La Fiscalía vinculó formalmente a tres oficiales de la Policía que presuntamente se valieron de sus cargos para entorpecer las labores de los investigadores de los hechos que rodearon el crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.
El fiscal de conocimiento decidió llamar a indagatoria por los delitos de favorecimiento y fraude procesal al entonces mayor de la Policía Nacional, Marcos William Duarte Valderrama, exjefe de la unidad de homicidios de la Dijín, Luis Guillermo Parra Niño, comandante de la Sijín de Sincelejo para la época de los hechos y Amín Antonio Acuña Severiche, quien era agente de la Sijín de Sincelejo.
Para la fiscal de conocimiento, los miembros de la Policía habrían incurrido en actuaciones policivas arbitrarias como capturas y judicializaciones de personas inocentes y la utilización de falsos testigos para entorpecer las investigaciones. Las diligencias de indagatoria se realizarán el 14, 19 y 22 de junio.
El atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, el cual tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los “extraditables” en la década de los 80.
La Fiscalía declaró en 2017 el homicidio como delito de lesa humanidad. Lo que supone que el Estado a través de la Fiscalía podrá, en cualquier momento, sin límite en el tiempo, investigar, acusar y solicitar la condena de los autores del magnicidio cometido en contra de ex dirigente político.
Gómez, hijo del expresidente Laureano Gómez, era protagonista de primera línea del debate político nacional, que por entonces estaba inmerso en un escándalo por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, del cual el político conservador fue crítico.
La tesis que defiende la familia Gómez, desde hace más de 10 años, es que se trató de un crimen de Estado y que hubo encubrimiento del asesinato. La familia recalca que la Policía ha incidido en la intimidación de testigos y encubrimiento de pruebas.
