); los coordinadores Carlos Esteban Londoño (“el Cabe”), Esteban Urrea Cano (“Muleta”) y Andrés Pérez Orrego (“el Pulpo”); y los sicarios Santiago Lopera Restrepo (“Peludo”), Didier Torres Gómez (“Didier”), Brayan Múnera Rendón (“Múnera”) y Kevin López Mejía (“Kevin”), este último imputado en prisión, pues había sido capturado el día del ataque a Juan Perdomo en Barranquilla.
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El expediente señala que ellos son sospechosos de participar en otros dos homicidios: el de Juan David Rendón Betancur, un diseñador de tatuajes y joyería de 27 años, torturado con un destornillador y arrojado en una vía del barrio El Velódromo (mayo 29 de 2018); y el de una empleada de una óptica, Francy Milena Velásquez Vargas, de 32, abaleada en el barrio Triana de Itagüí (julio 18 de 2018).
Uno de los máximos líderes de la estructura, Víctor Hugo Benítez (“Repelín”), fue arrestado el 14 de abril de 2018 en el distrito de San Miguelito, en Panamá, cuando portaba 200 kilos de cocaína en compañía de un guatemalteco. Es decir, que a la fecha van 16 supuestos miembros de la facción apresados.
Además de los seis homicidios imputados, los investigadores creen que el grupo de mercenarios habría cometido otros diez bajo la modalidad de contrato sicarial en Panamá, Costa Rica, España y Turquía.
