En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

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La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

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Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

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EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

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ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

El operativo policial se realizó al mediodía de este domingo 19 de agosto, en una cabaña del sector conocido como Playas del Francés, donde desde el día anterior venía consumiendo licor con cuatro acompañantes.

Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén” o “Pichi Castro”. Foto cortesía de la Policía.

Castro, un exconvicto que había pagado cárcel por delitos de narcotráfico y porte ilegal de armas, volvió a la libertad en 2013. Asumió las riendas de la banda “Belén San Bernardo”, una estructura que delinque en la comuna 16 de Medellín y controla el tráfico de drogas en los barrios San Bernardo, La Palma, Las Playas, Miravalle, Rosales y el parque de Belén, entre otros sitios del occidente de la ciudad.

Es hombre de confianza de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), uno de los máximos líderes de “la Oficina”, quien lo llevó de la mano hasta convertirlo en uno de sus principales enlaces con los otros cabecillas de la estructura.

Mientras “Tom” huía de las autoridades, era “Pichi Belén” quien asistía a las reuniones mafiosas y coordinaba los negocios. De hecho, estaba junto al cabecilla Carlos Soto Isaza (“Soto”) el día que la Policía lo capturó en un apartamento del barrio La Colina, el 22 de marzo de 2017; y también acompañaba a Óscar Bedoya García (“Camellete”) el 11 de mayo siguiente, cuando las autoridades lo arrestaron en un motel de El Poblado.

En ambas ocasiones los investigadores no tuvieron más remedio que dejarlo ir, pues todavía no tenían ningún requerimiento judicial en su contra; sin embargo, empezaron a rastrear sus movimientos.

La Policía presume que, al parecer, participó en los asesinatos de dos altos mandos de “la Oficina”: Edward García Arboleda (“Orión”), perpetrado el 16 de diciembre de 2016 en Envigado, y Luis Fernando Castaño Alzate (“Botija”), el 22 de enero de 2018 en Medellín.

Los investigadores también tratan de aclarar cuál es su relación con el homicidio de Néstor Raúl Bedoya Salazar (“Néstor el Grande”), cometido el pasado 16 de mayo, pues el finado era, presuntamente, uno de sus socios en la facción de “Belén San Bernardo” (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Fuentes de Inteligencia aseguraron que cuando “Tom” fue apresado, en diciembre del año pasado, propuso a Castro como su sucesor y delegado en la calle, mientras él seguía manejando los hilos desde la cárcel La Picota.

La postulación de “Pichi Belén” no cayó bien en los demás jefes de “la Oficina”, pues este hombre no tenía ninguna influencia más allá de las fronteras de la comuna 16. Las otras bandas de la confederación ilegal, como se dice en el argot delictivo, “no le copiaron” por considerarlo un “don nadie”, sin capacidad para controlar el bajo mundo del Valle de Aburrá.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada solicitó su captura por el cargo de concierto para delinquir agravado, el cual le imputará este lunes durante la audiencia de control de garantías en la capital antioqueña.

Organigrama distribuido por la Alcaldía y la Policía, en el que se aprecian los capturados y objetivos pendientes. Cortesía.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la detención y declaró que desde el inicio de su mandato han sido enviados a prisión 11 cabecillas de alto nivel en “la Oficina”, como “Tom”, “Lindolfo”, “Diego Chamizo”, “Soto” y “Vallejo”, entre otros.

Las autoridades publicaron también un organigrama que hace referencia a esas detenciones y a los siete objetivos que, a juicio de los organismos locales de seguridad, están pendientes de capturar: alias “Clemente”, “Chepe”, “el Indio”, “Iván” y “Barbosa”, de “la Oficina”; y “la Teta” y “el Cerdo”, de la banda “la Viña”.

El nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que el desmantelamiento de “la Oficina” es una prioridad para las autoridades y fue ordenado por el presidente Iván Duque.

NOTA RELACIONADA: Trasladan a una cárcel de Bogotá a alias “Tom”.

El Inspector.