La Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 nació hace 10 años. Desde entonces ha denunciado conflictos de intereses e irregularidades. Víctor Quintero, uno de sus fundadores, cuenta que desde el comienzo les han puesto trancas: administraciones municipales y líderes comunales les han torpedeado el trabajo. Pero nunca, como ahora, se habían sentido tan acorralados.
Por eso, el pasado 10 de febrero, sus cuatro veedores sacaron un comunicado a la opinión pública que, en realidad, parece más bien un mensaje de SOS. “Nos vemos en la penosa obligación de evaluar a profundidad y con cabeza fría las contingencias que se presentan, porque no solo está en riesgo nuestra integridad, trayectoria y logros alcanzados, sino también el mínimo patrimonio de nuestras familias, que en la mayoría de los casos no va más allá de la vivienda familiar”, se lee en el documento.
Pero, ¿cuáles son las contingencias? Quintero señala que de un tiempo para acá, como consecuencia de su control ciudadano, los están “hostigando judicialmente”. Aunque en el comunicado se hace referencia a un “grupo con poder económico y político”, no se mencionan nombres.
El S.O.S de la Veeduría tuvo resonancia. Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, envió su mensaje de apoyo: “Solidaridad con todos los veedores de la comuna 6 en Medellín. Pierde la democracia con ataques a personas que buscan ejercer control social a nuestros recursos públicos”.
Lo propio hizo Luis Fernando Agudelo, director del observatorio Medellín Cómo Vamos, que en sus redes envió su apoyo a la veeduría.
Para conocer más del caso, que reviste una gran preocupación, EL COLOMBIANO habló con la Veeduría. Resulta que el problema tiene dos puntas de lanza: la desidia de la administración municipal y una presunta cooptación del presupuesto participativo de la comuna 6, el Doce de Octubre.
Ojo a la contratación
En el proceso de observación, la Veeduría notó que una entidad estaba cooptando buena parte de la contratación del presupuesto participativo de la comuna. Se trata de Asercomunitaria, propiedad de la familia Castrillón Arboleda. Como lo denunció el concejal Alfredo Ramos en junio de 2021, esta familia, además de tener fichas en el Consejo Municipal de Planeación, es ejecutora de contratos del presupuesto participativo.
Los consejeros son quienes deciden cómo se invierte este presupuesto, que representa el 5% del total de la ciudad, unos $234.000 millones (2021). Alexis Heriberto Castrillón, el “patriarca” de la familia, era consejero de la comuna 6 en el sector del deporte. Una de sus hijas, Ketssy Alexa Castrillón Arboleda, ha sido contratista del Inder para ejecutar, precisamente, convenios relacionados con deporte, el rubro que su padre, como consejero, elige cómo destinar.
Otros miembros de la misma familia han tenido contratos con el Colegio Mayor y Telemedellín. Esa situación la expuso la Veeduría en su programa radial, que se emite cada semana: “Lo que hicimos fue poner eso en la palestra pública. Era una información pública, lo único que hicimos fue comunicarla. A cambio recibimos una tutela, una clara pretensión de callarnos”, cuenta Quintero, de la Veeduría.
En efecto, Alexis Heriberto Castrillón le puso una tutela a la Veeduría, admitida el 8 de noviembre de 2021, alegando que la publicación del observatorio ciudadano le había dañado el buen nombre. El 16 de ese mes, el Juzgado Primero Civil falló a favor del accionante y pidió a la Veeduría retirar la publicación del espacio radial en el que se hacía la denuncia.
Pero la Veeduría, con ayuda de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), impugnó la decisión, a la que consideraron contra su libre expresión. El Juzgado Quinto Civil del Circuito Medellín revocó la decisión del Juzgado Primero. “Eso nos hace sentir más tranquilos, pero sabemos que están preparando una demanda. Es una persecución al control ciudadano”, explica Quintero.
Relaciones rotas
El otro lío que denuncia la Veeduría es el olvido de la administración municipal. En una conversación que quedó grabada, Víctor Quintero le comentó a Juan Pablo Ramírez, entonces secretario de Participación Ciudadana, la situación de contratación en la comuna 6.
De manera airada, Ramírez les respondió que no había ningún delito en ser contratista, a lo que desde la Veeduría le dijeron que sí había un conflicto de intereses.
Después de eso, las relaciones quedaron rotas: “Nunca nos había pasado que no tuviéramos relación alguna con una administración. Si bien las alcaldías pasadas han puesto trabas, esta ha torpedeado mucho más la participación y la veeduría ciudadana. A la alcaldía actual no le gusta el control ciudadano” .
