Desde los 80 han cambiado varios aspectos en el modelo de esta actividad criminal, como la caída de los monopolios y el auge de mercados locales; y otras persisten, como el prohibicionismo y la cultura traqueta. Aquí, un análisis de la evolución del flagelo que no deja en paz al país, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fabio Ochoa, excabecilla del cartel de Medellín, regresó a Colombia en diciembre de 2024. Foto: cortesía.

El excapo Fabio Ochoa volvió a Colombia en diciembre de 2024, luego de pagar 25 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.; mientras que su antiguo socio, Carlos Lehder, volvió en marzo del presente años, tras purgar 33 años por el mismo cargo en aquella nación.

Seguramente se sintieron extraños en unas calles transformadas por la evolución del urbanismo, pero también se dieron que, desde sus tiempos hasta ahora, la droga sigue siendo el principal motor de la mafia. Entonces, ¿qué cambió?

 LOS CAMBIOS

1). Del monopolio a la democracia cocalera
En los 80, los carteles de Medellín y Cali ejercían el monopolio global de la producción y distribución de cocaína. En la práctica, si alguna organización quería participar del mercado, tenía que contar con la bendición de “los Extraditables” o de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o pagarles una suerte de tributo para poder “trabajar”.

Hoy, si bien existen algunas organizaciones que actúan como carteles y dominan ciertos territorios, entre ellas el Clan del Golfo, carecen de la capacidad para ostentar un monopolio. Actualmente hay múltiples grupos participando en la cosecha, producción, transporte y exportación, que trabajan de manera articulada y cada uno se encarga de un eslabón de la cadena del narcotráfico.

El último monopolio que existió en el negocio lo protagonizó la antigua guerrilla de las Farc, que dominaba vastas áreas de cultivos, pero luego de su desmovilización en 2016, el acceso se democratizó, permitieron el surgimiento de múltiples redes de narcos independientes, la proliferación de 19 mafias extranjeras y la apertura de nuevas rutas de distribución.

En la época de Pablo Escobar y “los Extraditables”, la organización participaba en todos los eslabones de la cadena: el patrocinio de los cultivos de coca; su transformación en clorhidrato de cocaína en los laboratorios, como el de Tranquilandia en Caquetá; su transporte, acopio y exportación por vía aérea, marítima y terrestre, e incluso la comercialización en los destinos, como las calles de Florida, Nueva York y Los Ángeles.

Los grupos del siglo XXI, en cambio, operan en redes más complejas, con la participación de múltiples actores, cada uno especializado en un eslabón de la cadena.

Los colombianos ya no se encargan de la distribución final en los países destino, sino que le ceden este trabajo a sus socios; esto le ha dado un mayor protagonismo en el mercado de la cocaína a las mafias de México, Italia, Marruecos, Países Bajos y los Balcanes.

2). Mejor una cárcel en EE.UU. que una tumba en Colombia
En su momento, el lema de “los Extraditables” fue “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, y en él se fundamentó su confrontación terrorista contra el Estado, buscando suprimir la figura de la extradición de las leyes colombianas.

Hoy cambió esta percepción, y es común que los narcos se sometan voluntariamente a la justicia de EE.UU., buscando un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que les genere una sentencia pequeña y la posibilidad de conservar sus fortunas.

“Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”, confesó en un programa de TV Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), exmiembro del cartel del Norte del Valle, quien en 2023 fue detenido a su regreso a Colombia, por seguir en actividades ilegales.

Esto es posible porque también hay una flexibilización de las políticas antidrogas de EE.UU., que permite que la DEA y el Departamento de Justicia busquen negociaciones con los capos. “Esta política fue muy rígida al comienzo, pero ahora EE.UU. ha entendido que es más efectiva una negociación judicial, y los narcos también”, explicó Alejo Vargas, docente y analista de seguridad y defensa.

Entre los narcos que se han entregado a la justicia estadounidense en los últimos años se cuentan los hermanos Javier y Luis Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de “los Rastrojos”; y Carlos Aguilar (“Rogelio”), Mauricio López (“Yiyo”), Carlos Arredondo (“Mateo”) y Fredy Mira (“Fredy Colas”), de “la Oficina”.

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3). Crecimiento de los mercados internos
En los días del cartel de Medellín, la cocaína que se producía era principalmente con fines de exportación, mientras que a los viciosos locales se les ofrecían sus subproductos (perico y basuco), marihuana y LCD; hoy, el mercado interno ha crecido tanto, que los grupos de crimen organizado producen para abastecer plazas de vicio locales, dado que todas las metrópolis colombianas, e incluso en regiones apartadas, hay narcomenudeo de clorhidrato de cocaína.

Como ejemplo, hay dos investigaciones del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC): la primera es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2023), que concluyó que el 31,4% de los delincuentes juveniles del país presentaron adicción a la cocaína durante ese año.

La segunda es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar (2022), que estableció que en Colombia la edad promedio de inicio de consumo es de 13,7 años.

4). Diversificación de las rutas al exterior
En los tiempos de Lehder y compañía, los narcos se abastecían de los cultivos de Bolivia y Perú, y en su trasiego a EE.UU. eran fundamentales las rutas de Centroamérica, las islas antillanas y el mar Caribe.

Hoy las trazados internacionales se diversificaron, explicó Vargas, y los traquetos colombianos abrieron rutas a China, África, Medio Oriente y Oceanía, donde un kilo de cocaína se vende en 200.000 dólares, mientras que en Florida el valor oscila entre US14.000 y US20.000.

La distribución en el Viejo Continente tiene puntos de llegada en los puertos de Amberes (Bélgica), Roterdam (Países Bajos) y la costa mediterránea de España e Italia; de allí se irriga a Europa Central, islas británicas, los Balcanes, la península escandinava y Rusia.

Ecuador y Venezuela cobraron gran importancia como zonas de trasiego y exportación del alcaloide.

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Carlos Lehder, antiguo narco del cartel de Medellín, ya está libre en Colombia. Foto: cortesía de Migración.

LO QUE NO HA CAMBIADO

5). El principal motor de la violencia armada
Tanto en los tiempos del cartel de Medellín como en la actualidad, las millonarias ganancias de la cocaína financian los ejércitos criminales que generan la violencia en el país, en las áreas urbanas y el campo.

El narcoterrorismo sigue, solo que hoy quienes ponen los carrobombas, secuestran y asesinan a los miembros de la Fuerza Pública son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Una diferencia latente es que el cartel de Medellín pretendía doblegar el sistema de justicia del Estado, mientras que en nuestro tiempo los grupos armados buscan someter comunidades y territorios específicos, como el cañón del Micay (Cauca), el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Chocó.

Aunque se diversificaron las rentas ilegales con la minería de oro y la extorsión a casi todas las actividades económicas, el tráfico de cocaína sigue reinando, en parte por la devaluación del peso frente al dólar, que aumentó los ingresos; el crecimiento histórico de los cultivos, hoy tasado en 253.000 hectáreas; el incremento en la capacidad de producción, de 2.600 toneladas métricas anuales de droga de alta pureza; y el aumento del 20% en el consumo mundial en la última década, según la ONU, calculando que 25’255.000 personas han probado la cocaína.

6). Prohibicionismo sigue sin dar resultados
Las atrocidades del cartel de Medellín alimentaron la tesis de la “guerra contra las drogas”, declarada por el Gobierno de Estados Unidos y perpetuada por Colombia. Aunque cada vez le aparecen más detractores a esta política, la verdad es que la comercialización de cocaína sigue siendo ilegal.

“Continúa un régimen de prohibición absurdo en términos de regulación de las drogas, seguimos en la misma guerra contra las drogas, que no ha dado resultados ni en los 80 ni ahora”, opinó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Gustavo Petro, con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha buscado descriminalizar la siembra para proteger al campesinado, y enfocar su lucha en la interdicción de los cargamentos de cocaína, pero esto ha fomentado un crecimiento nunca antes visto de las cosechas y las importaciones, favoreciendo en últimas a los narcotraficantes.

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7). La anticultura traqueta sigue vigente
En los días de Lehder y Fabio Ochoa se forjaron unos antivalores que se enquistaron en la cultura colombiana, especialmente en la juventud, los cuales hoy persisten: ver una opción de vida en la ilegalidad, el deseo de obtener poder por medio de la violencia y el anhelo de acumular riqueza cueste lo que cueste.

Esta tendencia sigue impactando los proyectos de vida de miles de jóvenes, que cada mes ingresan a las bandas y grupos terroristas por su propia voluntad.

La televisión, el narcoturismo y el comercio de artículos alusivos al cartel de Medellín terminaron por instalar ese modo de ver el mundo en la mente de extranjeros y jóvenes. “Esos usos que impuso el cartel en su momento dejaron rezagos en la cultura paisa que siguen vigentes, eso hay que reconocerlo”, contó preciado.

¿Y qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Los leo.

El Inspector. 

Lehder, de 75 años de edad, hizo parte del cartel de Medellín en los años 80, una organización responsable de asesinatos selectivos, secuestros, masacres, carrobombas, magnicidios, corrupción y toda suerte de delitos, pero no pagará por sus penas en esta nación. ¿Por qué? Esta es la respuesta a esa pregunta, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Enrique Lehder Rivas pagó 33 años de cárcel en Estados Unidos y ya está libre en Colombia. Foto cortesía de Policía.

El 28 de marzo de 2025 el cofundador del cartel de Medellín fue detenido por la Policía a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con rimbombancia, la institución anunció que lo trasladaría a los calabozos de la Dijín, a verificar su situación judicial.

En las bases de datos aparecía que Lehder fue condenado el 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, que lo halló responsable por los delitos de tenencia y conservación ilegal de estupefacientes, armas de fuego y municiones de uso civil y privativo de las fuerzas armadas.

La pena fue de 24 años de cárcel y una multa de $1’250.000, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Nacional el 5 de agosto de 1996.

En ese momento, Lehder estaba preso en una celda de Estados Unidos, adonde había sido extraditado en 1987 bajo cargos de narcotráfico.

Recuperó la libertad en 2020 y fue repatriado a Alemania, en un movimiento jurídico en el que primó su nacionalidad germana, heredada de su padre. Estuvo allá hasta marzo del presente año, cuando decidió volver al país que atormentó en los 80; sin embargo, una alerta de pasaporte en el software de Migración le provocó la posterior captura.

En su argumentación sobre el caso, el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, en cuyo estrado fue presentado, explicó que la sentencia que lo afectaba ya prescribió, razón por la cual se decretó su libertad.

“Dado que Lehder fue condenado a 24 años de prisión, es claro que la prescripción de la sanción penal será de 24 años, según lo contemplado en el artículo 89 del estatuto punitivo. Así las cosas, desde el 30 de agosto de 1999, data de ejecutoria de la sentencia a hoy, han transcurrido 25 años, 7 meses y 1 día, lo que permitiría concluir que ha pasado el tiempo requerido para que opere la prescripción de la sanción penal”, expuso la juez Martha Delgado Molina en su auto interlocutorio.

El excapo salió libre en la mañana del 31 de marzo pasado, con una sonrisa en su rostro envejecido y diciendo ante la prensa “¡Viva Colombia!”. Lo acompañaba su abogada Sondra Macollins.

“Lehder recupera su libertad porque su pena estaba prescrita y porque tenía derecho a seguir siendo un hombre libre. Doy gracias a Dios porque en Colombia todavía tenemos institucionalidad, y aunque nos parezca un poco impopular la decisión, triunfó la Constitución y la ley”, recalcó la defensora, quien en sus redes sociales se presenta como “la abogada de hierro”.

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¿UN DESCUIDO DEL ESTADO?
En su decisión, la juez Delgado enfatizó en que el Gobierno de Colombia pudo haber solicitado a las autoridades de Estados Unidos o de Alemania que deportaran a Lehder antes de que la sentencia perdiera validez, pero que no lo hizo por un aparente “descuido”.

“(…) También es cierto que por descuido no se realizó de manera oportuna el trámite correspondiente de solicitud ante el Estado que lo tenía preso, para que lo dejara a disposición de estas diligencias para el cumplimiento de la pena, sino que se permitió salir en libertad y se obró en el entendido que el penado no estaba retenido”, acotó la togada.

Esto implica que durante los 33 años que Lehder duró preso en EE. UU., las autoridades colombianas no le notificaron a la Casa Blanca la sentencia en nuestro país, para que una vez saliera, lo deportaran de inmediato a Bogotá; tampoco lo hicieron ante las autoridades alemanas, en cuyo suelo estuvo desde 2020.

Para estas notificaciones, indicaron fuentes judiciales, hay múltiples mecanismos: peticiones de Cancillería, solicitudes de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Fiscalía, circulares de Interpol y tratados binacionales, ninguno de los cuales se aplicó.

La responsabilidad del aparente descuido recae en las decenas de funcionarios que han dirigido la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía desde 1995 hasta 2023, cuando todavía estaba activa la sentencia.

¿Y ahora qué sigue para Lehder? Las fuentes jurídicas consultadas por El Colombiano, con reserva de identidad, manifestaron que el cartel de Medellín está involucrado en muchos delitos que no han prescrito, como los magnicidios y asesinatos de policías y servidores de la Rama Judicial. “Esos expedientes se pueden reabrir con un interrogatorio a Lehder, quien a diferencia de otros miembros del grupo, como ‘Popeye’, nunca cooperó con la justicia colombiana”, indicaron.

El político Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), señaló que “Ledher es corresponsable de los crímenes del cartel de Medellín. En particular, los cometidos antes de su extradición: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad dentro del exterminio del Nuevo Liberalismo. En EE. UU. pagó una condena por narcotráfico, pero no ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en Colombia”.

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El Inspector.

El astro del fútbol colombiano terminó extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos, compartiendo la deshonra con otros ídolos salpicados por los negocios del hampa.

La penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano se detectó en los años 80. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

Esta historia es narrada por El Inspector en la segunda temporada del pódcast Revelaciones del Bajo Mundo, titulado: “Los futbolistas convocados por la mafia colombiana”.

El episodio explica la forma en que la mafia ha penetrado los equipos más famosos del país, cobrando las vidas y reputaciones de varias estrellas que se dejaron envolver por el torbellino de la cocaína.

La crónica sonora rememora el asesinato de un árbitro, que obligó a cancelar el torneo profesional; las capturas por posesión de drogas de algunos jugadores de la Selección Colombia; y las muertes de otros “cracks” que quedaron atrapados en las disputas de poderosos carteles.

NOTA RELACIONADA: La guerra entre el cartel de Medellín y “los Pepes”, en el podcast de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escucha todos los episodios en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano y Q’Hubo Medellín, y en la playlist que encuentras aquí en el blog.

Jhon Viáfara fue extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos. Foto cortesía de la Policía,

A continuación, puedes darle click a los siguientes enlaces para disfrutar cada episodio de la segunda temporada:

Capítulo 1: “La Barbada”: Crímenes de una bruja sangrienta.

Capítulo 2: El extranjero que silenció la música de Valentina.

Capítulo 3: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 1].

Capítulo 4: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 2].

Capítulo 5: Los futbolistas convocados por la mafia colombiana.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que combina el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas. La primera temporada del pódcast se lanzó en septiembre de 2022 y la segunda comenzó en agosto de 2023. ¡No se la pierdan!

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El Inspector.

Su disputa dejó miles de muertos, en medio de bombas, masacres y torturas que inundaron las morgues de la metrópoli.

Esta historia es el eje de los capítulos 3 y 4 del pódcast de Revelaciones del Bajo Mundo, que ya están disponibles para todas las audiencias.

Pablo Escobar fue el primer capo del crimen organizado que delinquió en Medellín. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

Con información de expedientes e invitados especiales, reconstruiré aquella época de horror y los crímenes que, 30 años después, siguen en la absoluta impunidad.

La historia estará dividida en dos partes. En la primera, conoceremos los inicios de la disputa y quiénes se asociaron para enfrentar al capo de capos; en la segunda, el desenlace de una confrontación que involucró agentes del Estado y un extraño silencio judicial.

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También escucharemos el relato de un veterano periodista que estuvo en el lugar de los hechos, aquel día en que el Bloque de Búsqueda eliminó a Escobar, y sus peripecias para poder transmitir la noticia más importante en la historia de la lucha contra el narcotráfico.

Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano, Q’Hubo Medellín y en la playlist del blog.

Con la muerte de Pablo Escobar, el nuevo jefe de la mafia de Medellín fue “don Berna”, un integrante de “los Pepes”. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

A continuación, pueden darle clic a los siguientes enlaces para disfrutar cada episodio de la segunda temporada:

Capítulo 1: “La Barbada”: Crímenes de una bruja sangrienta.

Capítulo 2: El extranjero que silenció la música de Valentina.

Capítulo 3: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 1].

Capítulo 4:  Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 2].

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El Inspector.

Luego se encendió el motor de la avioneta de la Policía, en la mañana del lunes 28 de mayo, y partió con el exsicario de Pablo Escobar desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín hacia la ciudad de Valledupar, donde de nuevo una cárcel se convirtió en su lugar de acogida.

La cárcel de Valledupar es el nuevo hogar de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”. Foto cortesía de la Policía.

En contra del exconvicto, capturado el pasado 25 de mayo, hay dos procesos penales en la actualidad. El primero, por cargos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, se relaciona con el cobro de deudas del narcotráfico, en los cuales “Popeye” estaría involucrado.

Según la Fiscalía, este hombre y algunos compinches venían haciendo los cobros desde 2016, en particular a una familia de Medellín, a la cual le exigían 55.000 dólares. En la audiencia de control de garantías, el ente acusador informó que debido a la presión ejercida, una de las víctimas les alcanzó a entregar un automóvil Chevrolet Aveo tasado en 33’500.000 pesos.

El expediente precisa que Velásquez tendría negocios con dos miembros de la banda “la Terraza”: alias “Taborda”, hermano del cabecilla encarcelado Juan Pablo Taborda (“Yordi”); y “Chuta”, quien coordina el tráfico de marihuana en Aranjuez. Con esos personajes, entre otros, percibiría rentas ilegales adquiridas en los barrios Enciso, Buenos Aires, El Salvador y Belén (ver la NOTA RELACIONADA: El espionaje policiaco destapó la trampa de “Yordi”).

El otro proceso penal se deriva de unas amenazas que profirió desde su cuenta de Twitter, el pasado 20 de mayo, en contra del candidato presidencial Gustavo Petro y sus seguidores. Por este caso, le imputaron cargos por hostigamiento agravado, amenazas, instigación a delinquir agravada y  destrucción de elementos probatorios (por haber borrado el mensaje de su red social).

“Popeye” se declaró inocente en las dos audiencias. Le dictaron medida de aseguramiento y lo enviaron a la cárcel de Valledupar, donde esperará la citación al juicio.

LAS MISMAS MALAS AMISTADES

Cuando “Popeye” estuvo en la cárcel de Cómbita (Boyacá), se forjó una amistad con Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, quien hasta 2013 fue el máximo jefe de la organización mafiosa “la Oficina” (ver la NOTA RELACIONADA: Jefe de “la Oficina” pagará 25 años en E.U.).

Según se ha ventilado en procesos judiciales, Velásquez lo “conquistó” con varios actos de lambonería: asegurarle comodidades en la celda, gestionarle la protección en la penitenciaría y ayudarle a conservar su estatus de capo entre los demás presos.

Como recompensa, antes de ser extraditado en 2013, “Sebastián” ordenó a las bandas bajo el mando de “la Oficina” que le respetaran la vida a Velásquez, quien regresó a la libertad condicional al año siguiente.

“Popeye” estuvo 23 años y tres meses tras las reglas, por las atrocidades cometidas cuando perteneció al cartel de Medellín. Al volver a la calle, encontró una sociedad en la que la mitad lo rechazaba y la mitad lo aclamaba. En pleno auge de las narconovelas, el personaje logró capitalizar su imagen, en especial entre los jóvenes que no padecieron los horrores del narcoterrorismo de los 80 y los 90.

Se autodenominó “el General de la Mafia” y se aprovechó de las redes sociales para despotricar a diestra y siniestra y enriquecerse con el mito de Pablo Escobar. Creó la Popetienda para vender por internet prendas, libros y afiches, y la cuerda le alcanzó para autoproclamarse “defensor de derechos humanos”.

Por insólita que parezca la ironía, los seguidores en youtube, twitter e instagram lo graduaron de “divo” y llegó a participar en dos películas de sicarios y mafiosos.

Y por muy execrable que fuera la situación, el punto es que, a diferencia de otras personas que salen de las cárceles, “Popeye” tuvo una segunda oportunidad sobre la tierra. El destino le ofreció el chance de dedicarse a otras cosas, distintas de halar el gatillo y conspirar para el terrorismo.

A pesar de esto, no abandonó sus antiguas mañas. Los investigadores que le seguían la pista a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el sucesor de “Sebastián” en “la Oficina”, empezaron a enterarse de reuniones entre él y el esbirro de Escobar.

La relación entre ambos quedó confirmada el 9 de diciembre de 2017, cuando “Popeye” estaba presente en la fiesta de cumpleaños de “Tom”, en el momento en que la Policía allanó la cabaña y lo capturó en el municipio de El Peñol (ver la NOTA RELACIONADA: “Tom” no aguantó la cacería de dos gobiernos).

La Fiscalía cree que “Popeye” tenía montada una oficina de cobros sicariales en compañía de miembros de “la Oficina”. Las víctimas eran antiguos testaferros y narcos del Cartel de Medellín, a los que Velásquez conocía desde los 90 y a quienes les exigía el dinero de su patrón Escobar con intereses.

Una de la familias intimidadas fue la del narcotraficante Jairo Mejía, alias “JM”, quien perteneció al cartel y lo mataron en 1991, en Cartagena. Uno de sus hijos fue asesinado en 2015 en el municipio de La Estrella, situación que es materia de investigación (ver la NOTA RELACIONADA: Mercenarios de alto perfil reaparecieron en La Estrella).

“Popeye” duró 44 meses en libertad condicional. De acuerdo con las pesquisas judiciales, pudo más el peso de su pasado criminal, que la intención de forjarse un nuevo camino en la farándula. Su caso es el ejemplo de que la política de resocialización carcelaria en Colombia es un fracaso.

El Inspector.

El crimen sucedió a las 11:45 a.m. de este sábado 22 de abril y la víctima fue José Antonio Ocampo Obando, conocido como “Pelusa”.

En este lugar sucedió el homicidio del ganadero José Campo Obando. Foto de Google Maps.

En su informe preliminar de los hechos, la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín indicó que Ocampo llegó en su camioneta a una estación de gasolina Esso de la vía Las Palmas, que solía frecuentar, a la altura del barrio Asomadera N°2.

El anciano descendió del vehículo, mientras un empleado tanqueaba el vehículo y le revisaba el aceite. En ese momento se aproximó un joven, cubriendo su rostro con un casco, y le disparó dos veces en la cabeza.

El asesino abordó una motocicleta Auteco Pulsar NS200  amarilla y huyó de la escena. La víctima, nacida en Tuluá (Valle), falleció en el lugar, ante el desconcierto de los presentes.

Una de las primeras referencias públicas que hubo sobre José Ocampo apareció en el libro Los Jinetes de la Cocaína, publicado por Fabio Castillo en la década del 90. En sus páginas, mencionó que “Pelusa” era un hombre cercano al capo Pablo Escobar Gaviria y su primo Gustavo Gaviria, cabecillas del Cartel de Medellín.

Aunque se inició en la vida laboral como taxista, llegó a convertirse en un importante empresario en los años 80, invirtiendo en la compra de tierras en Urabá y Córdoba, cabezas de ganado y en la conformación de compañías del sector agroindustrial. Fue propietario de la discoteca Kevin’s, en Medellín, famosa en aquella época por traer a varios de los artistas más reconocidos del momento.

En 1989 las autoridades ocuparon algunos de esos bienes y detuvieron a Ocampo, en el marco de un proceso por lavado de activos, pero los jueces de Instrucción Criminal lo dejaron en libertad al poco tiempo, por falta de pruebas contundentes.

En 2007, según un reportaje del diario El Espectador, la Fiscalía volvió a reseñar sus bienes, esta vez relacionándolos con las finanzas ilegales de Daniel Rendón Herrera (“don Mario”) y la banda “los Urabeños”. Su defensa logró demostrar en el estrado que no existían tales nexos, y en 2009 las autoridades cesaron el proceso y le devolvieron las propiedades.

En la base de datos de la Fiscalía, aparece vinculado como indiciado (sospechoso) en un caso de violencia intrafamiliar del 31 de enero de 2014; y también como víctima de invasión de tierras, hecho que denunció el pasado 11 de marzo.

En el presente, “Pelusa” era accionista de dos establecimientos de entretenimiento muy populares en El Poblado: la discoteca Capitol y el bar de estriptis La Isla. También era un reconocido ganadero en Antioquia y Córdoba, con fincas en Necoclí y San Antero, pese a que sus familiares manifestaron a la Policía que tenía deudas millonarias.

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El Inspector.

Muchos horrores de aquella época han quedado en la impunidad. Uno de ellos son los crímenes de “los Pepes”, una organización enemiga de Escobar, que desangró a la ciudad a punta de bombas, secuestros y sicariatos, en su carrera vengadora contra el capo. Solo un hombre fue condenado por esos hechos, y está muerto. Esta es la historia, reconstruida por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la finca La Manuela, en el municipio de El Peñol, luego de que "los Pepes" la dinamitaran en 1993. Pablo Escobar la había llamado así en honor a su hija menor. Archivo El Colombiano.

El primero de marzo de 1993 un comando de mercenarios con prendas de la Fuerza Pública ingresó de madrugada a la urbanización Villa Jardín, de El Poblado, y secuestró al constructor Luis Guillermo Londoño White.

Su cadáver magullado apareció, horas más tarde, en un paraje del barrio Loreto, con un letrero que decía: “Servil testaferro iniciador de secuestros al servicio de Pablo Escobar”, firmado por “los Pepes”.

Tres días después, otro grupo armado que vestía atuendos del DAS torturó y asesinó al abogado Raúl Jairo Zapata Vergara. El cuerpo fue hallado en el sector La curva del Diablo, de Moravia, con un cartel que pregonaba: “Por inescrupuloso defensor del cartel, abogado de Escobar, Santiago Uribe (jurista), Salomón Lozano Cifuentes, Gilberto Gómez, Luis Ángel y Claudia de la Procuraduría”, signado por el mismo grupo.

Con una serie de atrocidades similares, se dio a conocer ese año un clan de vengadores, autoproclamado “Perseguidos por Pablo Escobar”, que firmaba sus acciones con la rúbrica de “los Pepes”. Su objetivo era aniquilar todo aquello que guardara una relación, así fuera por mera sospecha, con el patrón del cartel de Medellín.

En una sentencia de radicado 766F-10.676 (del año 1997), un juez regional sin rostro definió así los alcances de la cofradía: “Al desatar la guerra interna, algunas víctimas deciden su entrega a las autoridades en procura de protección estatal, y a cambio suministran información para ubicar a integrantes de la terrorista agremiación, iniciándose así la desarticulación del cartel”.

Y prosigue: “Pero otros que habían sobrevivido al exterminio de los Moncada y los Galeano, pusieron en marcha su plan de venganza para la ejecución del jefe del cartel y sus esbirros, amparados por un aparato terrorista tan o más sanguinario que aquel que el cartel había estructurado, acuñado bajo el rótulo de ‘los Pepes’, destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades, sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados, obligando a los familiares de este a viajar al exterior. Lo que condujo al desenlace final el 2 de diciembre de 1993, ya conocido públicamente”.

Para los investigadores, el origen de esta facción data de los días posteriores al 4 de julio de 1992, cuando Escobar ordenó la muerte de sus socios Gerardo “Kiko” Moncada y Fernando “el Negro” Galeano en la cárcel La Catedral, por considerar que lo habían traicionado. Al doble homicidio le siguió el saqueo de sus propiedades y la eliminación sistemática de sus trabajadores.

ABSOLUCIONES
En indagatorias ante la Fiscalía, posteriores a su reclusión en el penal de Itagüí, Roberto Escobar Gaviria manifestó que “los Pepes” estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros corruptos de la Fuerza Pública con apoyo del gobierno de E.U.

El grupo operó entre 1992 y 1993, detonando bombas, secuestrando, destruyendo edificaciones y aplicando el sicariato desenfrenado.

Pese a estas conductas, la justicia ha obrado con una sorprendente parsimonia. A la fecha, señalan fuentes judiciales, apenas hay una sentencia contra “los Pepes” y el condenado no pagará un solo día de prisión por ello, porque está muerto: Fidel Castaño Gil, alias “Rambo”, precursor de las autodefensas en Colombia.

La sentencia con radicado 11220-50217-0770 fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, el 30 de noviembre de 2001. En ese expediente fueron procesados los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, así como Eugenio León García Jaramillo, apodado “Lucho” o “el Taxista”.

Los delitos que les endilgaban eran incendios, terrorismo, conformación de grupos armados ilegales, homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones personales y secuestro extorsivo, por su presunta militancia en “los Pepes”.

No obstante, muchos de quienes los denunciaron, incluyendo al propio Roberto Escobar, se retractaron a lo largo del proceso.

En consecuencia, el juzgado absolvió a Carlos, Vicente y García, y condenó a Fidel por apenas uno de los delitos investigados:conformación de grupos armados ilegales.

La pena fue de 13 años y medio de celda y una multa de 3.000 salarios mínimos legales vigentes, proferida siete años después de su asesinato en San Pedro de Urabá (ver la NOTA RELACIONADA: Hallaron la tumba del precursor del paramilitarismo y “los Pepes”).

LOS INFORMANTES
En el citado expediente, así como en otros procesos contra lugartenientes de Escobar, hay múltiples referencias a dos integrantes de “los Pepes”, antiguos trabajadores del narcotraficante “el Negro” Galeano: alias “el Ñato” y “Semilla”, temidos por su crueldad contra los miembros del cartel.

En un fallo del Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (radicado 10.676-766C-E-H-99000430 del 21 de julio de 2001), se cita la declaración de un testigo, quien reseñó que había ocultado la muerte de un secuaz de los Galeano porque “me daba miedo de ‘Semilla’ y ‘el Ñato’, que eran íntimos amigos de ‘Bocadillo’ (el occiso), miedo de que me mataran o a mi familia si se enteraban de que yo lo había hecho”.

El paso del tiempo confirmó que estos motes hacían referencia a los hermanos Diego Fernando y Rodolfo Murillo Bejarano.

Diego (“el Ñato”), también apodado “don Berna”, llegaría a ser jefe de las organizaciones criminales “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc, así como inspector general de las autodefensas en Colombia.

Lo extraditaron en 2008 y hoy paga una condena de 31 años en E.U., por narcotráfico.

“Semilla” fue asesinado en un concesionario de carros de la avenida El Poblado, el 28 de octubre de 2001.

En uno de sus diálogos con la prensa, Murillo reconoció que su grupo era el tercer puntal en la mesa contra Escobar. Los otros dos eran la DEA y el gobierno colombiano.

Según estudios de Inteligencia en poder de la justicia, estos hermanos fueron informantes del Bloque de Búsqueda contra Escobar, cuando el comandante era el coronel Hugo Rafael Martínez Poveda (1992/93).

A cada uno se le asignaba un código, correspondiéndole a “el Ñato” el V0027 y a “el Taxista” el V0016.

De “los Pepes”, el Bloque contaba con cinco informantes reclutados y 36 voluntarios, entre los cuales había antiguos socios del “Patrón”, como “Julio Fierro” (muerto) y “Perra Loca” (extraditado); la lista de fuentes la complementaban 37 personas que enviaban correos en Medellín, 96 que lo hacían en Bogotá y 802 catalogados como “informantes casuales”.

De “los Pepes” originales, han muerto los hermanos Castaño, “Doble Cero”, “el Tigrillo”, “Semilla” y otros. El sobreviviente más visible es Murillo, ¿entonces por qué la justicia no lo ha procesado por esos crímenes?

DURO DE INVESTIGAR
Entre 1997 y 1999 fueron asesinados por sicarios 12 investigadores del CTI de Medellín, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra “los Pepes”, “la Terraza”, “la Oficina” y las Auc, es decir, las organizaciones en las cuales participaron “el Ñato” y sus amigos (ver la NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda “La Terraza”).

La Fiscalía 15 adscrita a la Unidad Nacional de Justicia y Paz le imputó a Murillo las muertes de esos servidores públicos el 4 de septiembre de 2012, porque este las había reconocido durante las versiones libres ligadas a su reinserción.

El proceso de confesiones marchaba sobre ruedas, Murillo  había aceptado su responsabilidad en los asesinatos de personajes tan sonados como el jurista Jesús María Valle y el humorista Jaime Garzón, pero cuando la Fiscalía iba iniciar los interrogatorios relacionados con las acciones armadas de “los Pepes”, un imprevisto ocurrió.

Murillo, desde la prisión de La Florida, trató de dilatar el momento, al parecer, por temor a delatar a algunos exaliados que ahora ocupaban cargos importantes en el Gobierno, según una fuente cercana al extraditado, que pidió la reserva de su nombre.

Luego la Dirección Central de la Fiscalía relevó de su cargo a la fiscal 15, Patricia Hernández Zambrano, trasladándola a un despacho en Florencia (Caquetá). Ella, entre otros casos, tenía a cuestas las versiones libres de Murillo y las indagaciones sobre su supuesta militancia en “los Pepes”.

El traslado provocó que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el pasado 16 de enero, enviara una carta al fiscal General Eduardo Montealegre, en la que sustentaba un “serio motivo de preocupación” por esa medida.

“La decisión significa un desestímulo para la mencionada fiscal quien, a juicio de la Sala, era una de las dos mejores fiscales con que contaba la Unidad de Justicia y Paz de Medellín y estaba comprometida con el esclarecimiento de la verdad y la celeridad en el proceso de Justicia y Paz. Estos procesos, por la magnitud de los delitos cometidos y la trascendencia para el país, necesitan de los mejores fiscales y su desmantelamiento paraliza la gestión de la Sala de Justicia y Paz”, dice la misiva.

A pesar del reclamo, hubo cambio de titular en la Fiscalía 15. Al preguntarle por la suspicacia que generaba en el ambiente el traslado de funcionaria, antes de iniciar las versiones libres por los actos de “los Pepes”, el vicefiscal General, Jorge Perdomo, argumentó de esta manera lo decidido: “No debe haber lugar a sospechas, es una decisión que tomamos para darle más realce al caso, asignaremos a una persona de más perfil”.

A la fecha, sin embargo, no han comenzado las diligencias con Murillo.

El expediente sobre la agrupación clandestina permanece en un silencio tan sepulcral como el de aquellos tiraderos de cadáveres, donde hace 20 años aparecían las víctimas con un letrero manchado de sangre, firmado por “los Pepes”.

El Inspector.

El fin le llegó de manera natural, de un infarto, y no de los cientos de enemigos adquiridos en sus guerras contra el cartel de Cali, la guerrilla y los gobiernos de Colombia y E.U. Este es el perfil de uno de los capos más conocidos del Cartel de Medellín, elaborado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Foto de 1991 en la cárcel de Itagüí, donde estuvieron recluidos los hermanos Ochoa Vásquez. De izquierda a derecha: Fabio, Jorge Luis y Juan David. Archivo El Colombiano.

Tal cual él mismo confesó, Juan David integró el clan Ochoa en la década de los ochenta, una de las facciones más representativas del cartel de Medellín. Sus hermanos Fabio y Jorge Luis lo acompañaron en esa empresa criminal, que tendió redes desde las selvas colombianas hasta las calles norteamericanas, introduciendo toneladas de cocaína en embarques y vuelos clandestinos.

Al mismo tiempo, los capos mantenían la fachada de hacendados, caballistas y comerciantes, codeándose con la gente más prestante de la nación.

Una de las primeras pugnas armadas lideradas por el clan se derivó del rapto de su hermana Martha Nieves, a manos de subversivos del M-19. Sucedió el 12 de noviembre de 1981, cuando ella cursaba séptimo semestre de Economía en la Universidad de Antioquia.

Con apoyo del cartel, decidieron no pagar el rescarte y el 2 de diciembre del mismo año crearon el grupo MAS, “Muerte a Secuestradores“, dedicándose a asesinar a todo aquel que oliera a subversión o se dedicara al secuestro.

Fue tal el derramamiento de sangre, que el M-19 optó por liberar a la mujer el 16 de febrero de 1982 en Armenia, sin recibir un solo centavo. Analistas aseguran que esa estructura fue el primer movimiento paramilitar de Colombia.

Juan David también integró una cofradía mafiosa que se hacía llamar “los Extraditables”, liderada por Pablo Escobar, la cual cometió brutales ataques para presionar al Gobierno Nacional y a la justicia local, con el fin de evitar sus traslados a prisiones de Estados Unidos.

Ya en los noventa, el conflicto contra el cartel de Cali, más la persecución combinada de la DEA, la CIA y la Policía colombiana, terminaron arrinconando a los Ochoa. Los tres hermanos aprovecharon la política de sometimiento ofrecida por el presidente César Gaviria y uno a uno comenzaron a entregarse, a cambio de beneficios judiciales.

Juan David fue el último en presentarse a la justicia, en febrero de 1991, y fue condenado a cinco años y medio tras las rejas. En1996 ya estaba libre. En aquel entonces, la sentencia fue calificada de “ridícula” por el ministro de Justicia, Carlos Medellín. Y Tomas Constantine, el director de la DEA, la comparó con la que los narcos recibían en E.U., para señalar lo débil que era el sistema penal colombiano.

Jeremy McDermott, exmilitar británico y cofundador de Insight Crime (fundación que estudia el crimen organizado en América), señaló que “la supuesta jubilación de los Ochoa le dejó el camino libre a ‘don Berna’ para apoderarse del hampa en Medellín, pues en el cartel él tenía una posición mucho más baja que ellos”.

Juan David se puso a la tarea de reducir su perfil y las apariciones en escenarios públicos. Se dedicó al negocio familiar de los criaderos de caballos y escuelas de chalanería, como la ubicada en una casa finca de El Poblado.

En 1999 Fabio fue arrestado en la Operación Milenio, luego extraditado y condenado a 30 años por narcotráfico. “A los otros hermanos no pudieron comprobarles más delitos en el marco de la violencia indiscriminada ejecutada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha; al parecer su manera de asumir el negocio fue al estilo de la gente de Cali, de sentarse y resolver”, comentó McDermott.

Entre las investigaciones cursadas en E.U. contra el clan familiar, además de los asuntos de drogas, está la muerte del informante Adler “Barry” Seal. Según la DEA, este expiloto y exsocio del Cartel fue asesinado el 19 de febrero de 1986 en Luisiana, semanas antes de testificar contra Jorge Luis.

En la madrugada de este jueves (julio 25), sus seres queridos internaron a Juan David en la clínica Medellín de El Poblado, donde su corazón dejó de latir. Un veterano investigador judicial consultado, quien pidió la reserva de su nombre, opinó que con él “murió una parte de la historia violenta del país, se fue sin pagar ante la justicia y sin contar todo lo que sabía“.

NOTA RELACIONADA: Mataron a “la Madrina” de los narcos colombianos.

El Inspector.