Una fotografía de un alcalde que ya falleció reposa sobre el escritorio del despacho municipal de Tarazá. Desde allí, Miguel Ángel Gómez —mandatario que no sobrevivió a la covid-19— pareció gobernar hasta hace poco en cuerpo ajeno, pues uno de sus hijos asumió en su lugar.
El deceso del mandatario fue el viernes 11 de septiembre de 2020 y, desde entonces, ese pueblo del Bajo Cauca está sumido en la inestabilidad, según sus habitantes. Aunque Dawinson Gómez —hijo del difunto— asumió como alcalde por elección popular, su silla en el cuarto piso de la alcaldía está vacía, debido a una medida que ordena su inhabilidad.
Esta fue emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual declaró la nulidad del acto administrativo que ratificó a Dawinson en el cargo, y aunque es la acción más reciente en un proceso que ajustará un año, su desenlace mantiene en vilo a los 26.964 habitantes.
Personajes de esta trama
Al pie de una casona donde opera el directorio Conservador, una comerciante rememora quién era Gómez y cómo su hijo llegó al poder. “Don Miguel era una de las figuras más representativas del liberalismo en el pueblo”, dice la mujer, quien también recuerda que este fue alcalde en 2001-2003 y en 2008-2011, previo a ser elegido para el periodo 2020-2023.
Aunque no hay consenso respecto a su gestión, para ella el trasegar político de Gómez influyó en su heredero. En ello coincide Luis Gabriel Montero, secretario de Gobierno, quien cuenta que Dawinson acompañaba a su padre en sus correrías electorales desde que era niño.
Este, precisamente, es el argumento que ha rondado este proceso desde el 16 de julio de este año, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de la candidatura de Dawinson, por el parentesco con su padre.
La polémica gira en torno al artículo 95 de la Ley 136 de 1994. Este precisa que los vínculos por matrimonio o parentesco con funcionarios que hayan ejercido autoridad política en un municipio durante los 12 meses anteriores son causal de impedimento para ser candidato o designado como alcalde.
“¡Pero nadie prevé una muerte! Don Miguel no pudo influir para que su hijo ganara las elecciones”, alega Montero, quien argumenta que en este caso, debido al fallecimiento de Gómez, se rompe el propósito fijado en dicha ley.
Un pueblo con necesidades
Lo que sí prevén en Tarazá son las falencias. “Hoy, pese a la oscuridad por falta de fluido eléctrico, nos reunimos en la intimidad de la eucaristía”, predica un sacerdote en el templo central del pueblo, mientras cae un aguacero.
La escena es frecuente, afirman tres jóvenes de la localidad. A oscuras, estos exponen que la fragilidad eléctrica es solo una de las afugias que allí padecen, las vías del casco urbano parecen las de una trocha y la baja calidad en el resto de servicios públicos no es un drama menor.
A esto se suman las emergencias por las temporadas invernales y las crecidas del río Tarazá, que en el último mes dejaron más de 11 inundaciones. Y aunque la situación de orden público ha mejorado, según las autoridades, el parte no es tranquilizador: a abril el pueblo registraba 41 homicidios, en un Bajo Cauca que, hasta agosto, alcanzaba un global de 150.
Por esta razón, el campesino Humberto Palacio considera que no es tiempo de rifirrafes políticos, pues estos han llevado a que las problemáticas del pueblo continúen sin resolverse. Con esto se refiere a que tanto el partido de gobierno como la oposición —cuya cabeza visible es Héctor Giraldo Arango, quien también ha sido alcalde y demandó la postulación de Dawinson ante el CNE— se han enfrascado en un pulso político que no cesa. “Ese alboroto no se había visto en este pueblo. ¡Qué cosa tan perjudicial!”, opinó Humberto.
Más reposado, Juan Diego Fernández, concejal de oposición por los conservadores, relata que el equipo de Dawinson era sabedor de la inhabilidad y, pese a ello, avanzó en su propósito por conservar la alcaldía. A diferencia de sus pares de bancada, este alega que el llamado a otras elecciones alargaría el limbo institucional en el cual se encuentra el pueblo.
En eso coincide William Muñoz, un líder comunitario que lleva más de 40 años en la localidad. Este sostiene que otras elecciones no solo afectarían la gobernabilidad, sino que las obras que se ejecutan en Tarazá podrían terminar paralizadas. “Si eso ocurre, el pueblo va a quedar más sacudido que un domingo de ramos. Ni las paredes quedarán en pie”.
Mientras que este proceso despunta por algún lado, en el mismo pedazo de tierra parecen habitar dos pueblos distintos: uno al interior de los cuatro pisos de la alcaldía, donde un gabinete completo lucha por evitar la inhabilidad de su alcalde; y otro, en el exterior, donde además del calor y las carencias, nada parece mejorar.
