Aunque el presidente Iván Duque les “jaló las orejas” a sus ministros, en un corte de cuentas durante tres días hace dos semanas, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, señaló que no fue tal el regaño.
Tiene otra mirada de lo que pasó y destacó que simplemente se trató de una evaluación de las tareas cumplidas y de ajustar o modificar los planes en los que no se está ejecutando como se espera. “Hubo un mensaje fuerte de ejecución y resultados, y de estar cerca a la gente”.
Aunque Uribe reconoció las múltiples dificultades del sector salud en el país, que se dejaron ver, por ejemplo, en las 207.734 tutelas presentadas reclamando salud el año pasado, según la Defensoría del Pueblo, el ministro destacó que el país tiene grandes fortalezas en el talento humano, el nivel científico y la protección financiera de los más pobres (régimen subsidiado).
En entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro presentó una radiografía a la gestión que se ha cumplido en este tiempo al frente de la cartera.
¿Cuál es el balance del primer año, a menos de un mes de cumplirse?
“Es positivo. Hemos avanzado en algunas de las reformas sustanciales que requiere el sistema. En el Plan de Desarrollo incluimos ajustes que nos permiten avanzar con reformas estructurales y medidas de choque que habían sido prometidas por el presidente”.
¿Qué reformas?
“Los mecanismos de recobro de servicios que están fuera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que permitirán dar más equilibrio a la sostenibilidad del sistema. Estamos hablando de medidas que dan más transparencia en la propiedad accionaria de las EPS o que permiten el giro directo cuando hay intermediación financiera que lesiona los servicios. La introducción, por primera vez, a pagos atados en resultados en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. De una contribución solidaria, que acaba con una fracción de la población que no estaba en el contributivo, pero que tampoco alcanzaba para el subsidiado y ahora podrá entrar”.
¿Cómo está la salud financiera, sigue siendo un dolor de cabeza?
“Hay un respaldo del Ministerio de Hacienda y del presidente. Venimos cumpliendo debidamente con el aseguramiento, que es prácticamente universal (97 %), luego de un incremento al cierre pasado, particularmente en el régimen subsidiado, que nos dejó muy cerca de igualar las primas técnicas de ambos regímenes. En recobros y con el Acuerdo de Punto Final, estamos pagando 17 % más que el año pasado, a pesar de tener un rezago con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que va a ser cubierto por el Acuerdo. Hemos mantenido y hay un esfuerzo por reconocer parte de ese pasivo grande y de nuevo devolverle brillo al sector”.
¿Cómo va la implementación del Acuerdo? El Gobierno se va a endeudar...
“Esto tendrá líneas de crédito, porque el reclamo inicial, en el contributivo, supera los $5 billones y en el subsidiado, desde hace tres años que se le entregaron a departamentos y distritos, este monto puede superar o estar cercano a los $2 billones. Si pensamos que no todo eso se va a poder soportar y conciliar, calculamos unos $4 o $5 billones, que se reinyectarán a la red hospitalaria, al talento humano y a las finanzas de las EPS”.
Pero las EPS, sobre todo las asociadas en Acemi, no ven muy claras las cifras...
“Como las cifras no se conocen, no puede haber discordia. Lo que tenemos es una codisposición del Minhacienda, de soportar esa cifra final a la que podamos llegar en una conciliación juiciosa y debida. Esto me permite hacer un llamado a los gobernadores para que, con cuentas auditadas, entren al Acuerdo del subsidiado, y a las EPS, para que ojalá estén listas en el contributivo. No todo el mundo va a tener las cuentas listas, no podremos tener una cifra final sino hasta el otro año, pero es importante que empecemos para poder inyectar estos recursos al sistema de salud”.
¿Sí ve compromisos de todos los actores del sector para sincerar esas cifras?
“Debemos sincerar las cifras en el sector a todo nivel. Por ejemplo, EPS que no podían atender bien al ciudadano porque el gobierno le debía, entonces vamos a encontrar cuál es esa plata, a reconocerla y no habrá disculpa en el cumplimiento con los servicios. Pero igual pasa con hospitales y clínicas, porque hay muchos gerentes que tienen una cartera de 100, pero al momento de sentarse a soportar esa cartera y conciliarla, se encuentran con que es una cifra menor”.
Al principio de año hubo una priorización de ocho hospitales públicos para atenderlos, ¿cuáles siguen?
“Hemos seguido trabajando en esos ocho hospitales, con avances significativos, por ejemplo, en los niveles de servicio en San Andrés, Puerto Carreño y Buenaventura, pero rápidamente llevamos el esfuerzo a la totalidad de los públicos. Hemos empezado, por trimestre, a monitorear 23 indicadores, mapeándolos gráficamente y mostrando esta información a todos el país, en cada localidad. Este instrumentos nos permite, junto a gobernadores y alcaldes, tomar las acciones necesarias para fortalecer los hospitales”.
¿Cómo está la situación con Medimás? En caso de que las decisiones del Consejo de Estado ratifiquen las del Tribunal de Cundinamarca, ¿hay capacidad de traslados?
“Respetamos el debido proceso, luego del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Supersalud sigue el desempeño de esta y otras EPS que concentran el mayor número de tutelas, quejas y reclamos. El sistema tiene la capacidad de asimilar el movimiento de ciudadanos de unas EPS que, por ejemplo, se liquiden o se les revoque licencia, para un conjunto numeroso de EPS que están cumpliendo”.
Hay regiones en las que no hay EPS, porque financieramente no les da económicamente, ¿qué se hace en esos lugares?
“Tenemos regiones identificadas como especiales y que queremos que tengan modelos de salud diferenciales. Guainía ha hecho un modelo, que se evaluará el próximo año, y que es de un solo prestador para toda la población, que es menor a 100.000 personas; en San Andrés, también hay un modelo que busca mayor integración en dos aseguradores, que permiten mayor concentración de escala y responsabilidad en la respuesta. Hay reclamos de otros territorios por esos modelos, pero en cuanto a posibles reformas futuras, debemos plantear que el aseguramiento no se haga por municipios, sino por departamentos y regiones completas, para que la EPS no escoja en este sí, pero en ese no; sino que tiene que irse con todos los municipios de la región. Esa será una evolución de nuestro sistema”.
¿Qué se está haciendo para evitar que los recursos de la salud se los roben?
“El giro directo viene con volver pública la información. En la medida en que mostremos más el flujo de los recursos creemos que habrá más transparencia, mayor auditoría y menor espacio a la desviación de recursos. La facturación electrónica también debe ayudar, y el fortalecimiento de la Supersalud también está encaminado a eso”.
¿Cómo evitar la politización de los hospitales públicos que siempre son vistos como fortines políticos?
“No hemos encontrado una fórmula ideal de gobierno del hospital público, pero el ministro no se puede cansar de mostrar que la calidad de la gerencia es el determinante del resultado del servicio que la ciudadanía recibe”.
El fenómeno migratorio, además de los desafíos sociales y económicos, también trae tareas en materia de salud, ¿cómo está la situación?
“Estamos trabajando en tres áreas. Primero, salud pública, con un reforzamiento particular del programa de inmunizaciones; lo segundo, buscar cofinanciación del esfuerzo asistencial de la red hospitalaria pública, y lo tercero, que nos permitirá pasar de una respuesta coyuntural a una estructural de largo plazo, es ir incorporando a los migrantes al aseguramiento en salud. Es muy duro el reto, pero es satisfactorio ver este país volcado en una respuesta humana y solidaria”.
La plata parece insuficiente, ¿qué otras fuentes de financiación se están explorando para garantizarles la atención?
“Una estimación es que podemos estar requiriendo entre $150.000 y $200.000 millones al año. Vamos a mantener el esfuerzo en inmunoprevenibles. Si removemos barreras para el ingreso al aseguramiento y podemos tomar una fracción más amplia de migrantes regulares e incluso irregulares, que se van a quedar acá, e incorporarlos al régimen subsidiado o contributivo, vamos a tener una solución más completa eficiente para el tema migratorio en salud y confiamos en la cooperación internacional, tareas en las que están el presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
¿Este gobierno mantendrá la política de control de precios de medicamentos?
“Es absolutamente necesario mantener esa política, en conversación con la industria. Colombia enfrenta un reto de sostenimiento inmenso y hemos trabajado sobre el desarrollo que realizó el exministro Alejandro Gaviria”.
¿Y le han llegado cartas de laboratorios a través de la Embajada de Estados Unidos metiendo presión, como le sucedió al gobierno anterior?
“No han llegado. Nos hemos comprometido a hacer una conversación abierta en una mesa, con todas las posiciones expuestas, buscando garantizar acceso y sostenibilidad”.
