El punto considerado el corazón del Acuerdo hay atrasos. Subsisten retos tanto en materia del desarrollo normativo, que necesariamente debe acompañar el conjunto de reformas, como en materia de la implementación propiamente dicha de las medidas acordadas. En materia de acceso a tierras, el PND no establece metas, ni avanza en una estrategia para la conformación del Fondo de Tierras. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras -ANT- en su Plan de Acción 2019 establece como metas entregar 240 predios por medio del subsidio integral y cubrir 900 solicitudes de adjudicación de baldíos. La forma en que se plantean las metas (número de predios o de solicitudes) no permite una comparación con las establecidas en el Acuerdo por cuanto éstas están planteadas en hectáreas. Tampoco se avanza en materia de creación de la Jurisdicción Agraria, ni en la creación o fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina -ZRC-.

A nivel general, se destaca que si bien hay avances, son pocos y se concentran en asuntos relacionados con la activación de derechos especiales otorgados por el estatuto de oposición y en temas de garantías de seguridad como la puesta en marcha de sesiones territoriales de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección -PAO-, sin que aún se observen resultados de impacto satisfactorios, pues la violencia contra líderes sociales y excombatientes continuó. Por último, en lo que se refiere a las medidas para promover la participación electoral, con un especial énfasis en los territorios más fuertemente afectados por el conflicto armado, durante este período tampoco se registraron mayores avances. La ST registró la participación del partido Farc con la presentación del primer proyecto de ley de su autoría en 2019, en ejercicio de su reincorporación política.

Es uno de los puntos más completos. En cuanto a la dejación de armas, fueron terminadas las tareas de ubicación, extracción y destrucción de material de guerra de las Farc. Se completaron 1.027 caletas destruidas. Con estas se dan por terminados todos los compromisos de dejación y destrucción de armas. Por su parte, Farc señaló que hay 7 caletas que no han sido extraídas por la presencia de grupos armados en las zonas. Todavía hay tareas pendientes en este punto del Acuerdo en cuanto a la entrega de bienes y activos por parte de las Farc. En materia de garantías de seguridad, los excombatientes tienen riesgos, de los cuales el más notorio es la presencia de grupos armados cerca de los Espacios de Capacitación y Reincorporación-ETCR-. Se ha avanzado en proyectos productivos.

Los principales avances siguen alrededor de programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. En cuanto a los compromisos en materia de consumo

y lucha contra el narcotráfico, hay avances en el desarrollo de políticas. En el último trimestre, no registró cambios en el ritmo de implementación de los compromisos del Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS, como erradicación de cultivos, procesos de

asistencia técnica y desminado humanitario, y hay un deterioro o abandono en el cumplimiento de otros compromisos. UNODC ha verificado el levantamiento efectivo de 29.393 hectáreas de cultivos de uso ilícito desde la creación del PNIS a mediados de 2017. La verificación de UNODC ha desacelerado por la presecia de grupos ilegales en algunas zonas. La no implementación del tratamiento penal diferenciado representa un incumplimiento del Acuerdo y genera problemas para otros compromisos. La persistencia de riesgos de seguridad en los municipios en donde se desarrolla el PNIS continúa siendo uno de los mayores obstáculos para la implementación.

Con respecto a las medidas para la reparación integral, no se identificaron avances importantes conforme a los compromisos del Acuerdo, más allá de la decisión de la Corte Constitucional frente a los bienes de Farc no incluidos en los listados entregados a la Fiscalía, los cuales serán administrados por el ente acusador y cuyo destino final será el Fondo para la Reparación. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se reitera la necesidad de fortalecer y acompañar los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, atención psicosocial y restitución, aunque no todas las medidas comprendidas en esta política cuentan con indicadores y metas específicas que permitan medir el impacto de las estrategias a implementar. Frente a instituciones como la Comisión de la Verdad, la JEP, y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, se ha avanzado mucho, toda vez que ya funcionan pese al a falta presupuestal. Se plantea una adecuación y modificación de la política de reparación a las víctimas que atienda a necesidades planteadas, como la ampliación del universo de estas.

La Secretaría Técnica registró avances en las medidas para financiar el Acuerdo con recursos territoriales. Al 22 de abril, habían sido aprobados 382 proyectos a ser financiados con recursos de la asignación para la paz definida en el acto legislativo 04 de 2017 que reformó el Sistema General de Regalías -SGR- En lo que respecta a la participación del sector empresarial, el 28 de febrero cerró la convocatoria para registrar proyectos en el Banco de Proyectos a ser financiados con la figura de ‘Obras por Impuestos’ para la vigencia del 2019. En total, 65 proyectos quedaron inscritos por un valor de $381.287 millones. La desaceleración en la implementación normativa del Acuerdo se mantiene e incluso se acrecentó. La prioridad legislativa sobre la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y el trámite de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, redujeron importancia en el trámite legislativo de las normas pendientes por discusión en el Congreso. El Componente de Verificación Internacional funciona en los términos establecidos en el Acuerdo Final.