Un traficante de gasolina pidió perdón a la sociedad, luego de participar en una organización dedicada a hurtarle combustible a Ecopetrol y venderlo en estaciones de servicio del Suroeste antioqueño.
Se trata de Jonathan Morales López, quien terminó convirtiéndose en el testigo estrella de la Fiscalía en un sonado caso de robo de hidrocarburos que se descubrió en 2018.
De acuerdo con el expediente conocido por EL COLOMBIANO, el 3 de octubre de ese año la Policía detuvo a Morales en compañía de otros dos hombres, en la estación de servicio Camilocé del municipio de Amagá, justo cuando descargaban de una volqueta 1.200 galones de Acpm y gasolina en cuatro isotanques, de manera irregular.
El trío no tenía guía de transporte ni documento alguno que certificara la legalidad de los insumos que cargaban. Cuando les incautaron los celulares y analizaron su contenido, los investigadores encontraron evidencia sobre una organización criminal dedicada a robarle el combustible a Ecopetrol, para comercializarlo en estaciones de gasolina.
Según la Fiscalía, la banda había instalado una válvula clandestina en el kilómetro 87 del poliducto Medellín – Cartago, justo en el tramo que pasaba por una finca de la vereda Poblanco, en el municipio de Fredonia. En seis oportunidades, entre el 31 de agosto y el 3 de octubre de 2018, extrajeron un total de 7.200 galones de Acpm y gasolina.
En uno de los eventos, extrajeron 1.200 galones de keroseno. Como dicho subproducto de refinería no sirve como carburante para los motores, lo arrojaron al río Poblanco, generando perjuicios al medioambiente.
El combustible que sí servía lo llevaban a la gasolinera de Amagá o a otra de Angelópolis, ambas propiedad de la empresa Loncar S.A., desde las cuales se vendía al mercado minorista.
Viéndose perdido, Morales decidió colaborar con la justicia. Su información fue clave para que la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada judicializara a 11 presuntos miembros de la banda.
De ellos, ya fueron condenados dos cabecillas: John Bayron Arroyave Blandón (“Pelusa”), a seis años y ocho meses de cárcel por concierto para delinquir agravado, apoderamiento de hidrocarburos y tráfico de armas. Y Yeison Muñoz Arango, a siete años de prisión por concierto para delinquir agravado y apoderamiento de hidrocarburos.
Las otras personas, que se declararon inocentes, están en etapa de juicio. Entre ellas figuran Miguel Ángel Carvajal Valencia, socio de Loncar S.A. y propietario de las gasolineras de Amagá y Angelópolis; y dos patrulleros de Policía, Luis Fernando Galeano Doria y Hernán Darío Fernández Posada, acusados de exigir sobornos para dejar trabajar a la banda.
Morales se sometió a un principio de oportunidad con la Fiscalía, el cual, de ser aprobado por el juez, le significaría quedar en libertad por cesación de la persecución penal en su contra.
Como parte de este preacuerdo, manifestó de manera pública su “arrepentimiento por haber participado en actuaciones que afectaron el patrimonio de Ecopetrol”.
En su declaración no solo pidió perdón a la estatal petrolera, sino también a la sociedad y al Estado, y se comprometió a “no volver a participar en actos ilícitos”.
