Muchos han sido los puntos polémicos desde que entró a funcionar la justicia transicional pactada entre el Gobierno y las Farc en el Acuerdo, pero si uno ha tenido especial relevancia, ha sido la comparecencia de militares involucrados en presuntos delitos cometidos en acción de servicio.
Meses antes de entrar en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz, JEP, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez expresó: “Más allá de la presunción de inocencia y de otras garantías universales de obligatorio respeto, en el Acuerdo de La Habana con las Farc, el Gobierno ha igualado nuevamente los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestra democracia con la organización terrorista, y pretende aplicarles la misma justicia transicional”.
Aun con posiciones a favor y en contra, a la JEP se han sometido a la fecha 1.958 miembros de la Fuerza Pública, según datos presentados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esta justicia; de ellos, 1.529 recibieron algún tipo de beneficio jurídico.
“Entre abril de 2017 y febrero 18 de 2019, indicaron que 1.051 miembros (68.7 por ciento de sometidos) han recibido el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada”, expresaron desde la JEP en un comunicado.
Además, a 372 integrantes de la Fuerza Pública les fueron revocada o sustituida la medida de aseguramiento. La JEP explicó que las investigaciones en las que están inmersas los militares hacen referencia al caso 003, asunto que busca esclarecer las muertes presentadas como bajas en combate de manera ilegítima, más conocidas como falsos positivos.
EL COLOMBIANO contactó a uno de los militares que hace parte de un proceso de la JEP y se encuentra recluido en una guarnición militar en Medellín, quién expresó que aunque no es culpable por un asesinato en persona protegida, “fui a este tribunal porque me definió mi situación muy rápidamente. Ahora estoy a la espera de que me beneficien con la revocatoria. Es un proceso que tardaría tres meses y así podría estar con mi hijo”.
Entre los militares que se han presentado a la JEP hay nueve altos mandos: los generales (r) Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante; y los que pidieron entrar son: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina.
Así mismo, ante la JEP, integrantes de la Fuerza Pública presentaron un informe en el que le solicitaron ser considerados víctimas, porque como explicó el general Ricardo Gómez Nieto, excomandante del Ejército, el documento contiene aproximadamente 207.642 casos de violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos como secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento a los militares.
