La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

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En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

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El Inspector.

En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

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La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

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Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

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EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

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ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

Un micrófono oculto en un carnet, interceptaciones telefónicas y testigos clave develaron la trama que llevó a la muerte de dos policías antinarcóticos y un golpe letal a la banda “la Terraza”.

En nuestra sección CASO CERRADO, recordamos la historia de la caída de “Yordi”, quien en la actualidad paga una condena de 16 años de cárcel por dos asesinatos (ver la NOTA RELACIONADA: Miembros de “la Terraza” reconocen actos de sicariato). El reportaje fue elaborado en equipo por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Desde la audiencia de control de garantías, Juan Pablo Taborda, alias “Yordi”, supo que estaba perdido.

El informante “Arbey” estaba entre la espada y la pared: de una lado, la Policía Antinarcóticos sospechaba que había fraguado una traición mortal; del otro, la mafia lo tenía en la mira por considerarlo “un sapo”.

Fue por eso que, en medio del nerviosismo, llamó a un amigo recluido en la cárcel de Barbosa, con la promesa de contarle todo y desahogarse, sin saber que la línea telefónica estaba interceptada.

Los investigadores estructuraron así una operación de espionaje, tendiente a descifrar la trampa que el 12 de julio de 2012 terminó con la muerte de los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, integrantes de la Dirección Antinarcóticos que investigaban a la organización ilegal “la Oficina” (ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”).

Los elementos probatorios, que terminaron en la medida de aseguramiento intracarcelaria contra cuatro sospechosos, fueron destapados por la Fiscalía 24 adscrita a la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes, en las audiencias de control de garantías.

La cita de “Arbey” con su socio se llevó a cabo el domingo 05/8/12. Mientras hacía los trámites de registro para acceder a los patios, un funcionario le entregó una tarjeta de visita, con la advertencia de que debía portarla en un lugar visible y no extraviarla, so pena de tener pagar $20.000.

En el carnet iba oculto un micrófono de alta tecnología, que permitió a los agentes grabar a distancia la sombría confesión de “Arley” a su amigo.

El informante relató que meses antes fue contactado por “Estiven”, un antiguo amigo de la infancia, preso en la cárcel de Barranquilla. Le dijo que había una gente de Honduras ofreciendo $50 millones a quien les ayudara a ubicar a alias “Pichi” y “Barny”, dos jefes de “la Oficina” que al parecer le debían dinero a su patrón.

“Arbey”, residente en el nororiente de Medellín, accedió a colaborar y reunirse con los supuestos emisarios del patrón hondureño, ajeno al hecho de que se trataba de policías. Su contacto sería “Javier”, el nombre clave que usó el subintendente Moreno para infiltrarse en la banda.

Luis Arbey Aguirre, alias “Arbey”. Cortesía.

Tras una reunión en cercanías del C.C. El Diamante, acordaron verse a las 7:00 a.m. de aquel 12 de julio en la entrada del Jardín Botánico, para luego ir a una finca de Santa Rosa de Osos, donde al parecer pernoctaban los jefes buscados.

La Fiscalía sugiere que “Arbey” jugó en ambos bandos y les habría notificado a los de “la Oficina” la acción que se tramaba. Estos le habrían ordenado que debía entregarles a esos tipos para matarlos, lo que efectivamente sucedió.

LOS TESTIGOS
Minutos antes del fatídico encuentro con el informante, las cámaras de dos establecimientos públicos grabaron los movimientos de un par de motociclistas, quienes daban vueltas a una estación de gasolina y entraron a un granero aledaño al Jardín.

De igual manera, dos patrulleros que hacían la ronda detuvieron un taxi sospechoso, que iba detrás de las motos. En el registro al conductor no le hallaron nada inusual y lo dejaron partir, ignorando lo que pronto ocurriría.

A las 7:20 a.m., un policía que había terminado su turno laboral en la comuna 13, pasaba por el lugar en un carro, justo cuando dos mercenarios descendieron de las motos y acribillaron a bala a los ocupantes de una camioneta Toyota Fortuner.

“¡Central, acaban de sicariar a una gente en el Jardín Botánico, estoy siguiendo a los sicarios, son dos motos XT 660, una tiene la placa tapada por un protector de zapato, termina en 5A, se acaban de perder por la plaza de Campo Valdés!”, narró el policía en su llamada a la Línea 123.

Las interceptaciones y los relatos de testigos, derivaron en órdenes de captura contra Luis Carlos Vásquez Barrera, alias “Maní”, quien al parecer era usado por la organización en casos de fleteo y homicidio, por ser un motociclista experto; Juan Pablo Álvarez Quintero, “el Gordo”, conductor del taxi en el que al parecer transportaron las armas para el doble asesinato; y Luis Arbey Aguirre Gutiérrez, “Arbey”, quien les habría señalado las víctimas a los sicarios.

La recompensa de “la Oficina”para este hombre fue más plomo. El 08/8/12 lo citaron a Girardota para entregarle unas “facturas”, tal cual se oye en las grabaciones. Para la Fiscalía, ese encuentro era para pagarle el dinero por la delación de los policías.

Cuando llegó al sitio, “Arbey” fue atacado por un sujeto que descendió de un taxi. Gracias a su ágil reacción, sobrevivió con apenas un balazo en el antebrazo.

EL JEFE
Las interceptaciones arrojaron que “Maní” y “el Gordo” tenían un patrón: Juan Pablo Taborda Zamora, alias “Yordi”, “el Gomelo” o “Mono”.

Juan Pablo Taborda, alias “Yordi”. Cortesía.

Según el informe oficial de la Policía, él fue “autor intelectual de la muerte de los uniformados”. Lo tildaron de ser jefe de sicarios de “la Oficina” y la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con influencia en las comunas 3 y 4, al servicio de “Pichi” y “Barny”.

La Fiscalía presentó audios que lo relacionan con la supuesta comisión de homicidios y extorsiones, entre ellos una conversación en la que su hermano “Tavo”, que está en la cárcel, le da la dirección y el nombre de un ciudadano para cobrarle “una plata”.

El 6 de agosto de 2013 fueron capturados “Maní”, en Manrique, y “Yordi” y “el Gordo” en el parqueadero del Éxito de El Poblado (ver la NOTA RELACIONADA: Ni la magia negra pudo proteger a alias “Yordi”).

Un suboficial de Antinarcóticos relató que “a Taborda lo capturamos en compañía de un médico, a quien consultaba porque hace tres años le dieron unos balazos que le comprometieron órganos digestivos”.

En la audiencia, la Fiscalía les imputó a “Maní” y a “el Gordo” las conductas de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de la Fuerza Público; y a “Yordi”, concierto para delinquir agravado.

“Arbey” había sido detenido el pasado 10 de abril por tráfico de estupefacientes y recluido en la cárcel El Pedregal.
Ahora le imputaron homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno de ellos aceptó la culpa en su momento, pero más tarde fueron sentenciados.

GOLPES A LA ORGANIZACIÓN
Antes del presente operativo, la “Odín la Terraza” había sido golpeada con la captura de Édinson Rodolfo Rojas, nombre de pila de “Pichi”.

Lo sorprendieron en una casa de Panamá (10/2/13), donde se dedicaba al culto de la santería para evadir a las autoridades. El general José León Riaño, director de la Policía, dedicó el éxito de ese arresto a los subintendentes Castro y Moreno.

La práctica de la brujería le habría salvado la vida a “Yordi” el 29/12/12, cuando le dieron un balazo en un aparente atraco en el sector El Plan de Aranjuez. El proyectil le rozó la nuca y partió una cadena de oro “rezada” que siempre portaba, de acuerdo con los investigadores.

En las conversaciones interceptadas, se escucha cuando una mujer le reporta a “el Gordo” que “el ‘Monito’ está bien, gracias a mi Dios”.

Dos días después fue asesinado un importante socio de esta estructura, en la masacre de nueve personas en Envigado: Jorge Pérez Marín, alias “Morro” (ver la NOTA RELACIONADA: Las huellas dispersas de la masacre de Envigado).

Durante las audiencias, los abogados defensores no apelaron las decisiones de la juez Primera Penal Municipal Ambulante de Antioquia, quien legalizó las capturas y les dictó a todos medida de aseguramiento en la cárcel. “Sin objeciones”, decían.

Cada vez que la Fiscalía ponía las interceptaciones en los audioparlantes, “Arbey” clavaba más la cabeza entre sus piernas, y “Yordi” se tomaba el cabello, apoyado en una columna de la sala 34 del Palacio de Justicia.

Una Fiscalía de Bogotá también lo investiga por su presunta participación en el homicidio de Jorge Montoya Negrete (31/1/12), el gerente de Coopebombas, la firma de taxis más grande del país (ver la NOTA RELACIONADA: Un año del crimen que enlutó a los taxistas).

A “Maní” le espera otra próxima imputación, pues los elementos preliminares lo relacionan con el fleteo a un ciudadano, a quien le robaron $2 millones.

El futuro para estas personas es tan opaco como la brujería que antes los protegió, según sus creencias. En palabras de “Arbey”, extraídas del diálogo espiado en la cárcel, “los patrones me dijeron que no me perdiera de vista”.

El Inspector.