La guerra, que ya dejó una marca indeleble en Bojayá desde el 2 de mayo de 2002, cuando las Farc asesinaron 78 de sus hijos en la iglesia de esta población al lanzar un cilindro con explosivos, parece no querer marcharse de este territorio: los combates entre grupos ilegales y las Fuerzas Militares, el reclutamiento y las minas antipersonal los tienen confinados.
Hace una semana, los bojayaseños recibieron los restos óseos de sus familiares y pudieron cantarles los últimos alabaos, 17 años después de la tragedia, pero en medio de su dolor pidieron que el conflicto armado los deje, de una vez por todas, vivir en paz.
“En este momento hay dos actores armados ilegales en nuestro territorio: el Eln y los paramilitares que se han enfrentado en estos meses. En el último combate, que se dio en la comunidad de Carrillo, fue asesinado el adulto mayor Rogelio Palacios. Hay desplazados y los indígenas están en una situación díficil, están confinados”, dijo uno de los habitantes que pidió reserva de su nombre.
Otro de los líderes advirtió que solo hablar con EL COLOMBIANO lo ponía en riesgo, sin embargo, precisó que hay que hacer la denuncia para que los actores armados salgan de Bojayá y el Estado haga presencia real.
“Nuestra comunidad, en medio de esta entrega digna de restos, pedirá garantías de no repetición, porque claro, queremos enterrar nuestros cuerpos, pero queremos hacerlo con la esperanza de que no nos vuelvan a matar a nadie, pero con la situación que vive hoy Bojayá es absolutamente difícil y el riesgo es inminente”, dijo el líder social.
