Una tarifa de integridad que espanta el turismo
La Asociación de Viajes de Estados Unidos (USTA) no se guardó palabras. Su presidente, Geoff Freeman, fue enfático para Forbes: “Aumentar las tarifas a los visitantes internacionales legales equivale a un arancel autoimpuesto a una de las mayores exportaciones de nuestro país: el gasto en viajes internacionales”.
Y no es un gasto menor. En 2024, los turistas extranjeros dejaron 254.000 millones de dólares en bienes y servicios relacionados con viajes en EE. UU., según la Administración de Comercio Internacional.
Pero para 2025 ya se proyecta una caída del gasto de visitantes internacionales, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), siendo EE. UU. el único país con esa tendencia a la baja.
Julia Simpson, presidenta del WTTC, fue más directa aún: “Mientras otras naciones les dan la bienvenida, el gobierno estadounidense les cobra la entrada”.
Mundial 2026: entre cifras astronómicas y miedos fronterizos
Pero todo ese potencial económico depende de un factor clave: que lleguen los turistas. Y ahí está el problema. La nueva tarifa de $250 se suma a una experiencia de viaje ya percibida como engorrosa, cara y, en muchos casos, poco hospitalaria.
Además, la administración Trump evalúa expandir la prohibición de viajes de 12 países actuales a más de 40 naciones. Esto genera preocupación entre organizadores y autoridades locales que esperaban que al menos la mitad de los asistentes fueran extranjeros.
La ley también contempla 4.100 millones de dólares para contratar 5.000 nuevos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y otros 2.000 millones de dólares en bonos de retención.
Freeman, de la USTA, ve este punto con matices. Por un lado, reconoce que más personal puede agilizar tiempos de espera en aeropuertos.
Pero también advierte: “Los titulares en todo el mundo sobre personas detenidas, dispositivos revisados y deportaciones generan temor. Y sin comunicación clara, esa mala imagen se expande”.
Otro golpe al turismo: el tijeretazo a Brand USA
La ley fiscal también recorta el presupuesto de Brand USA, la entidad público-privada que promociona a Estados Unidos como destino turístico. El recorte es brutal: de 100 millones de dólares a apenas 20 millones de dólares.
Desde la USTA advirtieron que esto equivale a cortar un motor clave para el sector. “Por cada dólar que invierte Brand USA en promoción, se generan 25 dólares en la economía estadounidense”.
Como si fuera poco, la relación de la FIFA con Donald Trump también ha encendido alarmas. La organización del fútbol mundial arrendó oficinas en la Torre Trump de Manhattan, lo que para muchos representa un claro conflicto de intereses.
Eric Trump, empresario y tercer hijo del presidente Trump, no lo escondió. “En mi nombre, en nombre de Nueva York, en nombre de la Organización Trump... los queremos”.
La UEFA criticó duramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por priorizar reuniones con Trump durante su gira por Oriente Medio, acusándolo de anteponer “intereses políticos privados” al fútbol.
¿Ganar la sede para perder turistas? La paradoja es evidente. EE. UU. ganó la sede del evento deportivo más visto del planeta. Pero al mismo tiempo, aprueba una ley que pone más trabas a los visitantes extranjeros, eleva los costos de viaje y desfinancia la promoción turística.
En palabras de Julia Simpson del WTTC: “Estas tarifas no se reinvierten en mejorar la experiencia del viajero y solo desincentivan las visitas en un momento crítico”.
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Según Forbes, con 250 dólares extra por visa, recortes a la promoción y un ambiente migratorio tenso, Estados Unidos corre el riesgo de meter un autogol económico justo antes del pitazo inicial.
El paquete fiscal estrella de Trump: ¿qué impuestos toca?
Cabe recordar que a inicios de julio, el presidente Trump logró la aprobación de su ambiciosa reforma fiscal, apodada por él mismo como el “gran y hermoso proyecto de ley”. La legislación, de más de 900 páginas, fue aprobada por estrecho margen en el Congreso.
Entre las principales novedades, la ley convierte en permanentes los recortes fiscales aprobados durante el primer mandato de Trump en 2017. Esto incluye la reducción de tasas impositivas para individuos y empresas, lo que, según estimaciones, costará al Estado entre 4 y 4,5 billones de dólares en ingresos durante la próxima década.
Una de las medidas más destacadas es la exención de impuestos federales sobre propinas de hasta 25.000 dólares anuales hasta 2028, lo que beneficiaría a unos 4 millones de trabajadores del sector servicios. También se introducen deducciones temporales para horas extra, préstamos de automóviles y adultos mayores con ingresos inferiores a 75.000 dólares anuales.
El crédito fiscal por hijos aumentará de 2.000 a 2.200 dólares, aunque millones de familias de bajos ingresos no podrán acceder al beneficio completo. Además, se cuadruplica el límite de deducciones estatales y locales (SALT) hasta 40.000 dólares por cinco años, una medida clave para estados con altos impuestos como Nueva York.
Sin embargo, la ley ha generado fuertes críticas por sus recortes en programas sociales. Se prevé una reducción de 1,2 billones de dólares en Medicaid, SNAP (cupones de alimentos) y el Obamacare, lo que podría dejar sin cobertura médica a unos 12 millones de estadounidenses.
Otra disposición polémica es el nuevo impuesto del 1% sobre remesas enviadas al extranjero por no ciudadanos, aplicable a montos superiores a 15 dólares. Esta medida ha sido interpretada como un ataque directo a las comunidades migrantes.
También se incluyen gravámenes a las energías renovables, lo que podría frenar el desarrollo de proyectos solares y eólicos en favor de los combustibles fósiles.
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