El Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Medellín admitió la acción de tutela presentada este miércoles 3 de noviembre por habitantes del morro de Moravia, donde desde la mañana avanzaba un procedimiento de desalojo en cabeza de la Alcaldía de Medellín, con el argumento de que las viviendas se encuentran en zona de alto riesgo.
El mismo Juzgado, como medida provisional, suspendió de manera inmediata el procedimiento de desalojo. La decisión se tomó bajo la consideración de que era necesario y urgente con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población impactada.
La orden se debía acatar en un término menor a 24 horas después de notificados los accionados (la Alcaldía y la Inspección 4B de Policía Urbana de Primera Categoría de Medellín). Sin embargo, hacia las 3:50 de la tarde, la administración municipal informó el cese de la actividad, en cumplimiento de la decisión judicial.
Este procedimiento comenzó en medio de polémicas entre los residentes del sector y los funcionarios de las dependencias de la administración municipal, porque los primeros consideraban que no se adelantó el correspondiente proceso administrativo, que incluyera aspectos como la caracterización de las familias y garantías de reubicación.
Así consta en la acción de tutela, en la que los accionantes indican que se está afectando el derecho a la vida digna, “a pesar de que muchas personas (que habitan allí) se encuentran reconocidas como hijas de Moravia, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas mayores, en situación de pobreza extrema, etc.”.
La Alcaldía de Medellín, que inicialmente estaba concentrada en el desalojo, ante la presión de las personas, estableció brigadas interinstitucionales para que fueran puerta a puerta a caracterizar a los habitantes, quienes aceptaron el procedimiento de forma voluntaria, pero también se opusieron a la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, precisó que el proceso, en el cual 100 construcciones serían derribadas, se tomaría ocho días. Aunque afirmó que habría garantías para los moradores, estos se mostraron más que preocupados.
Varios factores justifican el desalojo. El primero, explicado por Laura Duarte, directora encargada del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), tiene que ver con los precedentes del sector como antiguo basurero de la ciudad. Por esa vocación del suelo, según la funcionaria, hay gases tóxicos, como cianuro y sulfuro de hidrógeno, que hacen que la zona sea de alto riesgo sanitario, ambiental y geológico.
A esto se suma la peregrinación de familias provenientes de la Costa Atlántica, Pacífica, Venezuela y otras subregiones de Antioquia, que han logrado asentarse este año en el lugar. Dicho fenómeno se ha convertido en fortín para la delincuencia, según algunos moradores, pues ha dado pie a la consolidación de actores armados que exigen dinero a cambio de permisos para construir.
Debido a este panorama, Restrepo precisó que desde hace dos meses se trabaja con las agencias del Ministerio Público para garantizar los derechos de las familias en el proceso de evacuación. Este, sin embargo, no es el parte que entregaron algunos líderes de Moravia, como Vanessa Álvarez, quien le dijo a este diario que apenas no sabían del procedimiento y no hay un proceso claro de reubicación.
Durante toda la jornada, reportó la Alcaldía, fueron caracterizadas 184 personas, entre niños, niñas, jóvenes, madres gestantes, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores, a quienes se les presentó la oferta institucional. Adicionalmente, “se desmontaron siete de las diez viviendas de construcción irregular que ya se habían identificado y desocupado” este miércoles.
