La superintendencia de Industria y Comercio imputó cargos contra 23 empresas que buscaban ‘hacerle conejo’ a distintas entidades del Estado, en procesos de licitación pública. Las empresas se habrían cartelizado en más de 101 procesos de contratación, entre 2014 y 2017.
Según la Superintendencia el oferente interesado en quedarse con el contrato le ofrecía a las demás empresas una suma o “bolsa” de dinero para que los demás se retiraran. Cuando esto era efectivo hacían un cobro fachada por supuesta prestación de servicio de transporte entre ellos.
“La Superindustria resaltó que el propósito del sistema descrito habría sido el de impedir las reducciones en el precio que se habrían generado en el marco de la subasta inversa si los proponentes hubieran competido efectivamente. El sistema descrito, entonces, habría logrado que el Estado pagara más por los mismos productos y servicios y que, además, ese sobreprecio fuera repartido entre todos los proponentes involucrados en la colusión o cartelización”, dijo la entidad a través de un comunicado de prensa
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio aseguró que las subastas a la inversa busca “que los oferentes hagan la menor oferta para que el Estado ahorre e invierta ese dinero en otra finalidad. La bolsa que proponían los oferentes era la supuesta utilidad del contrato que la termina pagando el Estado”.
Los contratos tenían como finalidad el suministro de materiales de construcción, pinturas y material didáctico.
Los 101 procesos de selección en los que el que el cartel habría sido ejecutado, tenían asignado un presupuesto oficial que, sumado, asciende a más de 73 mil millones de pesos.
Las entidades afectadas fueron: la Fiscalía General de la Nación; la Policía Nacional; la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; el Inpec; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el Invima; la rama judicial; el Sena; la Aerocivil; la Gobernación de Cundinamarca; la alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Antioquia.
Entre los supuestos cartelizados están Ricardo Méndez Mora; Colombia Ferreléctrica S.A.S; Tecnigrup S.A.S y Tecnología Modular S.A.S, entre otras.
Las empresas podrían ser multadas hasta con cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV) 78.124 millones de pesos y las personas naturales hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales 1.500 millones de pesos.
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