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Descubren “mini” cartel de la Toga, esta vez con tutelantes

Una red de operarios de base de
la rama judicial habría cobrado
por favores en los juzgados.

  • ilustración Elena ospina
    ilustración Elena ospina
01 de febrero de 2018
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Una nueva red de corrupción en las entrañas del sistema judicial colombiano fue descubierta y divulgada por la Fiscalía General de la Nación. Se encuentra en la base del sistema y la componen abogados, funcionarios de alcaldías, juzgados y personal del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, y el Instituto de Medicina Legal.

Según relata el ente acusador, esta red ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas a condenados de alta peligrosidad en las cárceles colombianas a cambio de dinero. Entre estos beneficios se incluyen la casa por cárcel, libertad provisional o definitiva y traslados a centros de reclusión menos severos.

Por su modo de funcionamiento, se asemeja al descrito “cartel de la toga”, aunque más pequeño, porque hasta ahora solo han descubierto 24 integrantes de la red y capturado a 14; y este nuevo bautizado “cartel de los tutelantes”, opera en los cimientos del sistema penal colombiano.

En este se presentaban ante los jueces del sistema de penas acciones de tutela con sellos alterados, acreditaciones de vecindad falsas (para sustentar un cambio de cárcel), dictámenes médicos fraudulentos de Medicina Legal y cartas falsas de funcionarios inexistentes o amañadas para conseguir estos beneficios.

La Fiscalía identificó que estos documentos ingresaban por el Centro de Servicios Judiciales de Cali y pasaban por el Juzgado 25 penal municipal, en donde tenían conocimiento de jueces y abogados. Allí pasaban estas medidas beneficiosas para los reclusos.

Para conseguir los “clientes”, la mayoría criminales de alto impacto, como asesinos, narcos y estafadores que representan alta peligrosidad para la sociedad, este “mini” cartel utilizaba abogados y trabajadores del sistema penitenciario (Medicina Legal o Inpec) para llegar a ellos y ofrecer el “portafolio de servicios”.

Sin embargo, advierte la Fiscalía que también pagaron por estos favores personajes con un perfil distinto: de alto poder económico o personalidades públicas.

A pesar del detalle de la descripción, no se dieron nombres de presuntos beneficiarios de esta red.

Ambiente propicio

“El sistema penal tiene muchas dificultades. Es complejo y engorroso, que hace que el nivel de condenas sobre imputaciones y denuncias sea relativamente bajo. Aún así, cuando finalmente se obtiene una condena, esas pasan a otra instancia judicial, que es el sistema de administración de las penas. Allí advertimos graves dificultades en todo el país”, explicó el fiscal general Néstor Humberto Martínez, al describir el panorama donde se desarrolla este nuevo cartel.

Por ello, el jefe del ente acusador pidió hacer seguimiento y auditoria a este sistema para que se “impidan nuevos descalabros que deslegitiman la justicia y hacen trizas el trabajo de la Fiscalía, y de paso, del derecho penal en Colombia”, agregó.

Lo que permite que haya tal permisividad en la creación de estos carteles es una “debilidad institucional” que sustenta la Fiscalía.

Por este nuevo escándalo se impartieron 24 órdenes de captura, de los cuales ya han caído 14 de estos miembros de la red. Entre ellos, el exjuez 25 de Cali César Blandón y el exfuncionario de Medicina Legal Andrés Moncayo. Ambos aceptaron su responsabilidad.

Blandón deberá responder por haber pasado al menos 20 tutelas alteradas para trasladar presos de alto perfil a cárceles municipales de baja seguridad. Por su parte, Moncayo lo hará por expedir exámenes médicos falsos para sustentar o permitir este tipo de traslados.

Este nuevo caso de corrupción revive la urgencia de una reforma judicial que fortalezca la base del sistema e impida que nuevos carteles como el de la toga y ahora, el de los tutelantes, surjan.

Sin embargo, esta tarea será una de las primeras que tendrá el próximo gobierno, pues el presidente Juan Manuel Santos advirtió en octubre pasado que no moverá esta reforma, al considerar que no tiene el respaldo político para llevarla a buen puerto a través del Congreso.

involucrados en el cartel de los tutelantes aún están en mora de ser capturados, informó la Fiscalía.

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