Álvaro “El Gordo” García Romero, exsenador condenado por su participación en la masacre de Macayepo, estuvo a punto de recuperar su libertad. Pero este martes la Corte Suprema de Justicia impidió que el reo abandonara su celda en la cárcel La Picota de Bogotá y ordenó una nueva detención.
El hombre de 73 años fue notificado el pasado 8 de julio –por el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá– que sería cobijado con el beneficio de la libertad condicional. El argumento era que ya había cumplido las tres quintas partes de la condena que se le impuso en 2010 a 40 años de prisión.
En efecto, han pasado 14 años desde que “El Gordo” fue condenado por su responsabilidad en la masacre de 15 campesinos en octubre del 2000 en Bolívar. Sin embargo, la Corte determinó que el parapolítico todavía tiene asuntos que resolver con la justicia.
El magistrado Jorge Emilio Caldas envió este martes una nota al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la que pidió que mantengan a “El Gordo” detenido. Pues en su contra hay una medida de aseguramiento vigente desde 2012 por cuenta del desplazamiento forzado de 4.000 campesinos que ocurrió después de la masacre
Los abogados del condenado insisten en su liberación, no solo porque ya se cumplieron las tres quintas partes de la pena, sino porque, afirman, García Romero empieza a registrar deterioro en su salud.
García Romero, en todo caso, tendrá que desempacar las maletas que había armado cuando se creyó libre.
El parapolítico había informado a la justicia que, al salir, residiría en un apartamento del barrio Rosales de Bogotá y hasta se declaró en bancarrota para esquivar el pago de una que asciende a los 13.130 millones de pesos y que se le impuso cuando fue condenado en 2010.
