La Ley de Víctimas cumplió sus primeros cuatro años de ejecución con un saldo a favor de 502.751 personas reparadas mediante indemnizaciones económicas y otras medidas para mitigar el daño causado por el conflicto armado.
Pero con la confrontación con las guerrillas aún viva y la amenaza para la población de las bandas criminales, enfrenta el reto de reparar en los próximos años una población afectada que ya suma 5 millones 889 mil 658 personas que reclaman atención.
El 86 por ciento de ese extenso universo son desplazados, mientras que el 14 restante ha sufrido todos los flagelos de la guerra: homicidios, secuestros, actos terroristas, atentados, violencia sexual, desaparición forzada, torturas, desplazamiento forzado, minas antipersonal, entre los más graves.
El Gobierno Nacional defiende los avances de la Ley como la rehabilitación de las víctimas y sus familias con programas de atención sicosocial, salud y educación, así como el apoyo para que 80.000 familias desplazadas hayan retornado a sus tierras o fueran reubicadas.
El presidente Juan Manuel Santos destacó que gracias a cerca de 75.000 sentencias fue posible devolver 94.300 hectáreas a 15.000 personas.
Según la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, en este primer cuatrienio “se logró pasar del asistencialismo de la ayuda humanitaria que imperó al principio, a la superación de la vulnerabilidad que provocó la victimización y la perdida de hogares, y medios de sustento”.
Las asociaciones de víctimas han reconocido el valor de la Ley para la garantía de su derecho a la reparación y la atención humanitaria, pero también hay críticas por la lentitud de los trámites que implica indemnizar a millones de víctimas que se acumularon en los últimos 30 años.
No obstante, hay cuestionamientos sobre los logros. El representante Wilson Córdoba, del Centro Democrático, llamó al Gobierno Nacional a “aclarar las diferencias entre indemnización y reparación integral”.
El senador del Polo Democrático Jorge Robledo ha puesto en duda las cifras de restitución de tierras, al advertir que “se muestran como restituidas las tierras tituladas o entregadas a campesinos pobres”.
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