Se trata de Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), uno de los cabecillas de la banda “la Agonía”, de Medellín, quien este fin de semana fue trasladado a la cárcel de Girón, en el departamento de Santander.

Este es el seguimiento del caso, investigado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Paulo Gómez Torres (“Pocho”) está pagando una pena de 36 años de cárcel. Foto cortesía de la Policía.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron que la remisión se autorizó el pasado viernes 8 de mayo, y que el interno ya se encuentra en su nuevo lugar de reclusión.

El problema comenzó el 8 de abril de 2026, cuando en la prisión de Itagüí, sede de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los jefes del crimen organizado del área metropolitana, se realizó una fiesta con el cantante vallenato Nelson Velásquez y otros artistas, que incluyó el montaje de una tarima, ingreso no autorizado de licor y damas de compañía.

Tras el escándalo desatado en la opinión pública, el presidente Petro se refirió al tema el 13 de abril, durante un consejo de ministros: “Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”.

El motivo de la fiesta, según las denuncias de los concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, fue la celebración de la inminente libertad de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”).

Otras versiones indicaban que había un segundo agasajo, el cumpleaños de “Pocho”, quien apareció en uno de los videos conocidos del evento.

NOTA RELACIONADA: “La Agonía”, un dolor de cabeza para San Javier y La América.

A raíz de lo sucedido, la delegación del Gobierno expidió un comunicado suspendiendo las conversaciones, las cuales fueron retomadas semanas después, sin mayores consecuencias.

En dicha mesa de paz urbana participan 23 voceros del crimen organizado, casi todos vinculados a tentáculos de la confederación criminal “la Oficina”, distribuidos así: siete principales, entre los cuales está “Lindolfo”, y 16 suplentes.

“Pocho” hace parte de ese grupo de suplentes desde la instalación de la mesa, en 2023. En la actualidad está pagando una condena de 36 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

La víctima del asesinato fue Liliana Patricia Cataño Montoya, una líder comunitaria de la comuna 13 de Medellín, atacada por sicarios de “la Agonía” el 18 de octubre de 2017.

Frente al traslado de “Pocho”, el concejal Tobón afirmó: “Es un contentillo que dan el Gobierno Petro y el Ministro de Justicia. Al final están trasladando a un cabecilla que no es de primer nivel en ‘la Oficina’. Se trata de trasladar a un conejillo de indias para darles gusto a los medios de comunicación, a la gente que exigía acciones del gobierno frente a lo que dijo Petro, y al mismo tiempo darles gusto a los bandidos de Itagüí”.

En el caso de “Lindolfo”, un juez de ejecución de penas y medidas le negó la solicitud de libertad condicional luego del parrandón (Auto N°1221 del 21 de abril de 2026). Aunque su defensa apeló esas decisión, por ahora seguirá pagando 18 años y seis meses de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.

Las fuentes del Inpec indicaron que de momento no hay más solicitudes de traslado para internos de Itagüí.

NOTA RELACIONADA: Por parranda de “Lindolfo” trasladarán de cárcel a capos de Medellín.

El Inspector.

De acuerdo con testigos, su reunión se dio el pasado 30 de septiembre, cuando al recinto llegó Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”), señalado por las autoridades de ser uno de los dos máximos jefes de la banda. Allí se encontró con su homólogo delincuencial, Albert Henao Acevedo (“Alber”), y el lugarteniente César Martínez Rondón (“Care Palo”).

Esta es la historia detrás del pacto de no agresión entre las bandas de Bello, realizada por EL COLOMBIANO con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Las capturas de Francisco Mazo (“Pocho”) en Bogotá (foto), y de Albert Henao (“Alber”) en Medellín, fueron cruciales para que esa banda ilegal pidiera una tregua a los enemigos. Cortesía de la Policía.

Hicieron el balance de las pérdidas que dejó la disputa, de casi dos años de duración, contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Entre febrero de 2019 y el 23 de octubre de 2020, hubo 236 asesinatos en Bello, y la Policía asegura que por lo menos el 90% estuvieron ligados a esa pelea.
A “Pocho” le mataron un hermano y un sobrino. Del lado enemigo también corrió sangre de seres queridos. La guerra llegó a tal nivel de degeneración, que las familias de los cabecillas, otrora intocables por norma mafiosa, terminaron escondidas.

Con el pretexto de proteger a sus allegados, los tres decidieron pedirle una tregua a los rivales. “Alber”, desmovilizado de las Autodefensas y con experiencia en batallas de este tipo, comentó que, por medio de un abogado, les enviaría un mensaje de paz a los jefes encarcelados de “el Mesa”, con quienes tiene interlocución.

Después de esto hubo una segunda reunión, esta vez en un baño de la Sijín. “Alber” y “Care Palo” les comunicaron la noticia a varios policías. Tal parece que “el Mesa” y “Niquía Camacol” aceptaron la propuesta, porque en octubre el índice de homicidios se desinflamó en el municipio.

Esta es la segunda tregua que pactan las bandas de Bello entre 2019 y 2020, y aunque no se sabe qué tan estable sea el periodo de tranquilidad, hay que resaltar que la disputa dejó cinco consecuencias: 1). Delincuentes otrora intocables, sufrieron un verdadero asedio por parte de las autoridades y sus adversarios; 2). Se reconfiguró el mapa criminal; 3). El municipio obtuvo apoyo del Gobierno Nacional; 4). Se consolidó la política de recompensas; 5). La lupa quedó puesta en la deuda social.

1. Sin intocables
La enemistad de “Pachelly” y “el Mesa”, dos grupos con tres décadas de existencia, tuvo varios episodios breves de violencia en los últimos 10 años, con tropeles carcelarios y homicidios selectivos. Ambas estructuras confluyen en Niquía, la comuna más próspera de la localidad en materia económica, por lo que siempre hubo competencias por las plazas de vicio y los territorios para la extorsión.

En 2019 los problemas acumulados estallaron. Según Inteligencia policial, hubo una fractura en la línea de mando de “Pachelly” y antiguos jefes, como “Sólido” y “Gancho”, reclamaron sus derechos en esa empresa ilegal, pues tras haber caído a la cárcel perdieron dinero e influencia.

El río revuelto fue aprovechado por “el Mesa”, junto a sus aliados de “Niquía Camacol”, para asestar el primer ataque. El 10 de febrero de 2019 comenzó la guerra con un triple homicidio en el barrio Niquía, donde murió Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), cabecilla de “Pachelly”.

NOTA RELACIONADA: División en la banda “Pachelly” provocó desorden público en Bello.

A partir de ahí empezaron los tiroteos diarios, desapariciones forzadas y desplazamientos. En algunas noches, caravanas de motos recorrieron las calles, obligando a la gente a encerrarse. El conflicto se concentró en dos comunas, Niquía y Altos de Niquía; tuvo su máximo pico en mayo, con 22 muertos; y un grave componente de ciberterrorismo, que a punta de chats de Whatsapp y panfletos mantuvo en zozobra a la comunidad.

La confrontación llegó hasta agosto, cuando los involucrados pactaron la primera tregua, entre otros motivos, por las elecciones regionales y la Navidad. Se desconoce si actores políticos impulsaron la decisión, pero en febrero de 2020 se reactivó la pelea, en las comunas de Niquía, La Cumbre y Bellavista.

En el segundo round, el pico de violencia estuvo en marzo, con 21 asesinatos, antes del aislamiento estricto por la pandemia.

Durante estos dos periodos, la Fuerza Pública impactó como nunca a esas bandas. De “Pachelly” cayeron “Albert”, “Pocho”, “Care Palo”, “Banano”, “Tapas” y “Agapo”, entre otros; de “Niquía Camacol”, “el Oso” y “Steven”; y de “el Mesa”, alias “el Montañero”, “Malacate”, “Faro”, “Jalea”, “Piolo”, “Pirry” y “Máscara”. Los golpes a este último grupo son significativos, porque nunca antes las autoridades lo habían atacado de manera estructural.

La degradación de esta lid extendió las agresiones a los familiares. El 5 de marzo de 2019, en una finca de San Jerónimo, asesinaron a Darío Rodríguez, de 80 años y tío de Luis Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), jefe de “el Mesa”.

Contra los allegados a “Pocho” circularon panfletos amenazantes con sus fotos;a su hermano Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), lo mataron de 40 puñaladas en la cárcel de Cómbita, el 21 de marzo de 2020, y el principal señalado del ataque es “el Montañero”, quien estaba en el mismo patio;y el 12 de agosto pasado en el barrio Araucarias, sicarios mataron a su sobrino Juan Esteban Pulgarín Cárdenas.

NOTA RELACIONADA: Aumenta tensión en Bello por muertes de “Titi” y “el Oso” en prisión.

2. El mapa criminal
La contienda debilitó en el bajo mundo la posición de “Pachelly” y sus combos aliados, “Playa Rica” y “El Congolo”. Con operaciones de extinción de dominio y capturas, también fue afectada la coalición de “el Mesa”, que incluye a las bandas de “Niquía Camacol” y “El Tapón”.

Mientras esas estructuras se diezmaban las unas a las otras, se fortalecieron “los Chatas”, otra organización histórica, que articula la alianza más grande de bandas de Bello, con “París”, “los Peludos”, “Guasimalito”, “la Camila”, “los Triana” y “el Mirador”.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que van más de 20 operaciones estructurales en Bello y que ahora habrán más extinciones de dominio, para disminuir las finanzas de estas bandas.

3. Apoyo nacional
Aunque Bello ha sufrido por la mafia desde los años 80, cuando “la Ramada” ejecutaba las funestas órdenes del cartel de Medellín, el municipio siempre tuvo que afrontar solo esa problemática. En la reciente disputa, en cambio, hubo un apoyo nacional y regional nunca antes visto.

Dos consejos de seguridad con el presidente Iván Duque y otro par con el Ministerio de Defensa ejemplifican ese respaldo. El Ejército sumó 200 hombres a los patrullajes y la Policía trajo grupos especiales de la Dijín y Antinarcóticos.

Estos esfuerzos, desde la Casa de Nariño hasta el despacho del alcalde en el parque de Bello, también influyeron en el desánimo de los cabecillas, que no vieron otra salida para su crisis que pactar la tregua.

4. Las recompensas
En los consejos de seguridad salieron a flote quejas de la ciudadanía, según las cuales hay una especie de connivencia antigua entre las autoridades locales y las bandas. Aunque la Procuraduría se comprometió a investigarlas, no ha emitido sanciones.

Sacudiéndose de esos señalamientos, la presente Alcaldía, como principal aporte a la lucha contra el crimen organizado, ha logrado consolidar este año una efectiva política de recompensas. La secretaria de Seguridad bellanita, Daniela Ortega, contó que durante 2020 se han entregado $337 millones, que han facilitado las capturas de objetivos de alto valor. “Seguimos ofreciendo el pago de hasta $50 millones por los cabecillas”, dijo.

5. Y ahora, lo social
En septiembre hubo 12 homicidios en Bello, según la Policía, y la cifra se redujo en octubre y noviembre. El congelamiento del conflicto pone de presente, más allá de las tareas de la Fuerza Pública, lo que deben hacer las autoridades civiles a nivel social, para evitar que de nuevo se encienda la mecha.

El personero Bernardo García ha dicho que hace falta recuperar a “una juventud perdida en la delincuencia”, con proyectos educativos y de empleo. Para el alcalde Óscar Pérez esa estrategia ya está en curso, con un plan de trabajo con las empresas privadas, pensando en llevar oportunidades a la nueva generación.

Entretanto, la comunidad bellanita permanece en tensa calma. ¿Hasta cuándo durará la tregua? Las fuentes de Inteligencia aseguraron que todo depende de lo que pida “el Mesa”y lo que esté dispuesto a ceder “Pachelly”, en cuanto a negocios y territorios, porque aunque nadie ganó, ninguno quiere irse de la guerra con las manos vacías .

Negociaciones

Después de la primera tregua de septiembre de 2019, la banda de “el Mesa” se quedó con varios sectores de la comuna de Niquía, que antes ocupaba “Pachelly”, como la zona de Niquía Viejo, el sector La Guayana y las inmediaciones de la clínica del Norte, según fuentes judiciales.

Una de las condiciones de la segunda tregua, indicaron testigos a EL COLOMBIANO, fue excluir a las familias de la pelea entre “Pachelly”, “el Mesa” y “Niquía Camacol”; la segunda, fue disminuir los asesinatos en Bello, para no provocar los operativos de la Fuerza Pública.

Tras la nueva tregua, hay varias peticiones en juego: “el Mesa” pidió a “Pachelly” que le devuelva a su exjefe, alias “Guayabo”, la porción del negocio que perdió al caer a prisión; “Sólido”, otro exlíder de “Pachelly”, exigió que le devolvieran unas minas de oro que tenía en el Nordeste. Aún no se sabe si “Pachelly” cederá a estos reclamos.

El Inspector.

En otra audiencia, el mismo juzgado también envió a una celda a Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), presunto jefe de sicarios de “el Mesa” y enemigo mortal de “Pocho”.

Luego de su captura en Bogotá, Francisco Mazo (“Pocho”) fue trasladado a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En una vía pública de la ciudad de Bogotá, la Dijín de la Policía capturó el 26 de septiembre de 2020 a Mazo Pulgarín. La detención se presentó en cumplimiento de una orden de captura por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento del procedimiento, el sospechoso se identificó con una cédula y una licencia de conducción que tenía su foto, pero los datos de un familiar. Los detectives descubrieron el engaño.

Mazo está en el cartel de los más buscados del municipio de Bello, señalado por las autoridades de ser uno de los supuestos responsables de la guerra de bandas que afecta a esa localidad desde febrero de 2019.

En esa época comenzó una violenta confrontación entre “Pachelly” y sus enemigos de “el Mesa” y “Niquía Camacol”, caracterizada por asesinatos selectivos, tiroteos en vías públicas y desplazamientos intraurbanos.

NOTA RELACIONADA: Triple homicidio selló otra semana violenta en las calles de Bello.

En el prontuario de “Pocho” ya hay una condena de cuatro años por concierto para delinquir. En 2014 fue capturado en una finca de El Peñol y puesto tras las rejas. También es desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas paramilitares (2006).

Volvió a las calles a finales de 2016, y según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, siguió delinquiendo.

En la audiencia de control de garantías, que terminó este martes 29 de septiembre, el ente acusador le imputó el concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, pero él se declaró inocente de ambos cargos, antes de ser enviado a prisión.

NOTA RELACIONADA: Con “Pocho” se extingue una generación de “Pachelly”.

JEFE DE SICARIOS

“Pirry” también se declaró inocente, en su audiencia del pasado 16 de septiembre. Le imputaron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por ser el supuesto jefe de sicarios de la banda “el Mesa”.

Jhonathan Castrillón, alias “Pirry”. Cortesía.

La Dijín lo detuvo el 14 de septiembre, en un allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Prado de Bello. De acuerdo con la información preliminar, en dicho procedimiento también le encontraron 10 papeletas del estupefaciente conocido como tusi o 2CB.

Aunque se presume que “Pirry” ha coordinado muchos de los asesinatos en el marco de la guerra contra “Pachelly”, de momento solo le imputaron uno ocurrido el 31 de mayo de 2017.

Aquel día, un grupo de hombres secuestró a Santiago Londoño Álvarez en el barrio Andalucía de Bello. Lo llevaron a una casa del sector El Tapón, donde estaba “Pirry”. Lo señalaron de tratar de robarse una moto y lo degollaron con una sierra.

Después lo desmembraron y empacaron en tres bolsas de plástico, las cuales arrojaron al día siguiente en un calle del barrio Toscana de Medellín.

Jhonathan Castrillón ya tiene una condena en su prontuario, de 2009. Esa vez fue capturado por liderar una red de tráfico de drogas en Soacha (Cundinamarca) y en Bogotá, en particular en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Allá la organización criminal “el Mesa” es denominada “los Paisas”.

La sentencia fue de 14 años y cinco meses, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, por tráfico de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

Como sucede con casi todos los cabecillas del crimen organizado de Bello, no pagó la pena completa y regresó a las calles el 5 de diciembre de 2016. De hecho, tiene otra investigación penal en curso, porque al parecer en ese expediente figuraba con una identidad fraudulenta, a nombre de Héctor Jhonatan Rua Díaz.

En la actualidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

NOTA RELACIONADA: Millonario embargo de bienes a la banda “el Mesa”.

El Inspector.