El Ministerio de Relaciones Exteriores reanudará la licitación del millonario contrato para la expedición de pasaportes que había sido suspendida por cuenta de las denuncias por un supuesto favorecimiento para su único oferente.
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Se trata del contratista Thomas Greg & Sons, que ha desatado polémica porque lleva 17 años como operador de este contrato estatal para expedir pasaportes que este año supera los 600.000 millones de pesos.
Esa adjudicación del millonario contrato fue frenada provisionalmente por una acción popular presentada y una denuncia penal disciplinaria con las que se trató de argumentar que había un favorecimiento para el único oferente en la licitación.
Ante esos reclamos, la Cancillería decidió suspender la licitación, pero confirmó que tras superar las acciones judiciales, el proceso seguirá en marcha y la adjudicación del contrato se realizará este martes 5 de septiembre por medio de una audiencia pública.
Así se confirmó en una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se aclaró que fue rechazada la demanda de acción popular, por lo que seguirá en marcha con la adjudicación del contrato, tras las alertas que habían emitido la Procuraduría y la Contraloría.
“Que mediante auto del 04 de agosto de 2023, notificado por estado del 08 de agosto siguiente, el Tribunal rechazó la demanda de acción popular. Que hasta esta fecha, todos los recursos interpuestos por el actor popular contra la providencia del Honorable Tribunal que rechazó la demanda, han sido negados por improcedentes”, dice la resolución.
Al ser el único oferente, está previsto que Thomas Greg & Sons continúe fabricando los pasaportes en Colombia, pese a la reciente polémica que se armó en torno a ese posible favorecimiento para la compañía, que es la única que puede cumplir los requisitos.
Las alertas de la Contraloría por la suspensión de la licitación
La Contraloría General hizo días atrás una advertencia al Fondo Rotatorio de la Cancillería por el inminente riesgo que ha identificado por cuenta de la suspensión de este proceso licitatorio sobre el suministro, formalización y distribución de pasaportes.
Según el ente de control en cabeza de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, se presentó un informe donde se advierte de “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.
Al respecto se argumentó que la suspensión de este proceso licitatorio podría presentar una intermitencia o hasta una parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin.
Asimismo, se advirtió al Ministerio de Relaciones Exteriores que debía prevenir la pérdida de recursos públicos, reiterando que este proceso licitatorio tiene un valor superior a los 600.000 millones de pesos.
Esta licitación ha levantado duras polémicas y alegatos de parte de las empresas intervinientes, que han presentado más de 100 observaciones que pedían ser evaluadas para que el proceso fuera más justo y en igualdad de condiciones.
