El ente acusador informó que se trata de “28 bienes rurales y uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos, avaluados en $6.500 millones”, los cuales estarían a nombre de David Fernando Londoño Díez (“Davidcito” o “La Mocha”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Uno de los establecimientos comerciales que le embargaron a alias “Davidcito” (recuadro). Foto cortesía de la Fiscalía.

“Davidcito” fue capturado en noviembre de 2018 en una operación del Gaula de la Policía, en la que también fueron detenidos otros 13 miembros de la estructura.

Dichos bienes, según Liliana Donado Sierra, directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”.

La banda “San Rafael”, también conocida como “Los de San Rafa”, es originaria de un sector del barrio Guayabal, conocido como San Rafael. Su principal actividad ilegal es el tráfico de estupefacientes y el sicariato, que ejerce desde los años 90.

Sus redes de narcotráfico se extienden a algunas barriadas vecinas de las comunas de Guayabal y Belén, y del vecino municipio de Itagüí, donde también ha sostenido conflictos armados en años anteriores, en especial contra la banda “la Raya”, considerada su enemiga histórica.

El embargo aplicado a estas propiedades incluye la suspensión del poder adquisitivo y es el primer paso en el proceso de extinción de dominio.

A los abogados de “Davidcito”, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, les corresponde demostrar que fueron adquiridas de forma legal; mientras tanto, estarán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Argenta, desarrollada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía, y sus resultados fueron presentados el 9 de marzo por el fiscal General de la Nación.

Estos son algunos de los taxis decomisados por las autoridades a la red de lavado de activos de “la Terraza”. Foto: cortesía de la Policía.

“Incautamos $10.000 millones a ‘la Terraza’, estamos quitándoles la fuente de financiamiento a estas organizaciones y golpeando las economías ilegales que afectan a la ciudad”, declaró el fiscal Francisco Barbosa.

“La Terraza” es una de las bandas más antiguas, surgió en los años 80 y está en la segunda generación de su cúpula. Obtiene ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas mafiosas, sicariato, extorsiones, pagadiario y venta ilegal de lotes, entre otros.

Bajo su estructura confederada tiene 55 combos a su disposición, que actúan en las comunas de Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; en el Suroeste y Oriente de Antioquia.

La Operación Argenta golpeó a una de estas subestructuras, “la convivir de San Benito”, la cual tiene influencia en los barrios Estación Villa, San Benito, Candelaria y Villa Nueva, del centro del Medellín.

Según Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, este grupo integra el ala financiera de “la Terraza”, “encargado de ocultar los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes, mediante la compra de inmuebles y taxis, desarrollando también otras maniobras de ocultamiento para ingresar dinero al sistema financiero”.

En allanamientos realizados en Medellín y el municipio de San Roque, fueron capturados siete presuntos integrantes de “la convivir de San Benito”, todos de la misma familia: el presunto cabecilla Hernán Monsalve García (“el Viejo”), Cristian Monsalve Hincapié, Darwin Monsalve Cortés, Caroline Monsalve Hincapié, Luz Monsalve Jaramillo, Estefanía Monsalve Cuartas y Yeny Guzmán Monsalve.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ellos negaron en el estrado. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Las autoridades embargaron dos casas, siete apartamentos con sus parqueaderos, dos locales comerciales, dos edificios en etapa de construcción y los 14 taxis, entre otras propiedades, por un valor de $10.000 millones. Sobre estos bienes inició un proceso de extinción de dominio.

También investigan varios hoteles y residencias del Centro, que al parecer eran usados para el acopio y venta de droga, según la fiscal Bahamón.

¿PARA QUÉ LOS TAXIS?
De estos embargos, lo que más sorprende es la “flotilla amarilla”. ¿Para qué le interesa a “la Terraza” invertir su plata en taxis? Para resolver la inquietud, consultamos a investigadores de la Dijín y la Fiscalía que han combatido a esta banda.

“A ellos les sirve para movilizar a sus integrantes de forma desapercibida, y para el transporte de armas y drogas”, indicó uno de ellos. Esta situación quedó ejemplificada con una sentencia del Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, proferida el 15 de diciembre de 2014 contra el taxista Pedro Peña Pérez, alias “Pedrito”.

La justicia lo condenó a 12 años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y uso de menores para delinquir, al comprobar que transportaba drogas para las plazas de vicio de “la Terraza” y pistolas para las “vueltas” de sus sicarios. En sus desplazamientos llevaba a un niño vecino, para no levantar sospechas.

El vehículo estaba a nombre de su mamá, a quien le liquidada $60.000 diarios, y adscrito a una empresa legal de taxis de Medellín.

Otro uso que le dan a los “amarillos” es en labores de seguimiento de futuras víctimas de secuestro y asesinato. Un episodio asociado a esto ocurrió el 12 de julio de 2012, en la entrada del Jardín Botánico, donde la banda acribilló a dos policías dentro de una camioneta: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, de la Dirección Antinarcóticos, quienes hacían un trabajo encubierto para capturar a “Pichi Gordo” y “Barny”, dos jefes de “la Terraza”.

Aquel día esperaban a un informante que los llevaría a la finca en la que supuestamente estarían los cabecillas, pero este los traicionó y a la cita solo llegaron los asesinos.

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La investigación demostró que antes del ataque, un taxi hizo rondas para vigilar la zona, y que ahí se transportaron las armas de los sicarios. El taxista Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo”) fue condenado a 14 años por su participación en el crimen.

“A ellos también les sirven los taxis para blanquear el dinero que consiguen de forma ilegal, por medio de testaferros. A la DIAN le reportan unas ganancias mensuales, que en realidad son infladas para ocultar los ingresos de las plazas de vicio, ¿porque quién puede confirmar exactamente cuánta plata hace un taxi con sus carreras?”, señaló otro de los investigadores.

“La Terraza” –al igual que otras bandas del Valle de Aburrá– usa estos automotores como inversión “legal”. “En este caso les encontraron 14 taxis, todos afiliados a empresas, y supongamos que cada uno liquidaba $80.000 diarios. Eso da $33’600.000 al mes, no es un mal negocio”, concluyó la fuente.

ANTECEDENTES CERCANOS
Esta es el segundo golpe con fines de extinción de dominio que le hacen a “la Terraza” en menos de dos años. El 30 de octubre de 2019 se ejecutó la Operación Amonet, en la cual fueron embargados 378 bienes valorados en $400.000 millones, los cuales estaban a nombre de supuestos testaferros y familiares de “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Guasón”, “Saya”, “Keiler”, “el Cerdo” y otros miembros de la facción.

Entre los bienes hubo 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades. Esto incluyó cuatro edificios en el sector El Hueco, del centro de Medellín.

Ya pasaron 17 meses desde aquella medida y, según fuentes judiciales, el proceso avanza muy lento. El juzgado está a la espera de que la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio presente la demanda de extinción, la cual le ha devuelto dos veces para que le haga ajustes. Se presume que resolver este caso podría tardar otros tres años.

En la resolución de medidas cautelares expedida por la Fiscalía 65 (radicado N°1100 16099 068201 701074) fueron expuestas algunas de las modalidades con las que “la Terraza” adquiere estos bienes.

“Es tal su poder que se dedica a tomar la ley por su cuenta, se subrogan funciones de ‘conciliadores’ o ‘notarios’, para realizar partición de herencias, bajo la intimidación a sus víctimas, que se ven obligadas a firmar documentos y aceptar las condiciones por ellos impuestas”, indicó la Fiscalía, y aseveró: “Aunado a ello, se establece la participación de personas que prestan su nombre para efectuar negociaciones para ellos, pretendiendo ocultarse en el perfil de comerciantes”.

Las propiedades y bienes embargados en las dos operaciones están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo los taxis con los que al parecer ejecutaban sus fechorías.

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La operación con fines de extinción de dominio, denominada Temis III, requirió un trabajo de un año y fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía en ocho municipios de Antioquia (Bello, Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Rionegro, El Retiro y San Jerónimo), en Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés), donde fueron detectados los bienes adquiridos, presuntamente, con dinero teñido de miedo y sangre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las fincas embargadas en el norte del Valle de Aburrá. En los círculos aparecen los cabecillas y principales sospechosos de liderar la trama de lavado de activos. Fotos cortesía de la Policía.

En la lista de embargos hay 32 apartamentos, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales, 13 fincas, seis lotes, cuatro locales, cuatro garajes, tres casas, tres parqueaderos, un cuarto útil y un edificio. Sobresalen una cabaña de lujo frente al mar, en la playa de Tolú, y un título minero en la lejana ciudad de Mitú.

Sobre esto último, Ana Catalina Noguera, delegada de la Fiscalía contra las Finanzas Criminales, indicó que el título permitía la explotación de un yacimiento de coltán en 1.995 hectáreas, en una zona de protección ambiental.

Este mineral, usado en la fabricación de artefactos electrónicos, como cámaras y celulares, tiene un valor en el mercado de $1.200 millones por tonelada, según la Policía.

EL MODUS OPERANDI
“El Mesa” se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, hurto, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras conductas. El dinero producido en esas actividades, es lavado en propiedades como las ocupadas en Temis III, de acuerdo con la Fiscalía.

Noguera señaló que dichos bienes estaban a nombre de familiares y testaferros de varios integrantes de la cúpula de la organización, incluyendo niños y ancianos. Las propiedades les eran transferidas con la modalidad de compraventas simuladas y traspasos.

De hecho, como representante legal de la mina de coltán figura una mujer de estrato económico bajo, afiliada al Sisbén, que al parecer estampó su firma en el documento sin tener cómo justificar semejantes recursos.

Los cabecillas sospechosos de participar en este esquema de lavado están condenados y tras las rejas, por concierto para delinquir agravado. Ellos son: Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), sentenciado a 14 años; Luis Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), quien paga ocho años y tiene una investigación en curso por homicidio; Eligio Pérez Peña (“Malacate”), ocho años y cuatro meses; y Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), siete años y medio.

El informe oficial indicó que “Vallejo”, cofundador y socio financiero del grupo, “trató de darle apariencia de legalidad a su dinero, aduciendo haberse ganado la lotería”, hecho que fue desvirtuado.

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El general Fabio López, director de la Dijín, declaró que varias de las propiedades, en especial las de Bello, eran adquiridas con “exigencias extorsivas a las constructoras”.

Este fenómeno, conocido como “la mafia del ladrillo”, lleva más de una década implementándose en la localidad, no solo por parte de “el Mesa”, sino de otras bandas como “Pachelly”, “los Chatas”, “Niquía Camacol” y “la Camila”. Consiste en exigirle a los constructores varios apartamentos como pago por “el derecho” a edificar en los vecindarios que ellos “controlan”.

En esos recintos suelen vivir familiares y amigos de los integrantes de las organizaciones delictivas, o terceras personas que les pagan arriendo.

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EMPRESA CRIMINAL
Según fuentes judiciales, “el Mesa” delinque desde los 90, cuando nació en el barrio del mismo nombre, en Bello. A pesar de llevar tanto tiempo activa, su persecución solo fue priorizada por las autoridades en 2018, cuando estableció alianzas con el Eln y disidencias de las Farc, para producir y vender drogas en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Hasta entonces, ni siquiera aparecía en las listas de blancos estratégicos priorizados.

Esa suerte de anonimato favoreció su crecimiento, hasta convertirse en una empresa criminal con tentáculos en Medellín, Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y el Oriente antioqueño. El general López dijo que hoy tendría 85 integrantes fijos y cerca de 300 colaboradores.

Con varios de los jefes en prisión desde 2019, el mando del grupo en la calle recayó en alias “Magandy”, “el Diablo” y “Gordo Willington”.

Noguera reconoció que “esta es la primera gran operación contra el patrimonio ilícito de ‘el Mesa’”. Los bienes a los cuales les aplicaron las medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

En el operativo, con fines de extinción de dominio, resultó salpicado un futbolista profesional. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos dos edificios, ubicados en el centro de Medellín, fueron embargados en el operativo contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

“Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín contra una banda criminal”. Así lo aseguró este miércoles 30 de octubre el alcalde Federico Gutiérrez, cuando informó acerca de los 378 bienes y propiedades embargados por el Estado por estar presuntamente vinculadas con “la Terraza”.

Los bienes fueron avaluados en más de $400.000 millones y estaban a nombre de los cabecillas “Chicho”, “Pichi Gordo”, “Guasón”, “Andrés el Cerdo” y “Keiler”, familiares suyos y testaferros. El operativo que permitió dar este golpe fue bautizado como Amonet y fue desplegado tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía y la Dijín (NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa).

Las rentas criminales, producto de homicidios, extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades delictivas, permitieron a estructura la adquisición de 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades.

“No se trata solo de capturas, sino ir detrás de la plata de las estructuras. Esto sí que les duele”, expresó el mandatario y agregó que el operativo puede animar a las víctimas para que denuncien contando cómo les fueron arrebatadas sus propiedades, que al final pasan a pertenecer a los jefes de las estructuras, en algunos casos con procedimientos ilegales en notarías.

Entre bienes embargados destacan cuatro edificios en el sector El Hueco del centro de Medellín, dos de ellos de 16 pisos y uno a una cuadra de la estación de Policía de La Candelaria. Estos inmuebles, que fueron sellados este miércoles, pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los demás son 127 bodegas, 91 parqueaderos, 82 locales comerciales, 17 apartamentos, 14 lotes, 6 casas, 2 chalets y una finca. En locales comerciales hay 4 empresas de inversiones de bienes inmuebles, 3 boutiques, 2 peluquerías, una ferretería, una comercializadora de belleza, una empresa textil, una droguería y un polígono de tiro deportivo, este último propiedad del futbolista antioqueño Andrés Felipe Cadavid Cardona.

Fachada del establecimiento El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores, occidente de Medellín. Foto de cortesía.

En sociedades se ocuparon 6 compañías de servicios inmobiliarios y de construcción y una comercializadora de cosméticos; 375 de los bienes están en Antioquia (Envigado, Copacabana, Bello y San Jerónimo), otros dos en Magdalena y uno más en Atlántico.

El primer paso fue el embargo, luego sigue interponer la demanda de extinción de dominio ante el juez (la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para hacerlo). El veredicto podría durar hasta cinco años, según los antecedentes.

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales, porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

UN FUTBOLISTA SALPICADO CON LOS EMBARGOS

“Andrés Cadavid no tiene nada que ver con la banda ‘la Terraza’”, aseveró Mauricio Beltrán, abogado de ese futbolista, en respuesta a esta operación con fines de extinción de dominio, en la que las autoridades incluyeron tres bienes del jugador.

El informe de la Fiscalía indicó que “los bienes eran usados por ‘la Terraza’ como estrategia para evadir la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a los recursos producto de sus crímenes”.

Y en la lista de posesiones afectadas aparecen un carro, una camioneta Ford Edge y el establecimiento El Viejo Oeste, en el cual se ofrece el servicio de polígono, cursos para el manejo de armas de fuego y venta de accesorios de tiro y caza deportiva. Estos tres bienes pertenecen a Cadavid, futbolista profesional vinculado actualmente al club Deportivo Independiente Medellín.

La camioneta embargada a Cadavid fue presentada por las autoridades, en el marco de la operación contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

El abogado Beltrán criticó la manera en que las autoridades presentaron el caso ante los medios de comunicación, pues a su juicio mezclaron expedientes diferentes.

“El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo, que es una medida administrativa, fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar. Pero no tiene nada que ver con ‘la Terraza’”, declaró el jurista.

A mediados del presente año estalló un escándalo sobre presunta corrupción en el Ejército, relacionado con irregularidades en la contratación y la supuesta existencia de una red de militares corruptos que manipulaban la venta de armas y la expedición de permisos especiales para el porte, con el propósito de favorecer a las bandas criminales, entre ellas “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Jefes de bandas, con permisos para portar armas).

La investigación, que está en etapa de indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, puso la lupa en la Dirección de Control Comercio de Armas (DCCA) y la Cuarta Brigada, por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Una de las hipótesis de las agencias de seguridad es que en esa red estarían involucrados establecimientos de tiro deportivo y polígono, al parecer favorecidos con permisos y licencias firmados por los uniformados sospechosos. Fue en ese contexto en el cual las fuentes de los investigadores mencionaron a El Viejo Oeste.

Para el momento de esos hechos, la empresa ubicada en el barrio Los Colores de Medellín, a una cuadra del comando de la Cuarta Brigada, pertenecía a dos socios: Andrés Cadavid y Alexánder Giraldo Santa.

La compañía apareció de nuevo mencionada en una investigación judicial el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras del local unos sicarios hirieron a bala a Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla “la Terraza” y uno de los perjudicados con el decomiso de bienes en la reciente Operación Amoret. En ese ataque, una esquirla de proyectil lesionó en un pie a un administrador del polígono (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Y el siguiente 12 de agosto en el municipio de Bello, mataron a los dos escoltas de Giraldo Santa, el socio de El Viejo Oeste. A raíz de lo sucedido, él le vendió sus acciones a Cadavid y salió de la ciudad.

En entrevista con El Colombiano, el pasado 29 de julio, el futbolista declaró: “Yo no conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso a mí ni siquiera me llamaron de la Fiscalía esa vez”.

Añadió que los militares nunca le pidieron sobornos para tramitar las licencias de funcionamiento de la empresa y reiteró: “Yo soy un hombre de bien. Mis actuaciones están a la vista de la gente, todos saben lo que hago, cuándo entreno, cuándo viajo. En ningún momento me han llamado de la Fiscalía, pero no tengo nada que esconder”.

Respecto a la indagación preliminar sobre la trama de corrupción de los militares, el abogado Beltrán precisó que el ente acusador no ha vinculado a su cliente como persona natural, “eso está cerrado, él no está involucrado ni como imputado ni como testigo. Pero la Fiscalía quiso tomar esas medidas cautelares sobre la sociedad comercial, mientras avanza en el caso”.

Luego del embargo de los dos vehículos y del establecimiento, la Fiscalía tiene seis meses para decidir si interpone o no una demanda de extinción de dominio ante un juzgado. “Andrés tiene derecho al debido proceso, vamos a demostrar que esos bienes los consiguió de manera legal con el dinero que ha ganado como futbolista”, acotó Beltrán.

El jurista también emitió un comunicado en el cual reiteró que en las bases de datos de la Fiscalía no figuran anotaciones ni procesos penales contra el deportista y le solicitó al Alcalde de Medellín “que rectifique la información fuera de contexto que entregó a los medios de comunicación, donde señaló a mi cliente como parte de una estructura criminal y testaferro de la misma, además de mencionar que se encontraba capturado”.

Hasta el momento Cadavid no se ha pronunciado acerca de esta situación. Está en concentración para el primer partido de la final de la Copa Colombia, este sábado, contra el Deportivo Cali.

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El Inspector.