El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Argenta, desarrollada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía, y sus resultados fueron presentados el 9 de marzo por el fiscal General de la Nación.

Estos son algunos de los taxis decomisados por las autoridades a la red de lavado de activos de “la Terraza”. Foto: cortesía de la Policía.

“Incautamos $10.000 millones a ‘la Terraza’, estamos quitándoles la fuente de financiamiento a estas organizaciones y golpeando las economías ilegales que afectan a la ciudad”, declaró el fiscal Francisco Barbosa.

“La Terraza” es una de las bandas más antiguas, surgió en los años 80 y está en la segunda generación de su cúpula. Obtiene ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas mafiosas, sicariato, extorsiones, pagadiario y venta ilegal de lotes, entre otros.

Bajo su estructura confederada tiene 55 combos a su disposición, que actúan en las comunas de Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; en el Suroeste y Oriente de Antioquia.

La Operación Argenta golpeó a una de estas subestructuras, “la convivir de San Benito”, la cual tiene influencia en los barrios Estación Villa, San Benito, Candelaria y Villa Nueva, del centro del Medellín.

Según Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, este grupo integra el ala financiera de “la Terraza”, “encargado de ocultar los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes, mediante la compra de inmuebles y taxis, desarrollando también otras maniobras de ocultamiento para ingresar dinero al sistema financiero”.

En allanamientos realizados en Medellín y el municipio de San Roque, fueron capturados siete presuntos integrantes de “la convivir de San Benito”, todos de la misma familia: el presunto cabecilla Hernán Monsalve García (“el Viejo”), Cristian Monsalve Hincapié, Darwin Monsalve Cortés, Caroline Monsalve Hincapié, Luz Monsalve Jaramillo, Estefanía Monsalve Cuartas y Yeny Guzmán Monsalve.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ellos negaron en el estrado. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Las autoridades embargaron dos casas, siete apartamentos con sus parqueaderos, dos locales comerciales, dos edificios en etapa de construcción y los 14 taxis, entre otras propiedades, por un valor de $10.000 millones. Sobre estos bienes inició un proceso de extinción de dominio.

También investigan varios hoteles y residencias del Centro, que al parecer eran usados para el acopio y venta de droga, según la fiscal Bahamón.

¿PARA QUÉ LOS TAXIS?
De estos embargos, lo que más sorprende es la “flotilla amarilla”. ¿Para qué le interesa a “la Terraza” invertir su plata en taxis? Para resolver la inquietud, consultamos a investigadores de la Dijín y la Fiscalía que han combatido a esta banda.

“A ellos les sirve para movilizar a sus integrantes de forma desapercibida, y para el transporte de armas y drogas”, indicó uno de ellos. Esta situación quedó ejemplificada con una sentencia del Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, proferida el 15 de diciembre de 2014 contra el taxista Pedro Peña Pérez, alias “Pedrito”.

La justicia lo condenó a 12 años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y uso de menores para delinquir, al comprobar que transportaba drogas para las plazas de vicio de “la Terraza” y pistolas para las “vueltas” de sus sicarios. En sus desplazamientos llevaba a un niño vecino, para no levantar sospechas.

El vehículo estaba a nombre de su mamá, a quien le liquidada $60.000 diarios, y adscrito a una empresa legal de taxis de Medellín.

Otro uso que le dan a los “amarillos” es en labores de seguimiento de futuras víctimas de secuestro y asesinato. Un episodio asociado a esto ocurrió el 12 de julio de 2012, en la entrada del Jardín Botánico, donde la banda acribilló a dos policías dentro de una camioneta: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, de la Dirección Antinarcóticos, quienes hacían un trabajo encubierto para capturar a “Pichi Gordo” y “Barny”, dos jefes de “la Terraza”.

Aquel día esperaban a un informante que los llevaría a la finca en la que supuestamente estarían los cabecillas, pero este los traicionó y a la cita solo llegaron los asesinos.

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La investigación demostró que antes del ataque, un taxi hizo rondas para vigilar la zona, y que ahí se transportaron las armas de los sicarios. El taxista Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo”) fue condenado a 14 años por su participación en el crimen.

“A ellos también les sirven los taxis para blanquear el dinero que consiguen de forma ilegal, por medio de testaferros. A la DIAN le reportan unas ganancias mensuales, que en realidad son infladas para ocultar los ingresos de las plazas de vicio, ¿porque quién puede confirmar exactamente cuánta plata hace un taxi con sus carreras?”, señaló otro de los investigadores.

“La Terraza” –al igual que otras bandas del Valle de Aburrá– usa estos automotores como inversión “legal”. “En este caso les encontraron 14 taxis, todos afiliados a empresas, y supongamos que cada uno liquidaba $80.000 diarios. Eso da $33’600.000 al mes, no es un mal negocio”, concluyó la fuente.

ANTECEDENTES CERCANOS
Esta es el segundo golpe con fines de extinción de dominio que le hacen a “la Terraza” en menos de dos años. El 30 de octubre de 2019 se ejecutó la Operación Amonet, en la cual fueron embargados 378 bienes valorados en $400.000 millones, los cuales estaban a nombre de supuestos testaferros y familiares de “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Guasón”, “Saya”, “Keiler”, “el Cerdo” y otros miembros de la facción.

Entre los bienes hubo 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades. Esto incluyó cuatro edificios en el sector El Hueco, del centro de Medellín.

Ya pasaron 17 meses desde aquella medida y, según fuentes judiciales, el proceso avanza muy lento. El juzgado está a la espera de que la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio presente la demanda de extinción, la cual le ha devuelto dos veces para que le haga ajustes. Se presume que resolver este caso podría tardar otros tres años.

En la resolución de medidas cautelares expedida por la Fiscalía 65 (radicado N°1100 16099 068201 701074) fueron expuestas algunas de las modalidades con las que “la Terraza” adquiere estos bienes.

“Es tal su poder que se dedica a tomar la ley por su cuenta, se subrogan funciones de ‘conciliadores’ o ‘notarios’, para realizar partición de herencias, bajo la intimidación a sus víctimas, que se ven obligadas a firmar documentos y aceptar las condiciones por ellos impuestas”, indicó la Fiscalía, y aseveró: “Aunado a ello, se establece la participación de personas que prestan su nombre para efectuar negociaciones para ellos, pretendiendo ocultarse en el perfil de comerciantes”.

Las propiedades y bienes embargados en las dos operaciones están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo los taxis con los que al parecer ejecutaban sus fechorías.

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Los asesinatos ocurrieron en la misma zona de influencia de las víctimas, en el lapso de una semana y con una modalidad criminal parecida.

En esta camioneta se transportaba la víctima, cuando los sicarios atacaron. Foto de Róbinson Sáenz.

A la 1:15 p.m. de este martes (abril 21), sicarios a bordo de una motocicleta Pulsar blanca interceptaron la camioneta Hyundai Tucson en la cual viajaba Vélez Gómez, de 48 años y presidente del Consejo Directivo de la Cooperativa de Transportes de Medellín (Cootransmede), que agrupa a cientos de taxistas de la ciudad.

El directivo venía de su casa y estaba a pocos metros de su sede laboral en el barrio Trinidad, cuando las balas lo alcanzaron a él y a su conductor Róbinson Pérez, a través de la ventanilla. Los agresores escaparon a toda velocidad y se presume que habrían actuado en complicidad con los ocupantes de un taxi que también se evadió, de acuerdo con fuentes policiales.

Juan Esteban Vélez, directivo de Cootransmede. Cortesía.

El conductor Pérez alcanzó a ser llevado a la Clínica Las Américas, donde permanece en estado delicado, pero Vélez falleció en la silla del copiloto. Era padre de dos hijas, llevaba casi dos décadas trabajando en el gremio del transporte y era invidente, por causa de un atentado perpetrado en años anteriores.

“Es muy posible que estos hechos estén relacionados”, explicó el secretario Vargas, para referirse a este caso y el de Róbinson Aguirre Carrero, alias “el Mello”, asesinado la semana pasada en el parqueadero de la Unidad Deportiva de Belén (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinan al “Mello” después de un partido de fútbol).

Aunque este hombre de 31 años carecía de antecedentes judiciales, en algunas indagaciones policiales era referenciado como supuesto cabecilla en el sector de Barrio Antioquia (que incluye el vecindario de Trinidad, en la comuna 15), encargado de las finanzas ligadas al tráfico de estupefacientes para la organización criminal “la Oficina”.

El funcionario de la Alcaldía no especificó cuál sería la relación entre las dos muertes, no obstante, se investiga si Vélez y Aguirre habrían tenido alguna relación de carácter comercial, toda vez que el primero lideraba una empresa de taxis y el segundo era dueño de una compraventa de vehículos, ambas empresas ubicadas en la misma zona.

El Inspector.

Es que a sus 66 años, Jorge León Montoya Negrete parecía un empresario sin mayores problemas ni amenazas, salvo por los líos judiciales de un hijo.

Hoy se realizó el sepelio de Jorge León Montoya Negrete en el cementerio Campos de Paz, acompañada por una multitudinaria caravana de taxistas. Cortesía.

El crimen fue perpetrado a las 6:40 p.m. de ayer, en el centro de la capital antioqueña. El empresario acababa de salir de su cooperativa en compañía de su hija Eliana Montoya, abogada y asesora jurídica de la entidad. Ambos iban a bordo de un campero Montero Mitsubishi.

Les hicieron seguimiento y en un semáforo un sicario, usando una pistola con silenciador, les disparó. El gerente murió en Policlínica, con lesiones en el rostro y el costado izquierdo del tórax. Su hija, con ocho meses de embarazo, quedó herida en el brazo derecho.

Jorge León Montoya Negrete llevaba 28 años de su vida al frente de Coopebombas, que en la actualidad tiene 5.800 taxis afiliados. Según su hijo Diego, los últimos seis años los pasó en medio de pleitos jurídicos para que le repitieran el juicio a otro descendiente condenado.

Se trata de Jorge Andrés Montoya Moreno, sentenciado a 26 años de prisión por tentativa de homicidio agravada, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. La condena fue en calidad de reo ausente, ya que este cantante, cuyo nombre artístico en Jorge Negrete de Colombia, está viviendo en otro país.

El hecho que le endilgan sucedió el 6 de enero de 2006, cuando entregaba un dinero a una persona y esta fue abaleada y robada. El 31 de julio de 2007, el Juez Octavo Penal del Circuito de Medellín lo sentenció a la pena citada.

Este hecho ha despertado inquietudes, pues dicho juez, Diego Fernando Escobar, fue asesinado en el 2010. Aunque este crimen no se ha esclarecido totalmente, los investigadores apuntan a que lo mataron por cuestiones ligadas a su trabajo, por lo cual se sospecha de todos los procesos en los cuales tomó decisiones.

En todo caso, los familiares y empleados dijeron desconocer de amenazas en contra del empresario, quien jamás utilizó escolta, pues no se sentía en peligro. Pensaba que su hijo no fue juzgado de manera correcta, y en varias oportunidades recibió visitas de supuestos investigadores de la Policía, que a la familia le parecían raras y las interpretaban como presiones relacionadas con ese proceso.

NOTA RELACIONADA: Que lo condenen, pero que se sepa toda la verdad.

El Inspector.

El hecho más reciente sucedió en la madrugada de hoy, en el municipio de La Estrella, cuando los dos ocupantes del automóvil de servicio público esperaban a una mujer en las afueras de una urbanización residencial.

En este vehículo fueron abaleados los dos hombres, en el municipio de La Estrella. Foto de cortesía.

Según  fuentes policiales, minutos después de la medianoche, en el sector Suramérica, dos sujetos abordo de una motocicleta Yamaha BWS se arrimaron al taxi KIA y abrieron fuego con un arma de calibre 9 milímetros.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital San Rafael 1, de Itagüí, pero no pudieron salvarlos. De momento solo está identificado el conductor, Diego Esteban Montoya Díaz, de 19 años; el pasajero quedó como NN de 20 a 25 años.

Antes de esto, el pasado 26 de octubre, una pareja de novios fue acribillada dentro de otro taxi. Sucedió a las 6:30 p.m. en la vereda Manzanillo, ubicada en la parte alta de Belén (suroccidente de Medellín).

En la vía que conduce a dicha vereda, una carretera más bien desolada, los asesinos dispararon cuando el conductor Luis Amadeo Arias Jaramillo, apodado ‘La Rata’, estaba retrocediendo. Al recibir los impactos, el hombre de 37 años quedó recostado en las piernas de su compañera Claudia Manrique Márquez, que estaba en el puesto de copiloto. Ella, de 25 años y empleada de un restaurante, también falleció en el acto.

Escena del doble homicidio de las adolescentes. Aún no se ha esclarecido este crimen. Foto de Carlos Taborda.

Y el tercer incidente ocurrió el 24 de octubre, en el barrio López de Mesa, al noroccidente de la capital paisa. Allí, en horas de la noche, abandonaron un taxi en plena vía pública. Cuando la Policía llegó a revisarlo, encontraron en el baúl los cadáveres de dos amigas adolescentes de 14 y 15 años.

Las habían matado con arma blanca y después introducido en el automotor, el cual había sido robado horas antes por dos pasajeros que lo abordaron en el Centro.

NOTA RELACIONADA: La violencia montó en su carro a 26 taxistas.

El Inspector.