Sesenta niños de entre 0 y 11 años fueron asesinados de enero a noviembre de 2020 en Colombia, reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal: 43 tenían entre 0 y 5 años, y 17, entre 6 y 11. Incluyendo a los adolescentes, de 12 a 17 años, la cifra de homicidios de menores de edad aumenta a 511. No obstante, el año pasado murieron menos niñas, niños y adolescentes que en 2019, cuando se contaron 650 homicidios.
En el primer año de la pandemia, de enero a noviembre, miles de niños, con edades entre 0 y 11 años, fueron violentados: el instituto registra 7.195 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, y 2.317 lesiones por violencia intrafamiliar y 456 por violencia interpersonal.
La vulnerabilidad está asociada con la edad, ya que los niños más pequeños corren un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de violencia, recuerda Unicef en su portal web. “La violencia, la explotación y el abuso provienen a menudo de personas que el niño conoce, incluyendo padres y madres, otros familiares, cuidadores, maestros, empleadores, autoridades policiales, agentes estatales y no estatales, y otros niños. Solo una pequeña proporción de los actos de violencia, explotación y abuso se denuncian e investigan, y un escaso número de quienes cometen estos actos rinden cuentas por ellos”, argumenta la agencia.
Cifras preocupantes
Medicina Legal precisa que entre enero y noviembre de 2020 se realizaron 2.237 exámenes médico legales por presunto delito sexual a menores de entre 0 y 5 años, y 4.958 a menores de entre 6 y 11 años. También detalla que el año pasado, de los 16.567 exámenes médico legales por presunto delito sexual que se adelantaron en el territorio nacional, de enero a noviembre, 14.141 se realizaron a menores de edad.
Por su parte, en 2020, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) abrió más de 24.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niñas, niños y adolescentes, de los que 12.724 correspondieron a casos de violencia sexual.
Otra cifra por subrayar es el número de menores de edad violentados por sus familias en Medellín. El año pasado, según Medicina Legal, la capital antioqueña ocupó el segundo lugar, después de Bogotá, con 249 casos de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes. En 2019, entre enero y noviembre, también Medellín tuvo el segundo lugar, tras reportar 469 casos.
Según el instituto, en el mismo periodo de tiempo, en todo el país, ese tipo de violencia afectó a 4.676 menores de edad. La cifra disminuyó con respecto a 2019, que en esos meses registró 7.958 menores de edad maltratados en sus hogares.
“Como país validamos las prácticas violentas para relacionarnos como familia: a los niños les pegan desde la cuna, y cachetadas que en contra de una mujer son consideradas violencia, en contra de una niña son consideradas prácticas de crianza”, afirma Ximena Norato, directora de la agencia Pandi, Comunicaciones y Derechos Humanos.
En la primera cuarentena
Según Medicina Legal, del 12 de marzo al 31 de julio de 2020 –coincidiendo con el primer aislamiento nacional por la covid-19–, 169 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en el país, de los cuales 26 tenían entre 0 y 11 años. De esas muertes, 38 ocurrieron en Antioquia. Para esa misma época, en 2019, se registraron 285 víctimas.
En esos más de cuatro meses, 4.566 niñas, niños y adolescentes –2.390 tenían entre 0 y 11 años– sufrieron violencia sexual; 1.537 –753 tenían entre 0 y 11 años–, violencia intrafamiliar; 184, violencia de pareja, y 1.207 –122 de 0 a 11 años–, violencia interpersonal. Estas cifras (7.494 violencias no fatales) descendieron en comparación con el mismo periodo de 2019, que registró 16.764 casos.
El presunto agresor más común de violencia sexual, con 2.324 casos, fue “un familiar”. Le siguieron “conocido” (971) y “amigo (a)” (382). Además, 3.794 casos ocurrieron en el escenario de la vivienda. Antioquia ocupó el segundo lugar, después de Bogotá, con más casos de violencia sexual (510) e intrafamiliar (216) en niñas, niños y adolescentes. Y el tercer puesto en los casos de violencia interpersonal (149).
Por su parte, informó también Medicina Legal, la Línea 141, dispuesta por el Icbf para proteger a niñas, niños y adolescentes, presentó un incremento del 28 % de las llamadas atendidas –6.523 llamadas por violencia física, psicológica o negligencia– entre el 25 de marzo y el 23 de abril (en 2020 fueron 8.160).
¿Qué pasa?
“Muchos actos de negligencia parental terminan poniendo en peligro la vida e integridad de la niñez, y la pandemia encerró a muchos niños con sus verdugos”, comenta Norato. Pero aclara que el virus también terminó imponiendo desafíos en los hogares sin violencia. “Las medidas para contrarrestar la pandemia han sido muy duras con la niñez. Su encierro impone cargas emocionales para toda la familia”.
Con ella coincide la psicóloga Karla Gil, coordinadora de Salud Mental del Hospital Digital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien además considera que pueden verse vulnerados los derechos de los menores de edad, “producto de toda la transformación familiar que se vive por las situaciones sociales y de salud que estamos atravesando como humanidad”. En esa línea, invita a las familias a establecer acuerdos de convivencia que protejan a los menores de edad.
La psicóloga Gil explica que hay violencia cuando un menor de edad es expuesto a una situación en la que se vulneran sus derechos, como el abandono, la negligencia y las violencias física, psicológica o sexual. Cuenta que las señales de alerta que evidencian algún tipo de violencia contra una niña o un niño son los cambios repentinos de hábitos de sueño o alimentación, los altibajos académicos, el aislamiento social o el desinterés por el contacto social y expresiones sobre sentirse ensimismado, o poco amado o apreciado.
“Hay pruebas importantes que indican que la violencia, la explotación y el abuso podrían afectar la salud física y mental del niño a corto y largo plazo, influyendo en su capacidad para aprender y socializar, e influir en su transición hacia la edad adulta con consecuencias adversas en la vida”, se lee en el portal web de Unicef.
¿Qué hacer en familia?
En opinión de Norato, pueden prevenirse actos de violencia si se educa en cómo proteger a las niñas y los niños. “Muchos actos de negligencia y accidentes ocurren por ignorancia de quienes deben proteger a la niñez. ¿Por qué estaba solo?, ¿por qué la madre/padre acude con un niño a una cita riesgosa?, ¿por qué no les creen a los niños? Como sociedad aún no hemos reconocido a las niñas y los niños como nuestros iguales en dignidad humana y nuestros superiores en derechos (...) Debemos reescribirnos incluyendo a los niños como ciudadanos de primera”, comenta.
Para Gil, la familia es responsable de ser un entorno protector y seguro para el menor de edad. En su criterio, la tarea primordial de los padres es educar en valores y en límites de una manera adecuada, además de formar emocionalmente, enseñando a la niña o al niño a reconocer sus emociones, y a aprender a manejarlas y expresarlas con asertividad. También recomienda “establecer espacios de diálogo con el menor de edad, aprender a conciliar en los momentos en los que se presenten dificultades –en la pareja incluso–, y aprender a convivir y a compartir en familia, con un sano esparcimiento”.
La psicóloga hace un llamado a los ciudadanos a estar vigilantes, y ante la vulneración de los derechos de un menor de edad, denunciar: “Es la obligación de todo ciudadano hacer denuncias anónimas. La Línea 141, del Icbf, gratuita y a nivel nacional, permite hacer estas denuncias y que el Estado de alguna manera pueda ser garante de la protección de ese menor de edad”.
La protección en el país
En junio de 2020 se aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad –el Gobierno presentará en marzo el proyecto de ley para reglamentarla–, y meses después, en noviembre, le dieron luz verde a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, es decir, que se puedan investigar en cualquier momento.
Para Norato, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales es un buen paso: “Las víctimas pasan muchos años sin poder hablar y esto les da la oportunidad de poder dar el paso de la denuncia cuando sienten la fortaleza y el respaldo para hacerlo”. Sobre la cadena perpetua, cree que no sirve “mientras haya un 95 % de impunidad”. Dice que prefiere que todos los recursos se enfoquen en que la justicia sea eficiente y eficaz, y así disuasiva. “Acá nadie se asusta por una mayor pena, porque saben que lo más seguro es que nunca se les condene”.
Otra herramienta jurídica se sumará pronto: la prohibición del uso del castigo físico como medio de crianza. Así lo anunció el pasado 15 de enero la directora del Icbf, Lina Arbeláez, agregando que se busca transformar la cultura endémica y permisiva con la vulneración de los derechos de la niñez.
Estas son siete historias de menores de edad que murieron violentamente en las últimas semanas. “Mientras un solo niño o niña sea asesinado, víctima de abuso sexual o golpeado, siempre estaremos en deuda”, concluye Norato.
Sofía Cadavid Henao, de 18 meses. Rionegro, Antioquia. A las 9 de la noche del pasado 17 de diciembre, su madre la reportó como desaparecida. Según informó la Alcaldía de Rionegro, la madre dijo que la niña había salido con su padre, quien apareció indicando que la menor de edad se hallaba en una zona boscosa del barrio El Porvenir. El cuerpo sin vida de Sofía, con signos de violencia y herida con arma cortopunzante, fue hallado sobre las 2:00 de la mañana. Se dictó orden de captura en contra del padre.
María Ángel Molina Tangarife, de 4 años. Aguadas, Caldas. Fue desaparecida y asesinada. Su cuerpo sin vida fue hallado en el río Arma. Al parecer, la madre acudió con ella y su hermana a una cita. “Los elementos de prueba dan cuenta de que el señalado agresor conoció a su víctima por redes sociales y pactó con ella un encuentro, con el supuesto de darle regalos a sus dos hijas”, informó la Fiscalía General. La madre fue localizada y trasladada a un centro asistencial. El presunto agresor, quien se encontraba con la otra hija cuando fue capturado, fue enviado a la cárcel por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado. El procesado aceptó los dos primeros cargos.
Menor de 7 años. (Fiscalía General no da nombre). Sector Playitas, Arauca. La niña fue abusada sexualmente en una vivienda el pasado 29 de diciembre, reportó la Fiscalía General. El presunto violador es un hombre de 55 años. Se le imputaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pero no lo aceptó.
Menor de 8 años. (Fiscalía General no da nombre). La Virginia, Risaralda. El 27 de diciembre, según informó la Fiscalía General, la menor de edad fue abusada sexualmente en una vivienda. El presunto agresor, capturado en flagrancia, sería su padre. En las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de acto sexual violento.
Menor de 9 años. (Fiscalía General no da nombre). Medellín, Antioquia. Señalan al dueño de una heladería de golpear e intimidar con arma blanca a la niña para obligarla a realizar actividades sexuales, según difunde la Fiscalía General. “Contra esta persona hay material de prueba que lo vincula a agresiones similares con otras menores de edad, por lo que las indagaciones continúan”, agregó el ente acusador.
Menor de 10 años. (Fiscalía General no da nombre). Vereda Salahonda - Francisco Pizarro, Nariño. El niño fue atacado con arma cortopunzante. Según la Fiscalía General, un hombre, quien ya fue capturado y judicializado, “al parecer, interceptó en vía pública al menor de edad, lo llevó hasta un baño y le propinó 20 puñaladas”. Al procesado le imputaron el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Maira Alejandra Orobio Solís, de 11 años. Guapi, Cauca. Según relató la Gobernación del Cauca, basándose en los reportes de las autoridades, la niña salió de su casa el pasado 10 de enero a las 5:30 de la tarde, y al otro día, a las 9 de la mañana, encontraron su cuerpo sin vida, y con señales de violencia sexual y tortura.
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