El Gobierno de Gustavo Petro y los alcaldes que integran Asocapitales celebraron un Consejo de Seguridad en el que acordaron implementar nuevas medidas para la seguridad urbana en el país, tras las denuncias de administradores locales como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la situación de la delincuencia común.
El ministro del Interior y portavoz de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, anunció que las partes avanzarán en el “establecimiento de la unidad de criterios ante el Congreso de la República para lograr tramitar sin ningún tipo de contradicción el proyecto de ley de humanización de las penas, pero vamos a complementar esa iniciativa con dos”.
Los articulados que entran a engrosar las iniciativas legislativas en torno a la judicialización de los delincuentes son, primero, un documento que promoverá el Distrito de Bogotá, que busca crear un procedimiento penal expedito con penas cortas, e incluso con la construcción de cárceles, para las personas implicadas en delitos comunes, como los atracos y los acosos en el transporte público.
El segundo tiene el aval de todo Asocapitales y busca un mecanismo de financiación que permita la construcción de centros de atención urbana como las URI que sean administrados conjuntamente por el Estado y las alcaldías, como respuesta al hacinamiento en esos centros de reclusión temporal.
