En segundo debate fue aprobado por la Cámara de Representantes el proyecto de ley “anticorrupción” y, de paso, el controvertido artículo 221A que podría obstaculizar las denuncias de irregularidades contra funcionarios públicos y afectar la libertad de prensa.
Una modificación al Código Penal hace parte de dicha propuesta, donde se crearía un nuevo delito: “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”. Es decir, de acuerdo con el informe de la ponencia, quien “pretenda atacar” las labores de un empleado del Estado podría recibir entre cinco y diez años de cárcel.
Adicional a esto, las personas que incurran en ese “delito” tendrían que pagar multas de entre 13,3 y los 1.500 SMMLV, lo cual representa sumas que van desde los $12 millones hasta los $1.362 millones de pesos.
Durante el debate, el artículo se convirtió en tema de discusión. Juanita Goebertus, representante por el Partido Verde, enfatizó en que “la Corte Constitucional ha sido clara, los servidores públicos tenemos una limitación mayor a nuestra privacidad y tenemos que estar sometidos a un control periodístico mayor”.
Goebertus fue respaldada por Gabriel Santos, representante por el Centro Democrático, quien aseveró que “en un momento donde los colombianos desconfían en las instituciones y de sobre manera en el Congreso, lo que deberíamos estar haciendo como legisladores es abrir la puerta a la revisión”.
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