Transcurridos 15 días del Paro Nacional en Colombia, se conoció el “informe sobre la situación de derechos humanos en la contingencia social”, elaborado con base en los datos recopilados por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional.
Allí, según el ente acusador, se registran 35 presuntos homicidios en el marco de las movilizaciones y 12 amenazas. Así mismo, se reportan 181 víctimas de lesiones personales, cinco lesiones culposas en accidente de tránsito, cinco lesiones personales en circunstancias de agravación y dos actos sexuales violentos.
El documento también señala 491 casos de violencia contra servidor público, cuatro asonadas, cuatro incendios, un caso de violación de habitación ajena, dos casos de perturbación al transporte público y seis de terrorismo.
En el ítem de hurto, de acuerdo con las métricas de la Dijin, se han presentado 143 de estos delitos en entidades comerciales, siendo las más afectadas con estas conductas. Le siguen el hurto a personas (101) a las entidades financieras (8), a residencias (5), hurto de motocicletas (6) y hurto por piratería terrestre (2). Adicionalmente, se han presentado 215 casos de daño en bien ajeno.
Allí también aparece la comisión de delitos por parte de servidor público como: acceso abusivo a un sistema informático (2), constreñimiento ilegal (2); distribución, supresión y ocultamiento de documento privado (1), injuria (1), privación de libertad, receptación (1) y abuso de autoridad por acto arbitrario (16).
Violencia en el paro
Con corte al 10 de mayo, se registraron 1.565 heridos: 716 civiles y 849 policías. De estos últimos, hasta este martes, seis continuaban hospitalizados por la magnitud de las lesiones.
De otro lado, la Mesa Intersectorial de Atención a la Protesta Social (conformada por Fiscalía y Defensoría del Pueblo) ha documentado 35 fallecidos, de los que 15 tienen relación directa con las protestas y 11 están en proceso de verificación. Los otros nueve decesos ocurrieron durante las movilizaciones pero, según las entidades competentes, no guardan relación con ellas.
En el marco de las manifestaciones públicas, la Policía Nacional abrió 65 investigaciones disciplinarias, así por abuso de autoridad (27), homicidio (8), agresión física (11), lesiones personales (5) y otras conductas (14).
En el marco de la situación de orden público, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo activaron de manera conjunta el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), en el cual se han reportado, por diversas fuentes, 548 personas para ubicación.
“Gracias al mecanismo se han localizado 227 personas. En este proceso, se ha determinado que 153 solicitudes eran infundadas y continúan 168 casos activos. Al 9 de mayo de 2021 la Fiscalía reportó 0 denuncias por desaparición forzada”, citó el informe.
Actuaciones judiciales
La Fiscalía General de la Nación informó que, con corte al 10 de mayo, había efectuado un total de 152 imputaciones, 43 medidas de aseguramiento, 611 capturas en flagrancia. De las 255 noticias criminales que cursan contra las personas capturadas, 179 casos se encuentran en etapa de indagación, 63 casos en etapa de investigación y 13 en etapa de juicio.
En este contexto, las entidades a cargo del informe mapearon “las ciudades de mayor riesgo, de acuerdo con los reportes de actos violentos de los últimos días”. Allí aparecen: Bogotá, Cali, Yumbo, Palmira, Medellín, Pereira, Soacha, Madrid, Neiva, Armenia, Barranquilla, Pasto, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué y Popayán.
“La situación más difícil se presenta en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, que de tiempo atrás vive una tensión social, derivada de la complejidad en la conformación de la población: comunidades étnicas, indígenas, comunidades negras y afro, víctimas del conflicto; vulnerables por discriminación, pobreza, inequidad y altos índices de necesidades básicas insatisfechas”, subrayó el documento oficial.
Algunas recomendaciones
Teniendo en cuenta las actuales condiciones de orden público y derechos humanos, el informe plantea “impulsar una agenda de difusión y comunicación social permanente con gobernadores y alcaldes para promover una cultura de legalidad (...), promover el diálogo entre autoridades y ciudadanos para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana e identificar acciones para mitigar las amenazas a la seguridad e incentivar el diálogo con plataformas de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil con actores estatales”.
