La iniciativa, denominada ‘Jorge Pizano’, obtuvo el visto bueno de las mayorías de la Comisión Primera de la Cámara. Consagra además garantías de derechos laborales, económicos y políticos.
Al filo del cierre de la legislatura, este martes la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que crea medidas de protección para denunciantes de presuntos hechos de corrupción.
Se trata de la denominada ley ‘Jorge Pizano’, en homenaje al excontroller de la Ruta del Sol II, quien falleció en extrañas circunstancias en noviembre de 2018 y quien fue uno de los primeros en denunciar supuestas irregularidades en contratos y presuntos sobornos que salpicaban a la multinacional Odebrecht.
En ese sentido, el proyecto establece una serie de normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad personal y al libre desarrollo de la personalidad, así como los derechos laborales, económicos, políticos y demás conexos de los denunciantes de hechos que constituyan corrupción.
Por ello, se contempla que, en los casos de extrema urgencia y cuando se verifique que la vida del denunciante corre grave riesgo, se podrán otorgar medidas provisionales de apoyo de reubicación temporal. A ello se suma la asignación y entrega mensual al denunciante de una suma de dinero que oscilará entre uno y tres salarios mínimos legales mensuales, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo.
Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo brindará medidas cautelares de protección a los reportantes para evitar actos de retaliación, que se presenten con posterioridad y como consecuencia de la denuncia de un presunto acto de corrupción. Dichas medidas serán, entre otras, garantía de estabilidad laboral y no despido por un período mínimo de seis meses con posibilidad de prórroga; traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad o empresa; traslado de lugar de trabajo, sede o ciudad, en condiciones laborales equivalentes o mejores, o desempeño laboral vía teletrabajo.
Por otro lado, los líderes sociales y las personas que ejerzan la profesión del periodismo en sus diferentes modalidades serán sujetos de especial protección en el desarrollo de sus actividades de investigación y divulgación de hechos y actos de presunta corrupción.
La terminación de la medida de protección al denunciante iniciará una vez la autoridad competente determine el cese definitivo o terminación de las amenazas contra los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal del denunciante.
Por último, se crea el Sistema Unificado de Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción, SUPRAC, que será una instancia interinstitucional de carácter independiente encargada de coordinar, recomendar y decidir sobre la implementación y el seguimiento de mecanismos de protección de los denunciantes.
“En Colombia, denunciar a los corruptos no nos puede costar la integridad y la vida. Como país integrante de la OCDE, Colombia debe cumplir con la legislación internacional en la materia, esto es, implementar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de quienes denuncian a criminales y corruptos en este país”, destacó la representante Caterine Juvinao, de la Alianza Verde, una de las impulsoras.
“Esta es nuestra principal herramienta de lucha con el miedo para denunciar a los corruptos. Esta propuesta contiene una serie de medidas para proteger la vida, de la prensa en especial y en general, de cualquier denunciante de corrupción. Así mismo, contiene medidas de estabilidad laboral a denunciantes de todo acto de corrupción al interior de las entidades públicas o empresas privadas”, destacó por su parte Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República
