En medio de un periodo de turbulencia nacional y de inestabilidad académica para la Universidad de Antioquia en 2019, este año aparece colmado de desafíos. Y aunque John Jairo Arboleda, su rector, reconoce los retos presupuestales y de regionalización, también hace un balance positivo en diversos aspectos para la entidad.
Varios proyectos de infraestructura en marcha, el mejoramiento de indicadores financieros y el incremento de grupos de investigación clasificados por Colciencias como A1 y A son algunos de los logros que el rector enumera.
Sin embargo, algunas facultades no lograron culminar el segundo semestre de 2019. Asimismo, la Asamblea General de Estudiantes cerró el año en cese de actividades. Aún así, varios proyectos e iniciativas deberán encontrar la luz en medio de la situación de inestabilidad que continúa.
¿Cuál es el balance después de un año turbulento?
“Tenemos una afectación en el calendario y ese tema será objeto de discusión. Por fortuna, estábamos entre semestres cuando inició la movilización nacional y nos afectó menos. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, logramos cerrar un buen año. De acuerdo al presupuesto que recibimos, se proyectaba un déficit de $68.000 millones, y cerramos el 2019 con déficit de $42.000 millones. Recibimos $25.000 millones del Gobierno Nacional como resultado de negociaciones y eso ayudó mucho”.
¿Tuvo resultados la campaña de aislar a la universidad de los hechos de violencia y vandalismo?
“En ese sentido, el balance no puede ser peor. La muerte de un joven es una enorme desgracia. El llamado es a que la universidad sea un campus para el diálogo, para someter las problemáticas a análisis y devolverle soluciones a la sociedad. Y esa es nuestra invitación: no podemos ser solo una imagen espejo de la sociedad. Tenemos que enriquecer esa imagen y devolverla engrandecida a la sociedad”.
¿Qué estrategias se plantean frente a hechos violentos y el robo de equipos universitarios?
“A nosotros, como administradores académicos, no nos corresponde enfrentar grupos ilegales al interior de la universidad. Vamos a seguir trabajando con la comunidad universitaria. Nuestra voz es un llamado a que la universidad sea respetada, no puede ser un espacio de violencias. Tenemos una Unidad de Paz desde donde convocaremos a diferentes actores, incluso excombatientes que han sido cercanos a procesos de reinserción, para poner todos estos temas en discusión y encontrar caminos distintos a la violencia”.
¿Cómo cierra el 2019 en las subregiones antioqueñas?
“Hemos logrado intensificar y diversificar la oferta de los más de 5.000 estudiantes que tenemos en regiones. El tema académico es estable en estas sedes y uno de los logros más importantes en el 2019 fue extender el servicio de alimentación a Urabá, Oriente, Occidente y el Norte. Además, construimos un nuevo bloque para el Bajo Cauca”.
Sobre la deserción estudiantil en las subregiones, ¿qué soluciones se han puesto en camino?
“Es un tema de permanente preocupación y labor. En ese sentido, cada vez vamos a tener más profesores y mayor oferta de cursos de acompañamiento para aquellas asignaturas que expulsan mayor cantidad de estudiantes. Es el caso de cálculo o trigonometría para las ingenierías, por ejemplo. Además, estamos robusteciendo la comunidad académica regional incrementando el número de profesores de planta, con el fin de aumentar las posibilidades de interacción permanente con los estudiantes. Por último, estamos trabajando en reforzar apoyos como auxilios económicos y de alimentación para reducir la deserción por asuntos diferentes a los académicos”.
Otra problemática de las regiones es que pocos jóvenes consiguen superar la prueba de admisión...
“En ese sentido, hay dos soluciones que estamos planteando. Por un lado, el semestre cero: un programa en el que, durante dos meses, escolarizamos con nuestros profesores a esas personas que no lograron un cupo tras el examen de admisión pero que obtuvieron puntajes entre 45 y 49. Eso nos ha representado entre 500 y 800 admitidos más por semestre. Por otro lado, estamos emprendiendo un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación pública básica y media. Acompañados de otras universidades que tienen programas de licenciaturas, utilizamos los más de 800.000 resultados del examen que tenemos y hacemos un análisis específico del desempeño de los jóvenes según la institución que los gradúa. Este diagnóstico nos permite trabajar de la mano con colegios de Medellín y de las regiones y emprender programas de mejoramiento”.
¿Tiene peticiones específicas para el gobernador Aníbal Gaviria?
“Tenemos un gobernador amigo de la universidad, hemos trabajado juntos. Él era gobernador cuando yo era director de regionalización de la universidad, y logramos inaugurar las cinco sedes más recientes, entre ellas, Amalfi, Segovia y Sonsón. En cuanto al proyecto de mejoramiento de la educación básica y media, tenemos su apoyo”.
¿Cuáles son los planes de mejoramiento de la infraestructura y de expansión?
“En ese sentido, hay tres proyectos: la nueva facultad de Salud Pública, que tiene listos el lote, diseños y recursos (valdría $50.000 millones). Solo falta la licitación. También se construirá el cuarto piso del bloque cuatro de Ciudad Universitaria (con un valor aproximado de $6.600 millones). Y, por último, la sede administrativa en la Ciudadela de Robledo, para la que ya se tienen listos los diseños y también los recursos (aproximadamente $16.000 millones). Estamos a la espera de abrir la licitación. Es la primera intervención en edificios nuevos en esa sede”.
En materia administrativa, ¿con qué reto inicia 2020?
“Se ejecutará el proceso de autoevaluación para la reacreditación de alta calidad de nuestra universidad. La última vez fuimos acreditados por 10 años, el máximo tiempo que otorga el Consejo Nacional de Acreditación. Este año nuestra aspiración es obtener el máximo número de años otra vez. Es un reto muy importante.
Además, estamos elaborando dos propuestas importantes. La primera es una política de atención y prevención de violencias sexuales y de género. Es un trabajo que elaboramos no solo para la institución, también para la ciudad. La segunda es una propuesta para estudiantes que realizan ventas informales en la universidad, con el fin de articularlos a la oferta institucional de productos lícitos. En cuanto al comercio de ilícitos, la tarea está en manos de las autoridades” .
50
mil millones de pesos valdría la nueva sede de la Facultad Nacional de Salud Pública.
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