De acuerdo con investigadores judiciales consultados por Revelaciones del Bajo Mundo, los encargados de esos “trabajos” no necesariamente son integrantes de bandas, sino terceros especializados en esa truculenta modalidad, que trabajan bajo contrato.

Así fueron encontradas las dos mujeres en el barrio La Navarra, de Bello, en límites con Copacabana. El caso está ligado con el hallazgo de la noche anterior en la vereda El Noral de este último municipio. Foto de cortesía.

A las 8:45 p.m. del viernes 18 de junio de 2021, un hombre asustado llegó a la estación de Policía del municipio de Copacabana. Les dijo a los uniformados que acababa de ver un cadáver en la vereda El Noral.

Una patrulla se dirigió a la zona para verificar la información. En el sector conocido como El Chamito encontraron a la víctima, era un área boscosa, sin iluminación cercana ni cámaras de vigilancia.

El cuerpo estaba envuelto en papel adhesivo transparente, también llamado papel chicle. La forma en la que se cometió el homicidio quedó por establecer, pues los técnicos forenses de la Sijín se lo llevaron para Medicina Legal sin abrir el “capullo”. Horas más tarde, fue identificado como Wilson Alfonso Zapata Guisao, de 51 años y contratista de construcción.

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Cinco horas después se presentó un hallazgo similar, no muy lejos de allí. A la 1:40 de la madrugada en el barrio La Navarra, del vecino municipio de Bello, un mendigo alertó sobre los cuerpos a una patrulla que estaba cerca del peaje de Niquía.

En una manga de la diagonal 52 con la avenida 20, a un costado de la vía Bello-Copacabana, fueron dejados los dos cadáveres, envueltos de la misma manera que el caso anterior: con papel chicle y cinta adhesiva. Las víctimas resultaron ser dos mujeres: Diana María Jaramillo Henao y Nubia Isleny Pérez Cárdenas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que Nubia, de 50 años, era la pareja de Wilson, y que Diana, de 49, era amiga de él. Los tres vivían en el barrio Cinco Estrellas (comuna de Fontidueño), en Bello, donde Diana además era líder comunitaria. Lo último que se supo es que fueron a cumplir una cita al barrio La Gabriela.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que los agentes de la Sijín ya están tras la pista de este caso.

Una situación que resalta es la manera en que envolvieron los cuerpos. Esta es una práctica común en el Valle de Aburrá, ejecutada por criminales expertos en esta clase de labores, que son contratados por bandas ilegales. De hecho, es el séptimo hallazgo de este tipo en el año y, si miramos años atrás, se presenta con cierta frecuencia (ver las notas relacionadas).

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Entre las organizaciones que acostumbran a contratar estos servicios están “la Oficina”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “los Triana”, “los Mondongueros” y “Caicedo”, entre otras.

Las víctimas suelen ser asesinadas en otros lugares, transportadas en vehículos durante la noche y abandonadas en sitios estratégicos, bien sea para evitar ser observados mientras sacan los cuerpos de los carros, o porque se trata de lugares cercanos a las facciones enemigas, para enviarles un mensaje de advertencia.

Otras modalidades detectadas en esta región incluyen abandonar los cadáveres dentro de taxis o automóviles particulares; el desmembramiento de los despojos humanos; la incineración del cuerpo y del lugar circundante; envoltura en sábanas, costales, colchones y basura, o con bolsas plásticas aprisionando la cara; introducción del occiso entero o sus partes en maletas o canecas que se abandonan en la calle; meter a la víctima en un recipiente o una fosa y vaciarle cal y cemento, entre otros.

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La prensa, la comunidad y las redes sociales le han atribuido toda serie de adjetivos a estos hallazgos: embolsados, enmaletados, descuartizados o encostalados, por citar algunos.

Estas aberraciones tienen un factor común: es muy difícil detectar a quienes las cometen y la mayoría quedan impunes. De hecho, las capturas de estos “carniceros” son muy inusuales.

Los investigadores judiciales relataron que, por lo general, las víctimas son asesinadas por una persona, pero es otra la que tiene la misión de deshacerse del cuerpo. De modo que, en el eventual caso de una captura, “es complicado imputarles el delito de homicidio, o tal vez solo en la modalidad de cómplices, que da menos años. También cabe judicializarlos por el cargo de irrespeto a cadáver, que si mucho da tres años de cárcel”, manifestó uno de los agentes.

Algunos de los “despachadores” de cadáveres más conocidos en el bajo mundo son alias “Carracas”, un expolicía del Gaula, señalado de hacerle esta clase de “favores” a la banda “la Oficina” y a las autodefensas paramilitares. Lo último que se supo de él fue que su familia reportó su desaparición en México, en 2014.

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El otro es conocido como “Guateque”, un exparamilitar mencionado en las averiguaciones por la muerte y desaparición de algunos cabecillas de las mafias de Medellín, Envigado y Bello, en la década del 2003 al 2013. Lo último que se supo de él es que se movía en el occidente de Medellín, entre Robledo y San Cristóbal, donde en 2018 fue detenido por la Policía. Un juez lo liberó al día siguiente, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

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Los continuos hallazgos de víctimas, cuyos despojos aparecen de las maneras descritas en este artículo y en las notas relacionadas, hacen suponer que hay más carniceros de su tipo, actuando de forma impune en el Valle de Aburrá, un lugar donde al parecer abundan las personas que pagan por aniquilar.

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El Inspector.

El último caso salió a flote en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, donde la víctima fue Jesús Antonio Pompa Guerra, de 36 años.

Esta es la orilla del río Tuluá, en la cual las autoridades inspeccionaron el cuerpo. Fotos cortesía de Q'HUBO Cali.

El pasado viernes 27 de enero hallaron su cadáver en el corregimiento Aguaclara, atascado en corrientes poco profundas del río Tuluá. El extranjero llevaba tres días en esa localidad, visitando a unos amigos, y en la noche anterior había salido a “hacer una vuelta” que al parecer no les especificó a los allegados.

Las autoridades manifestaron que el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia, por lo que la causa de la muerte está por establecer. En todo caso, llamó la atención que tuviera cinco tatuajes en la espalda y los brazos, de una indígena con sombrero de mariachi, una telaraña e iniciales de un supuesto nombre.

El documento que identificó al finado.

Gracias a una credencial para sufragar, se logró establecer la identidad del occiso, así como que tenía residencia en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. La Policía informó que Pompa Guerra tenía negocios comerciales en Medellín, aunque no indicó con precisión qué tipo de tratos.

El pasado 27 de julio, en una vivienda del barrio Los Colores de Medellín, encontraron sin vida a Juan Carlos Beltrán Carreón, de 34 años y nacido en Ciudad de México. Los homicidas lo apuñalaron y golpearon con una plancha y un martillo.

Este extranjero llevaba más de seis meses en suelo antioqueño, dedicado al negocio de las comidas rápidas. Por lo pronto no se sabe si hay alguna relación entre estas dos muertes.

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El Inspector.

El comandante de la Policía Metropolitana se refería a la captura de un hombre de 39 años y una chica de 19, sorprendidos cuando trataban de deshacerse de un cadáver en el kilómetro 5 de la vía Las Palmas, al suroriente de Medellín.

Esta es la alacena en la cual metieron el cadáver tiroteado. Foto de Carlos Taborda.

La pareja viajaba en una camioneta Mazda BT50 y se estacionó a un lado de la concurrida carretera. Acto seguido, descargaron una alacena de madera, similar a las que adornan cualquier cocina convencional.

Dejaron el mueble en el asfalto y pretendieron irse del lugar, cuando unos policías se acercaron. “¿Qué están haciendo?”, les preguntaron. Los dos se enredaron para contestar, por lo cual los patrulleros revisaron el cajón.

Los dos detenidos dentro de la patrulla. Cortesía de la Policía.

Adentro había una cadáver indocumentado, envuelto en un tapete y con dos orificios de bala en el pecho y la espalda. Tenía entre 35 y 40 años de edad y estaba en ropa interior.

Al notificarles la captura, el hombre y la mujer afirmaron que no habían matado a esa persona, sino que les ofrecieron un millón de pesos para deshacerse del cuerpo. Aquí está la supuesta ingenuidad a la que hizo alusión el general Vásquez: botar un occiso a plena luz del día y en una de las vías más transitadas de la ciudad, durante la llamada Operación Retorno por el puente festivo, cuando la vigilancia es mayor. Quizá había mucho afán para esperar la noche.

Sobre la procedencia del cadáver, se investiga si la pareja lo recogió en un apartamento de El Poblado. Aún no se sabe quiénes están detrás del homicidio, pero apenas se logre identificar a la víctima comenzará a despejarse el camino de la investigación.

De momento, a los capturados no les figuran antecedentes penales. Ahora deberán ser judicializados por su presunta participación en un asesinato.

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El Inspector.