Era una de las ternadas para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación.
Ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, renunció Amelia Pérez, con carácter irrevocable a la terna para la elección de la Fiscal General de la Nación.
La noticia de su renuncia se conoció justo cuando los magistrados se disponían a instalar la sesión extraordinaria para elegir a la nueva fiscal, que como ha trascendido, la mayoría de votos los tendría la abogada Luz Adriana Camargo.
Para hacerse a un lado del proceso, Amelia Pérez explicó que la exposición propia del proceso ha vulnerado su derecho a la privacidad.
“Los inéditos episodios emergidos en este proceso de elección, han tocado las puertas de la quizá principalísima virtud de todo ser humano, bien igualmente personalísimo, como es LA DIGNIDAD, injustamente ultrajada y vituperadas por circunstancias completamente ajenas a quien adquirió la condición de sujeto pasivo de tales despropósitos, ello sin dejar de lado que, al parecer asistimos, la suscrita y todo mi entorno familiar, a una revictimización que parece no tener fin, aparte de la violencia de género fundamentada en trinos cuyo autoría es completamente ajena a la suscrita”, dice la abogada.
En el documento de dos páginas la jurista se refiere a la polémica desatada por las publicaciones de su esposo en redes sociales en las que se fue lanza en ristre contra de periodistas mujeres, con tintes machistas, pero también con mensajes en los que manifestaba su apoyo al presidente Gustavo Petro y a su hijo, Nicolás Petro, investigado por presunto hechos de corrupción.
Las posturas de su esposo fueron determinantes para que la elección de Pérez, quien inicialmente era la más opcionada para tomar las riendas de la Fiscalía, se fuera al traste.
Con esta decisión, los 23 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deberán analizar el camino a seguir. Los togados podrían solicitar el reemplazo de Amelia y en consecuencia aplazar la deliberación de este martes. Adicionalmente, fuentes de la Presidencia de la República le aseguran a El Colombiano que están revisando todos los caminos jurídicos frente a este escenario.
¿Quién es Amelia Pérez?
A Amelia Pérez Parra le tocó salir corriendo hace 20 años con su esposo e hijos hacía Canadá para escapar de la muerte y ganarse la vida lejos de los sicarios, paramilitares y guerrilleros que la tenían amenazada por sus duras investigaciones sobre el conflicto armado en la Fiscalía General. El 23 de abril de 2003, Amelia se fue porque en Colombia nadie la pudo cuidar, ni siquiera su propio jefe, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, que aún sabiendo que Pérez era una de las fiscales más amenazadas del momento, le quitó la seguridad y la sacó de la institución a la que le entregó casi dos décadas de su vida.
Pero ese trabajo combatiendo a cuanto criminal se le pasara por los ojos no fue en vano; tras su regreso del exilio, agotada por lo que significa dejar la tierra, su nombre volvió a llenar las primeras páginas de los periódicos del país.
Esta vez los titulares no hablaban de amenazas, sino que anunciaron que era una de las elegidas por el presidente Gustavo Petro para convertirse en la próxima Fiscal General de la Nación.
A sus 66 años, Amelia conoce de frente el horror de la violencia. Por sus manos pasaron los casos de las masacres que azotaron a Colombia en la década de 1980 y 1990; también tuvo en su escritorio los expedientes contra cabecillas de grupos paramilitares como los hermanos Castaño, y de grandes narcos como Rodríguez Gacha.
Su carrera comenzó en 1983, cuando recién graduada como abogada de la Universidad Libre de Bogotá, la contrataron como juez en Chaguaní para luego saltar hasta Puerto Boyacá, lugar que más tarde se convirtió en un nicho paramilitar. En sus primeros cargos atendía delitos menores, pero en 1986 saltó a Pacho, Cundinamarca, donde supo de alias El Mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, e incluso atendió el caso por el asesinato de Jaime Pardo Leal.
Su ágil experiencia la catapultó hasta los juzgados de Instrucción Criminal, que más tarde se convertirían en lo que hoy conocemos como Fiscalía. Estando allí, integró las filas de la Unidad de Derechos Humanos en 1995 y se destacó por sus investigaciones contra el militar Rito Alejo del Río, las masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán. En esos casos, Amelia formuló acusaciones a grandes jefes paramilitares y narcotraficantes como Iván Urdinola, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Salomón Feris y Francisco Villalba.
Por su trabajo, el nombre de Amelia quedó inscrito en varias listas negras de la época que reclamaban su cabeza. Por eso, en abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares, pero dentro de la Fiscalía se gestaba lo que ella llamó una “persecución” por parte de su jefe, el fiscal Osorio.
Su última gran investigación fue el bombazo al Club El Nogal, en febrero de 2003. A partir de ese momento, los roces con su jefe crecieron porque el fiscal Osorio la señalaba de llevar el caso de manera “irregular”, pero Amelia insistía en que la había presionado para llevar el caso bajo una sola hipótesis para que ella perdiera su autonomía. Finalmente, le quitaron el caso y se fue al exilio hasta el 2012, cuando regresó a su país para pedir justicia y contar entre lágrimas uno de los episodios más complejos de su vida.
