La operación con fines de extinción de dominio, denominada Temis III, requirió un trabajo de un año y fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía en ocho municipios de Antioquia (Bello, Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Rionegro, El Retiro y San Jerónimo), en Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés), donde fueron detectados los bienes adquiridos, presuntamente, con dinero teñido de miedo y sangre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las fincas embargadas en el norte del Valle de Aburrá. En los círculos aparecen los cabecillas y principales sospechosos de liderar la trama de lavado de activos. Fotos cortesía de la Policía.

En la lista de embargos hay 32 apartamentos, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales, 13 fincas, seis lotes, cuatro locales, cuatro garajes, tres casas, tres parqueaderos, un cuarto útil y un edificio. Sobresalen una cabaña de lujo frente al mar, en la playa de Tolú, y un título minero en la lejana ciudad de Mitú.

Sobre esto último, Ana Catalina Noguera, delegada de la Fiscalía contra las Finanzas Criminales, indicó que el título permitía la explotación de un yacimiento de coltán en 1.995 hectáreas, en una zona de protección ambiental.

Este mineral, usado en la fabricación de artefactos electrónicos, como cámaras y celulares, tiene un valor en el mercado de $1.200 millones por tonelada, según la Policía.

EL MODUS OPERANDI
“El Mesa” se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, hurto, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras conductas. El dinero producido en esas actividades, es lavado en propiedades como las ocupadas en Temis III, de acuerdo con la Fiscalía.

Noguera señaló que dichos bienes estaban a nombre de familiares y testaferros de varios integrantes de la cúpula de la organización, incluyendo niños y ancianos. Las propiedades les eran transferidas con la modalidad de compraventas simuladas y traspasos.

De hecho, como representante legal de la mina de coltán figura una mujer de estrato económico bajo, afiliada al Sisbén, que al parecer estampó su firma en el documento sin tener cómo justificar semejantes recursos.

Los cabecillas sospechosos de participar en este esquema de lavado están condenados y tras las rejas, por concierto para delinquir agravado. Ellos son: Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), sentenciado a 14 años; Luis Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), quien paga ocho años y tiene una investigación en curso por homicidio; Eligio Pérez Peña (“Malacate”), ocho años y cuatro meses; y Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), siete años y medio.

El informe oficial indicó que “Vallejo”, cofundador y socio financiero del grupo, “trató de darle apariencia de legalidad a su dinero, aduciendo haberse ganado la lotería”, hecho que fue desvirtuado.

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El general Fabio López, director de la Dijín, declaró que varias de las propiedades, en especial las de Bello, eran adquiridas con “exigencias extorsivas a las constructoras”.

Este fenómeno, conocido como “la mafia del ladrillo”, lleva más de una década implementándose en la localidad, no solo por parte de “el Mesa”, sino de otras bandas como “Pachelly”, “los Chatas”, “Niquía Camacol” y “la Camila”. Consiste en exigirle a los constructores varios apartamentos como pago por “el derecho” a edificar en los vecindarios que ellos “controlan”.

En esos recintos suelen vivir familiares y amigos de los integrantes de las organizaciones delictivas, o terceras personas que les pagan arriendo.

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EMPRESA CRIMINAL
Según fuentes judiciales, “el Mesa” delinque desde los 90, cuando nació en el barrio del mismo nombre, en Bello. A pesar de llevar tanto tiempo activa, su persecución solo fue priorizada por las autoridades en 2018, cuando estableció alianzas con el Eln y disidencias de las Farc, para producir y vender drogas en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Hasta entonces, ni siquiera aparecía en las listas de blancos estratégicos priorizados.

Esa suerte de anonimato favoreció su crecimiento, hasta convertirse en una empresa criminal con tentáculos en Medellín, Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y el Oriente antioqueño. El general López dijo que hoy tendría 85 integrantes fijos y cerca de 300 colaboradores.

Con varios de los jefes en prisión desde 2019, el mando del grupo en la calle recayó en alias “Magandy”, “el Diablo” y “Gordo Willington”.

Noguera reconoció que “esta es la primera gran operación contra el patrimonio ilícito de ‘el Mesa’”. Los bienes a los cuales les aplicaron las medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

En el operativo, con fines de extinción de dominio, resultó salpicado un futbolista profesional. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos dos edificios, ubicados en el centro de Medellín, fueron embargados en el operativo contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

“Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín contra una banda criminal”. Así lo aseguró este miércoles 30 de octubre el alcalde Federico Gutiérrez, cuando informó acerca de los 378 bienes y propiedades embargados por el Estado por estar presuntamente vinculadas con “la Terraza”.

Los bienes fueron avaluados en más de $400.000 millones y estaban a nombre de los cabecillas “Chicho”, “Pichi Gordo”, “Guasón”, “Andrés el Cerdo” y “Keiler”, familiares suyos y testaferros. El operativo que permitió dar este golpe fue bautizado como Amonet y fue desplegado tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía y la Dijín (NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa).

Las rentas criminales, producto de homicidios, extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades delictivas, permitieron a estructura la adquisición de 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades.

“No se trata solo de capturas, sino ir detrás de la plata de las estructuras. Esto sí que les duele”, expresó el mandatario y agregó que el operativo puede animar a las víctimas para que denuncien contando cómo les fueron arrebatadas sus propiedades, que al final pasan a pertenecer a los jefes de las estructuras, en algunos casos con procedimientos ilegales en notarías.

Entre bienes embargados destacan cuatro edificios en el sector El Hueco del centro de Medellín, dos de ellos de 16 pisos y uno a una cuadra de la estación de Policía de La Candelaria. Estos inmuebles, que fueron sellados este miércoles, pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los demás son 127 bodegas, 91 parqueaderos, 82 locales comerciales, 17 apartamentos, 14 lotes, 6 casas, 2 chalets y una finca. En locales comerciales hay 4 empresas de inversiones de bienes inmuebles, 3 boutiques, 2 peluquerías, una ferretería, una comercializadora de belleza, una empresa textil, una droguería y un polígono de tiro deportivo, este último propiedad del futbolista antioqueño Andrés Felipe Cadavid Cardona.

Fachada del establecimiento El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores, occidente de Medellín. Foto de cortesía.

En sociedades se ocuparon 6 compañías de servicios inmobiliarios y de construcción y una comercializadora de cosméticos; 375 de los bienes están en Antioquia (Envigado, Copacabana, Bello y San Jerónimo), otros dos en Magdalena y uno más en Atlántico.

El primer paso fue el embargo, luego sigue interponer la demanda de extinción de dominio ante el juez (la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para hacerlo). El veredicto podría durar hasta cinco años, según los antecedentes.

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales, porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

UN FUTBOLISTA SALPICADO CON LOS EMBARGOS

“Andrés Cadavid no tiene nada que ver con la banda ‘la Terraza’”, aseveró Mauricio Beltrán, abogado de ese futbolista, en respuesta a esta operación con fines de extinción de dominio, en la que las autoridades incluyeron tres bienes del jugador.

El informe de la Fiscalía indicó que “los bienes eran usados por ‘la Terraza’ como estrategia para evadir la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a los recursos producto de sus crímenes”.

Y en la lista de posesiones afectadas aparecen un carro, una camioneta Ford Edge y el establecimiento El Viejo Oeste, en el cual se ofrece el servicio de polígono, cursos para el manejo de armas de fuego y venta de accesorios de tiro y caza deportiva. Estos tres bienes pertenecen a Cadavid, futbolista profesional vinculado actualmente al club Deportivo Independiente Medellín.

La camioneta embargada a Cadavid fue presentada por las autoridades, en el marco de la operación contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

El abogado Beltrán criticó la manera en que las autoridades presentaron el caso ante los medios de comunicación, pues a su juicio mezclaron expedientes diferentes.

“El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo, que es una medida administrativa, fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar. Pero no tiene nada que ver con ‘la Terraza’”, declaró el jurista.

A mediados del presente año estalló un escándalo sobre presunta corrupción en el Ejército, relacionado con irregularidades en la contratación y la supuesta existencia de una red de militares corruptos que manipulaban la venta de armas y la expedición de permisos especiales para el porte, con el propósito de favorecer a las bandas criminales, entre ellas “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Jefes de bandas, con permisos para portar armas).

La investigación, que está en etapa de indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, puso la lupa en la Dirección de Control Comercio de Armas (DCCA) y la Cuarta Brigada, por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Una de las hipótesis de las agencias de seguridad es que en esa red estarían involucrados establecimientos de tiro deportivo y polígono, al parecer favorecidos con permisos y licencias firmados por los uniformados sospechosos. Fue en ese contexto en el cual las fuentes de los investigadores mencionaron a El Viejo Oeste.

Para el momento de esos hechos, la empresa ubicada en el barrio Los Colores de Medellín, a una cuadra del comando de la Cuarta Brigada, pertenecía a dos socios: Andrés Cadavid y Alexánder Giraldo Santa.

La compañía apareció de nuevo mencionada en una investigación judicial el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras del local unos sicarios hirieron a bala a Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla “la Terraza” y uno de los perjudicados con el decomiso de bienes en la reciente Operación Amoret. En ese ataque, una esquirla de proyectil lesionó en un pie a un administrador del polígono (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Y el siguiente 12 de agosto en el municipio de Bello, mataron a los dos escoltas de Giraldo Santa, el socio de El Viejo Oeste. A raíz de lo sucedido, él le vendió sus acciones a Cadavid y salió de la ciudad.

En entrevista con El Colombiano, el pasado 29 de julio, el futbolista declaró: “Yo no conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso a mí ni siquiera me llamaron de la Fiscalía esa vez”.

Añadió que los militares nunca le pidieron sobornos para tramitar las licencias de funcionamiento de la empresa y reiteró: “Yo soy un hombre de bien. Mis actuaciones están a la vista de la gente, todos saben lo que hago, cuándo entreno, cuándo viajo. En ningún momento me han llamado de la Fiscalía, pero no tengo nada que esconder”.

Respecto a la indagación preliminar sobre la trama de corrupción de los militares, el abogado Beltrán precisó que el ente acusador no ha vinculado a su cliente como persona natural, “eso está cerrado, él no está involucrado ni como imputado ni como testigo. Pero la Fiscalía quiso tomar esas medidas cautelares sobre la sociedad comercial, mientras avanza en el caso”.

Luego del embargo de los dos vehículos y del establecimiento, la Fiscalía tiene seis meses para decidir si interpone o no una demanda de extinción de dominio ante un juzgado. “Andrés tiene derecho al debido proceso, vamos a demostrar que esos bienes los consiguió de manera legal con el dinero que ha ganado como futbolista”, acotó Beltrán.

El jurista también emitió un comunicado en el cual reiteró que en las bases de datos de la Fiscalía no figuran anotaciones ni procesos penales contra el deportista y le solicitó al Alcalde de Medellín “que rectifique la información fuera de contexto que entregó a los medios de comunicación, donde señaló a mi cliente como parte de una estructura criminal y testaferro de la misma, además de mencionar que se encontraba capturado”.

Hasta el momento Cadavid no se ha pronunciado acerca de esta situación. Está en concentración para el primer partido de la final de la Copa Colombia, este sábado, contra el Deportivo Cali.

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El Inspector.

Como principal lugarteniente del hoy extraditado Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, emergió el mote de “Fredy Colas”. Por información de la ciudadanía, las autoridades lo señalaban de ser el líder de los combos de las comunas 8 y 9 de Medellín, pero no lograron expedirle orden de captura, ni siquiera tenían una identificación plena que pudiera ayudar en su persecución.

“Fredy Colas” se mantuvo como un enigma hasta ayer, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su fotografía en un organigrama, señalándolo de ser “un importante subjefe (underboss) en la organización criminal conocida como la Oficina”. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así presenta a "Fredy Colas" el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cortesía.

Su nombre, de acuerdo con el expediente que le abrieron en Estados Unidos, es Fredy Alonso Mira Pérez, nacido en Bogotá, quien hoy cumple 47 años de edad.

Habitantes del barrio Buenos Aires, donde “Fredy Colas” se crió, aseguran que le gustan los vehículos de alta gama y que con frecuencia es visto con hermosas modelos en conciertos de música electrónica en Medellín y Cartagena.

Entre las escasas anotaciones policiales que hay en su contra, está una detención en las afueras de una discoteca de El Poblado, cuando al parecer llevaba varias pastillas de éxtasis, una droga sintética.

El capo “Sebastián” también vivió en Buenos Aires, por lo cual establecieron una amistad desde la juventud. Cuando estalló la guerra contra la facción de “la Oficina” que lideraba Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), “Fredy Colas” se alineó con su amigo.

En la actualidad, Inteligencia de la Policía lo señala de ser el supuesto líder de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una especie de confederación ilegal que rinde cuentas a “la Oficina” y agrupa a varios combos de Villa Hermosa y Buenos Aires.

Estados Unidos comenzó a interesarse en él tras la extradición de “Valenciano”, en diciembre de 2011. “Si quieren atrapar a ‘Sebastián’, sigan a ‘Fredy Colas’”, les dijo el capo a los investigadores que lo arrestaron en Venezuela.

En octubre de 2013 fue extraditado su patrón y amigo “Sebastián”, quien como parte de su negociación con las autoridades norteamericanas comenzó a suministrar información. En consecuencia, el pasado 26 de junio el Departamento del Tesoro incluyó a “la Oficina” en la Lista Clinton, con lo cual congela las transacciones financieras con bienes y empresas supuestamente ligadas a esa estructura mafiosa, y prohibe a los estadounidenses comerciar con ellos.

LAVADO DE ACTIVOS
En la investigación del Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas (DEA), basada en la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, se incluyó en la Lista Clinton a otras 11 personas, señaladas de conformar, presuntamente, una red de lavado de activos para “la Oficina” y “Fredy Colas”.

Esta red también estaría ligada con uno de los blanqueadores de dinero más perseguidos del mundo, Ayman Saied Joumaa, alias “Junior” o “el Turco”, cuya labor, de acuerdo con el gobierno de E.U., es conseguir dinero con mafias de Latinoamérica para financiar al grupo Hezbolá de Medio Oriente.

“Los miembros de ‘La Oficina’ han utilizado con éxito las redes internacionales de Ayman Joumaa para mover la droga colombiana por todo el mundo”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Los afectados por la decisión de ese organismo son ciudadanos oriundos de Antioquia, conocidos como el clan Mejía: Pedro Claver Mejía Salazar, señalado de ser el supuesto líder de la red; los hermanos Víctor Gabriel, Juan Carlos y Andrés Camilo Mejía Alzate; los hermanos Jesús Rodolfo, José Guillermo y José Albeiro Barco Mejía.

De igual manera, figuran en el organigrama Rosalba Alzate Giraldo, José Alejandro Mejía Alzate, María Leivy Mejía Alzate y Humberto Antonio Bedoya Espinosa.

En el expediente fueron afectadas 15 empresas relacionadas con este grupo familiar, entre las cuales hay firmas de productos estéticos, construcción, inversiones, hoteles, promotoras turísticas y canteras. Las entidades están localizadas en Medellín, La Pintada, Copacabana, Manizales y Aguadas (Caldas).

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El Inspector.