La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a la situación de vulneración de derechos humanos que viven los líderes sociales y habitantes del corregimiento y de la Comunidad de Paz San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, a manos de grupos armados organizados, por lo que solicitó informe a los gobiernos nacional y departamental de las medidas que se están tomando para protegerlos.
Como acción preventiva, la delegada para la Defensa de los DD.HH. envió comunicación al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; al comandante de Policía de Urabá, coronel Luis Eduardo Soler Roldán; al comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, brigadier general Jorge Arturo Salgado Restrepo; a los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y del Interior, Guillermo Rivera Flórez, con el fin de adoptar medidas de protección a los líderes y defensores de DD.HH. y contrarrestar toda acción delictiva en contra de ellos.
El Ministerio Público igualmente pidió socializar la Directiva No. 002 del 14 de junio de 2017 de esta entidad, para la protección de los derechos de los líderes y defensores, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno Nacional adelantar las medidas pertinentes para proteger la vida e integridad de esta comunidad.
La alerta roja fue enviada de manera urgente, atendiendo al llamado de las constantes denuncias registradas, a través de los medios de comunicación, sobre esta nueva incursión de grupos armados ilegales dentro del corregimiento y sus áreas veredales.
Las comunidades denuncian patrullajes de grupos armados organizados, grafitis intimidatorios en las fachadas de las casas y amenazas constantes contra su integridad.
