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Si el Congreso de la República fuera una carretera, se podría decir que el proyecto para eliminar el asbesto, un mineral que sirve como material aislante y como materia prima en Colombia, para construir tejas o pastillas de freno, ha emprendido siete veces un viaje por sus avenidas, durante 12 años. En todos ha tenido accidentes fatales, se ha estrellado contra un muro: los congresistas que han hundido la iniciativa, excepto en esta ocasión, que ha sido el viaje más largo.
El proyecto sigue vivo, pero deberá superar dos peajes (debates) más en 2019, para que finalmente llegue a su destino final: eliminar el uso de este mineral que es calificado como un “agente cancerígeno” según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que al inhalar sus fibras, estas se incrustan en el pulmón.
El rechazo no es nuevo. Aunque en Colombia su uso sigue permitido para la fabricación de tejas, tubos y materiales automotrices, la OMS advierte que “la exposición al asbesto, incluido el crisotilo –que es el tipo que se usa en Colombia–, provoca cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma y asbestosis”.
Por tercera vez, la senadora conservadora Nadia Blel lo presentó. En esta ocasión logró que fuera aprobado de manera unánime en la Comisión Séptima y la Plenaria del Senado. Se espera que la Cámara de Representantes lo debata en comisión y plenaria, lo apruebe y de esta manera supere los peajes que faltan.
“Es una oportunidad única, estamos muy adelante y solo espero que los congresistas no le den la espalda a la salud de los colombianos”, comentó Blel. Al respecto, Giana Henríquez, coordinadora del Grupo de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología (INC), explicó que en el país cada año mueren 60 personas por cáncer de mesotelioma y se conocen 90 casos nuevos, que están asociados al contacto y sobreexposición al asbesto, dejando claro que no quiere decir que todas las personas que lo padecen sea por contacto con el mineral.
En este punto, vale aclarar, de ser aprobado el proyecto, su erradicación no será inmediata. De acuerdo con la norma, habrá un tiempo de transición de cinco años para que las industrias puedan reconvertirse y emplear otras materias primas, pues el proyecto incluye eliminar su producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquiera de sus variedades. De no conseguirlo, será el octavo golpe fulminante que recibe este proyecto.
El argumento de peso es la salud, teniendo en cuenta que en el mundo ya son 60 países los que han erradicado su uso. Juan Pablo Ramos, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Andes, y quien ha investigado el asbesto en talleres mecánicos de Bogotá, detalló que las pastillas para frenos, fabricadas con este mineral, llegan separadas del soporte, por lo que el mecánico tiene que manipularlo.
El experto también consideró que el Estado ha sido el mayor responsable de que este elemento continúe habilitado, seguido de los legisladores. “Hay intereses particulares, pero como académico, el bienestar general debe primar”, agregó el investigador, aunque es importante resaltar que la iniciativa tuvo el respaldo del gobierno anterior, en cabeza de los ministerios de Salud e interior.
Incluso, el exministro de Salud Alejandro Gaviria en varias ocasiones defendió el proyecto, señalando que “me comprometí con Ana Cecilia Niño a dar todo el apoyo que fuera necesario desde el Ministerio para que fuera prohibido en Colombia”. Pese a esto, EL COLOMBIANO consultó al ministro de Salud actual, Juan Pablo Uribe, sobre su posición frente, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Esta iniciativa tiene el nombre de Ana Cecilia Niño, una periodista que falleció en 2012 a causa de cáncer de mesotelioma, provocado por el contacto con este mineral, pues vivía en el barrio Pablo Neruda cerca a Sibaté (Cundinamarca), donde se ubicaba la fábrica de Eternit. Al respecto, la senadora señaló que es un homenaje a ella y a todas las víctimas.
“Ella es ejemplo de lucha y tenacidad. Dedicó sus últimos días a transmitir un mensaje de esperanza y a trabajar por una Colombia libre de asbesto”, agregó la senadora.
Otro caso es el de Cecilia Riaño, también de Bogotá, quien vivió un drama doble. Su esposo, Luis Alfonso Mayorga, y su suegro, Rafael Alfonso Mayorga fallecieron, con 13 años de diferencia, de cáncer.
Rafael trabajó en la compañía Eternit entre 1970 y 1980. “En 1996 empezaron las primeras sintomatologías y fallece en el 2000, luego de múltiples tratamientos”, recuerda Cecilia. Además, explicó que inicialmente no sabían qué le pudo haber generado ese dolor, pero luego de los tratamientos médicos se enteraron que fue por la sobreexposición al asbesto crisotilo.
“Le realizaron una biopsia y encontraron partículas de asbesto en sus pulmones. Los médicos dijeron que no había nada qué hacer, pues fue diagnosticado con asbestosis y mesotelioma”. Él, en la fabrica, “cargaba los bultos de asbesto y los llevaba a la mezcladora”, según Cecilia, quien resaltó que en esa época las medidas de protección eran mínimas.
Sin embargo, el caso de Luis Alfonso es, si se quiere, más doloroso para ella, pues él no trabajó en esta compañía, tuvo el contacto cuando su padre llevaba los overoles a la casa para lavarlos. A él le descubrieron el mesotelioma en 2012, y no se pudo curar pese a los tratamientos y quimioterapia que recibió. Falleció el 27 de agosto de 2013.
No obstante hay dudas razonables, el Ministerio de Salud, al responder un derecho de petición de la senadora Blel, entregó cifras de pacientes y enfermedades de posibles casos relacionados con la exposición al asbesto, en el documento, firmando por el entonces ministro Gaviria, destacó que “las fuentes de información no contienen las variables para determinar las enfermedades a causa de efectos secundarios derivados del uso del asbesto” (Ver informes).
Por otra parte, el experto, para dimensionar y dar a entender que este elemento está en prácticamente toda la sociedad, relató: “Asómese a la ventana de su casa y verá que se emplea en colegios, edificios y hasta hospitales”, explicando que, el crisotilo fue la principal materia prima para construir tejas en el país.
Los industriales consultados, como Eternit, Toptec y la Minera Las Brisas –ubicada en Campamento (Antioquia)–, coinciden en que el mineral, prácticamente, ya está erradicado de la industria nacional.
Por ejemplo, Toptec no emplea el crisotilo desde hace cinco años, según indicó el gerente, Germán López. En el caso de Eternit, que es la compañía más grande del país que empleaba esta fibra, respondió que había sido diversificado desde hace dos años.
En el caso de Toptec y Eternit, este mineral fue reemplazado por una fibra sintética llamada polivinil alcohol (PVA), que, de acuerdo con el gerente de Toptec, “es una fibra sintética, de características diferentes, pero que funciona bien, aunque es necesario adicionarle celulosa”.
Lo mismo planteó Jorge Gómez, representante legal de Las Brisas, quien en diálogo con EL COLOMBIANO, manifestó que su producción, de 12 mil toneladas anuales, está siendo exportada a países de Asia e India, pues las compañías que antes compraban en Colombia se pasaron al PVA. Esto es respaldado por una fuente de Eternit, quien manifestó que “los demás fabricantes de fibrocemento tampoco utilizan asbesto”.
Por su parte, Eternit también indicó que el vocero autorizado para hablar del tema es Jorge Hernán Estrada, presidente de la Asociación colombiana de fibras (Ascolfibras), quien no atendió las llamadas, mensajes y correos de voz que le dejó este diario en su número de celular.
No obstante, en declaraciones a la revista Dinero en 2013, Estrada señaló que “esto –el proyecto– en el fondo tiene intereses económicos y comerciales, legítimos sí, pero deberían ser transparentes”. Además, dijo que “hay que reconocer que muchas de las materias primas que manejamos son peligrosas y por eso el sentido de Ascolfibras es promover el intercambio de experiencias para el manejo seguro, no solamente del crisotilo, sino de otras fibras”.
En cuanto al factor político, Gómez aseguró que “es injusto el trato que se la ha dado al tema”, dado que, desde que adquirieron en la mina, en 2011, lo hicieron comprándosela al Estado colombiano y cumpliendo con la Resolución 007 del 4 de noviembre de 2011, la cual indica que los fabricantes y vendedores deberán “garantizar que la maquinaria y equipos utilizados en la industria del crisotilo, estén previstos de los dispositivos necesarios para controlar la liberación de polvo”.
Ante esto, Gómez apuntó: “El mejor ejemplo es que esta empresa lleva 50 años funcionando y en producción, con empleados que llevan hasta 38 años vinculados, y no tenemos ningún caso de enfermedad”.
De aprobarse el proyecto, aunque para Blel y las víctimas representará una victoria por la salud, en el panorama también se ve la posibilidad de una lluvia de demandas contra el Estado, pues los afectados argumentarán vulneración de sus derechos laborales, porque la industria sostiene que cumple con la reglamentación exigida por los entes de control para funcionar y que no se han escuchado sus argumentos.