Al interior de la Sociedad de Activos Especial estalló un nuevo escándalo de posible corrupción que involucra a más de 14.000 hectáreas de terreno que, tras ser decomisadas a narcotraficantes, volvieron a caer en manos de grupos armados que las usaban para lucro propio de manera ilegal.
Se trata de 53 bienes ubicados en el departamento del Cauca que estaban en poder de la SAE, una entidad que se encarga de aplicar la extinción de dominio a todos los bienes y propiedades que surgen de actividades ilícitas para ponerlos a disposición de la Nación.
La denuncia salió directamente desde la Casa de Nariño e involucra a lujosas propiedades del Cauca que ahora están siendo administradas por estructuras ilegales con la posible complicidad de funcionarios del Estado.
Según denunció el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, el asunto es altamente “peligroso porque toca bolsillos e intereses” de hombres poderosos de la región que, incluso, tienen el control territorial de algunos de los municipios más afectados por la violencia.
Un informe oficial de esa misma Secretaría de Transparencia indica que la mayor cantidad de hectáreas de la SAE en poder de criminales está en Popayan, con un total de 3 bienes que agrupan 6.800 hectáreas de tierra. Le siguen Timbio, con 6.000; Patia, con 706; El Tambo, con 551, y Balboa, con 402 hectáreas.
En total, Idarraga reveló que el Cauca presenta esa misma problemática en 14.832 hectáreas de la región, aunque Presidencia no descarta que haya más bienes en todo el país que, pese a ser de la SAE, están siendo administrados por ilegales.
Lo cierto es que este se suma a la larga lista de irregularidades que habría al interior de la SAE, pues esta institución ha estado inmersa en escándalos durante el último año.
Otros líos con bienes de narcos
A finales de 2022, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, denunció que en la SAE había presuntos manejos corruptos que estarían afectando los dineros que son recolectados para reparar a las víctimas.
Según ella, al interior del Fondo para la Reparación a las Víctimas se encontraron por lo menos 43 lotes, fincas y terrenos de grandes magnitudes que estaban siendo arrendados por entre 4.000 y 100.000 pesos colombianos, un valor ínfimo comparado con lo que sería su canon real.
Así mismo, la entidad halló de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal que es la monetización.
Para ese entonces, EL COLOMBIANO le consultó a la Unidad cómo funciona el Fondo y por qué administra bienes de ilegales. Según explicó un funcionario de la Unidad de Víctimas, dicho fondo es el encargada de administrar los bienes que son entregados por desmovilizados de las guerrillas y paramilitares y de otras propiedades de la SAE. Una vez son arrendados o vendidos, esos dineros van directo a la reparación de víctimas del conflicto armado.
Por todos estos presuntos manejos ilícitos, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación ya han abierto procesos que, incluso, han enfrentado al director de la SAE, Daniel Rojas, con esos entes judiciales.
La SAE vs la Procuraduría
De esos procesos, el más grave tuvo que ver con un decisión de la procuradora general, Margarita Cabello, de suspender por tres meses a Rojas de su cargo como director de la SAE.
Para ese entonces, Daniel Rojas fue suspendido por el presunto detrimento patrimonial que habría generado la mala administración de un millonario contrato con la empresa de servicios públicos Triple A.
Dicho proceso se abrió después de que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, cuestionara la decisión de Rojas de tomar posesión de la empresa Triple A, según él, “incumpliendo de manera arbitraria el contrato de compraventa con la empresa K-yena, en la cual el Distrito de Barranquilla tiene participación mayoritaria”.
Pese a eso, la suspensión de Rojas duró poco. Menos de 15 días después de que el ente de control anunciara la suspensión de 3 meses, la misma Procuraduría decidió revocar la medida y permitir “el reintegro a sus funciones sin ningún trámite legal”. Esto último tras llegar a un acuerdo de compra sobre las acciones de esa entidad de servicios públicos.
El proceso ante la Fiscalía
Superado ese impase, Rojas también pasó a tener choques con el Fiscal General Francisco Barbosa. Pese a que ambos habían acordado instalar una mesa para revisar las posibles irregularidades al interior de la entidad, el fiscal decidió cancelarla alegando incumplimientos de la entidad.
Como respuesta, Rojas dijo que habían asistido a cada una de las reuniones que había citado el ente acusador y que aún tenía todas las pruebas para denunciar múltiples casos de corrupción dentro de su entidad.
Así, Barbosa lo citó a él y a a otros funcionarios para que declaren ante la Fiscalía, bajo gravedad de juramento, lo que saben sobre los presuntos manejos ilícitos y sus responsables.
Hasta ahora, según han advertido Rojas y el presidente Gustavo Petro, dichas irregularidades vendrían desde anteriores gobiernos.
Mientras las investigaciones avanzan, el Gobierno analiza caminos para actualizar la lista de bienes de la SAE y revisar, uno a uno, qué personas y entidades los están manejando actualmente.
Esto último será una tarea compleja que podría tardarle los tres años y medio de gobierno que le quedan a Petro pues, con corte a enero de este año, en el país están “desaparecidos” 3.655 bienes que fueron arrebatados a los narcos y cuyo avalúo suma más de $25.7 billones.
