Una nueva demanda contra la tasa especial de seguridad que está cobrando la Gobernación de Antioquia fue presentada y recientemente admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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El corporado aduce que si le conceden la medida cautelar que sería fallada en las próximas semanas, es casi seguro que la tasa se cae.
Una nueva demanda contra la tasa especial de seguridad que está cobrando la Gobernación de Antioquia fue presentada y recientemente admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Contra esta contribución ya había cuatro demandas previas, suscritas una por personero de Vegachí, Luis Ángel Hincapié; otra por José Manuel Martín, y otras dos por los diputados Juan David Muñoz (Partido Alianza Verde) y Manuel García (Pacto Histórico). Ellas invocan problemas de ilegalidad, inconsititucionalidad e inconveniencia en el cobro.
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Esta quinta acción legal fue interpuesta por el diputado del Partido Dignidad y Compromiso, Luis Peláez, y a diferencia de las demás alega no solo motivos de inconveniencia e legalidad en el cobro sino vicios jurídicos de forma y de fondo en la expedición de la Ordenanza 50 de diciembre de 2024, que le dio vida a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La demanda pide que se conceda una medida cautelar que plantea la suspensión temporal del cobro mientras que se produce el fallo de fondo que, según Peláez, deberá ser fallada en las próximas semanas y de darse una decisión positiva a su pretensión, prácticamente estaría cantada la caída definitiva la norma.
Entre los argumentos nuevos de la demanda que fue recibida por el Tribunal Administrativo el pasado 7 de mayo, Peláez menciona que en su momento el acta de la ponencia favorable a la tasa, elaborada por el diputado Luis Gabriel Gómez (Centro Democrático), no llevaba la respectiva firma del responsable.
Se da por descontado, de cualquier forma, que el asunto vaya al Consejo de Estado como máxima instancia.
“Si la medida cautelar sale a mi favor, tumbo la tasa porque no habría manera de retroceder frente a esa situación aunque es seguro que ellos apelarán; si ocurre lo contrario, nosotros también haremos lo pertinente”, apuntó Peláez.
La Ordenanza 50 establece que los clientes residenciales del servicio de energía eléctrica de los estratos 4, 5 y 6 deberán pagar 0.0017 UVT (Unidad de Valor Tributario) por cada kilovatio de energía usado, lo que equivale a 84,66 pesos por cada unidad.
Los clientes comerciales deberán pagar 0,0015 UVT por kilovatio, es decir, 74,70 pesos. Los industriales deberán pagar 0,0013 UVT por kilovatio, lo que equivale a 64,74 pesos, y los oficiales deberán destinar para este tributo 0,0012 UVT, que convertido a pesos colombianos son 59,76 pesos.
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Desde la Gobernación de Antioquia señalaron que se espera que para los clientes residenciales, con base en su consumo, el cobro no exceda los 30.000 pesos trimestrales, mientras que para las grandes empresas el cumplir con este tributo no represente más del 6% anual en sus gastos de energía.
Así mismo, hicieron la claridad de que los estratos 1, 2 y 3 de todo el departamento no deberán cumplir con este impuesto, cuyo recaudo, según informó la Gobernación de Antioquia, se hará de manera trimestral, hasta el 31 de diciembre de 2027.
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La idea es invertir el recaudo de este tributo en fortalecimiento logístico para la Policía y el Ejército, como es la tecnología y conectividad, los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empas), la construcción de la cárcel departamental para 1.000 privados de la libertad, mejoras en la infraestructura para la Policía y el Ejército y la intervención de los espacios deportivos para la convivencia ciudadana.