A ratos se les contempla como monumentos al olvido, otras la prueba del dominio que llegaron a tener en Medellín y otras zonas de Antioquia y el país, los capos de la pesadilla nacional del narcotráfico.
Mucho de su dinero se convirtió en suntuosidades como Las Águilas o La Manuela, en el oriente, y Nápoles, en el Magdalena Medio, que eran las casas campestres preferidas del capo Pablo Escobar. En Medellín se dio el lujo de construir varios edificios, entre ellos el Mónaco, donde montó su residencia.
Ni hablar del sueño de su socio, Rodríguez Gacha, quien adquirió la finca El Pomar, en la loma del Chocho en Envigado, para hacer una mansión que obligara a Escobar a “envidiársela”, andaba en ese sueño cuando fue abatido por la policía.
De ese suntuoso terreno, la historia dice que Dirección Nacional de Estupefacientes se lo entregó en comodato al municipio de Envigado y le puso una cifra ancla, “un regalo, para disfrute de la comunidad, pero luego un alcalde la vendió en $24.000 millones, que para los críticos del negocio, una “baratija”, si se piensa en lo que pudo hacerse allí con gran impacto social. Hoy en El Pomar se levanta uno de los más bellos espacios urbanísticos de particulares en esa zona del sur del Valle de Aburrá.
Los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, tampoco se quedaron atrás en la competencia con suntuosidades al gran capo Escobar. Cuando remaban en el mismo bando de Pablo adquirieron y dieron forma a su propia mansión, también en El Poblado. De esta los rumores, de un pasado de horror en la guerra que los enfrentó al capo, dan cuenta.
A los bienes inmuebles los capos les sumaron obras de arte, colecciones de carros antiguos y de última generación o alta gama; joyas, yates, animales exóticos, burdeles, discotecas y todo lo que el dinero permite.
Nuevos capos
Si bien con la muerte de Escobar la ciudad adquirió un nuevo aire de paz, otros capos y luego otros y otros lo sucedieron hasta llegar hoy a la “dinastía de los “Úsuga”, los mismos que tienen a la ciudad y Antioquia como centros de inversión para ocultar su dinero ilícito, de hecho, en los dos últimos años la Fiscalía, la Policía y demás organismos de seguridad que buscan cortarles el vuelo, les han incautado 353 mil millones de pesos, a través de la figura de Extinción de Dominio.
Las acciones judiciales han recaído en bienes del jefe del clan Úsuga, alias “Otoniel” y sus familiares; la Oficina, la banda de delincuentes Pachelly, grupos de autodefensa, testaferros del desparecido cartel de Medellín y del extinto Rodríguez Gacha “El Mexicano”.
De marzo de 2014 a la fecha, contra el clan Úsuga y su cabecilla, alias “Otoniel”, se han iniciado procesos de extinción de dominio por más de 117 mil millones de pesos representados en fincas, lotes, vehículos de alta gama, parqueaderos y apartamentos en Medellín, Necoclí, Carepa, San Pedro de Urabá, La Ceja, Guarne, Rionegro y las ciudades de Cali y Bogotá, confirmaron voceros de la Fiscalía.
Sin embargo, si se compara con el tesoro de Pablo y otros capos, estas sumas son apenas, la menuda de lo que ha caído en poder del Estado y que incluso se ha despilfarrado, como lo han demostrado distintas investigaciones judiciales, que han terminado con la prisión para quienes han manejado esos bienes.
Hasta obras de arte
Según los abogados defensores a la extinción de dominio es a lo que más le temen los delincuentes, incluso más que a las penas de prisión en Colombia o E.U.
El país ha tenido dos normas de extinción de dominio. La Ley 793, de 2002, en la cual, según estadísticas de la Fiscalía del primer semestre de 2015, hay 1.767 procesos y la Ley 1708, de 2014, que ya cuenta con más de 3.113 casos.
En aplicación de la Ley 793 se declaró la extinción de dominio para los bienes más representativos de los carteles de Medellín y Cali y sus cabecillas, como Pablo Escobar. Con esta ley también fueron embargadas propiedades de las exAuc.
El penalista Jorge Eliécer Bolaños, opinó que la nueva ley de extinción de dominio, la 1708, de 2014, tiene algo importante en el artículo 7, que es la presunción de buena fe que antes no la tenía la Ley 793, de 2002. Pero lo engorroso es que establece términos que son muy cortos, por lo que los procesos no son tan demorados.
Otro asunto difícil para los indiciados es que hasta tanto no se les embarguen los bienes, no pueden tener acceso a la investigación y eso le está ocurriendo con un caso de extinción de dominio que lleva en la actualidad. Manifestó que estos cortos términos y la forma como son notificados los procesados vulneran los derechos de contradicción y el debido proceso ya que en el momento en que la Fiscalía fija definitivamente la pretensión, notifican al investigado personalmente y le dan solo 10 días hábiles para contestar.
“Es delicado, porque en 10 días no hay tiempo de nada, ya que también hay que conseguir un perito financiero que necesita trabajo de campo para complementar las pruebas. Esto tiene altos costos porque el que menos cobra pide 12 millones de pesos”.
El abogado penalista Michel Pineda, explicó que con la aplicación de la nueva ley, luego de la incautación de bienes muebles, estos pasan al Ministerio de Hacienda a una sociedad de economía mixta, llamada Sociedad de Activos Especiales.
Posteriormente, luego de la declaración de la extinción por parte del juez penal, él define si los bienes pasan a órdenes de algunas entidades. En el caso de las incautaciones a miembros de las exautodefensas llegan a la Unidad de Reparación de Víctimas, pero los de casos por narcotráfico y otros delitos, pueden quedar en poder de la Fiscalía, la Policía, el Ejército, así como entidades benéficas o municipales, según el arbitrio del juez.
Dos nuevos jueces
El vicealcalde de Seguridad de Medellín, Luis Fernando Suárez, dijo que en estos momentos hay tres fiscales de extinción de dominio designados para el departamento de Antioquia. Un fiscal depende de la Dirección Seccional de Medellín y tiene hoy 690 casos de Antioquia.
Además hay otros dos fiscales que dependen directamente de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, que son regionales y conocen casos de mayor connotación. Cada uno tiene entre 80 y 90 casos que corresponden a la Regional Noroccidente, que comprende municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó.
Informó que el 29 de octubre salió el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que crea dos cargos de jueces especializados de Extinción de Dominio para Antioquia.
Consultado sobre la importancia de estos jueces, un funcionario de la Fiscalía de Medellín, quien pidió el anonimato, dijo que este año han enfocado su trabajo en la extinción de dominico de inmuebles dedicados al microtráfico y otros delitos como los hurtos y la explotación sexual infantil.
Comentó que esta noticia de dos juzgados de extinción de dominio para Antioquia es excelente, porque van a trabajar directamente con los fiscales y los trámites se diligenciarán aquí en Medellín y no tendrán que dar la vuelta por Bogotá. En cuanto a Ley 1608 dijo que le da facultades al Estado de disponer del bien sin que haya concluido el proceso.
Bienes de Pablo Escobar
De los casos más sonados de extinción de dominio se encuentran las propiedades del narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria.
Una de la propiedades fue el edificio Mónaco, de El Poblado, sur de Medellín.
Según el vicealcalde Suárez, es propiedad de la Policía y se está analizando la ubicación allí de las oficinas del número de emergencias 1,2,3 y una seccional de Inteligencia.
El edificio Dallas, volado el 20 de abril de 1993, en la avenida El Poblado, con la calle 14, también fue decomisado y vendido en subasta pública y hoy allí se construye un hotel.
En el Magdalena Medio, La hacienda Nápoles con un área superior a las tres mil hectáreas, también fue sometida a extinción de dominio y adjudicada al municipio de Puerto Triunfo; al Inpec, que construyó una cárcel de mediana seguridad, y otra franja se la dieron al Departamento.
En la vereda El Uvital, de El Peñol, está la considerada la finca de mayor afecto para escobar, por lo que la bautizó con el nombre de su hija, “Manuela”. El predio esta ocupado hoy por uno de los trabajadores de la finca.
Según la secretaria de Gobierno de la población, Luisa Fernanda Hincapié, aunque se decidió entregarle esta propiedad a El Peñol, está en litigio con este trabajador y por esa inseguridad jurídica el Municipio aún no la puede recibir.
Sobre las fincas de Rionegro, Hernán Darío Vélez, subsecretario de Logística, dijo que desconoce en poder de quién están.
Anotó que del Gobierno recibieron, en 2009, la finca La Morelia, en Llanogrande, y en depósito tienen la Hostería Llanogrande, que eran de otros dueños diferentes a Escobar y aún se le sigue el proceso de extinción.
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establecimientos de Medellín están en proceso de extinción por prostitución infantil.
