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La Ciudadela la Bendición llegó como caída del cielo, de la mano de un negociante cristiano a quien todos admiraban por amasar una fortuna viniendo desde abajo, incluso sin estudiar.
Pasó de no tener nada a ser uno de los comerciantes más prósperos e incursionar en el negocio de la hotelería en una ciudad que crecía.
Así lo veían los habitantes de Yopal que abrazaron el proyecto de un nuevo barrio en la periferia de la capital de Casanare, que ayudaría a quienes pagaban arriendos caros, para que tuvieran casa propia.
“En Yopal para 2014 podíamos estar pagando $2 millones por el arriendo de una casa con tres habitaciones”, cuenta Diana Puentes, defensora del Pueblo en Casanare. Lo que hacía imposible que las familias que llegaban a trabajar en la industria petrolera, que devengaban en promedio dos salarios mínimos, vivieran con dignidad.
La ciudad pasaba por un enorme déficit de vivienda: en 2012 el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal reportó la falta de 12.325 viviendas. Esto, explicado en el crecimiento exponencial, amparado en la explotación petrolera: entre 1973 y 2013 la ciudad pasó de tener 10.000 habitantes a 140.000, creció 14 veces su población en 40 años.
Por eso el proyecto que les ofrecía Jhon Jairo Torres Torres, el afamado comerciante conocido como “Jhon Calzones”, les pareció adecuado. La propuesta era que compraran un lote por entre $30 millones y $36 millones, con una financiación a largo plazo que les permitía pagar cuotas de $300.000. Contaría con servicios públicos conectados al domicilio, vías de acceso, espacios para el colegio, iglesia y puesto de salud. “¿Qué más se podía pedir?”, es la pregunta retórica de Rodulfo Arciniégas, fiscal de la veeduría de la Ciudadela.
Así arrancó el negocio
“La gente se enloqueció con el proyecto, todos los que pagaban arriendo querían ir a construir su casa en La Bendición”, dice Calzones.
¿Pero cómo surgió?, “muy sencillo”, dice Calzones. “Debía mucho dinero y tenía que encontrar algo que me ayudara”. Un amigo le recomendó comprar un predio y lotearlo. Le aseguró que podía doblar la inversión.
Según su relato, trató de hacer un negocio con alguien que resultó “enredado”. “Me encontré con el alcalde de Yopal (William Celemín) y le conté lo que me pasó, me dijo que me podía presentar a alguien que era dueño del predio frente al que yo quería comprar inicialmente”, agrega Torres.
Se trataba de Jairo Enrique Pérez Barreto, quien junto a su hermano Néstor Leonardo, eran propietarios de tres predios contiguos (El Copey, Manantiales y Los Claveles) que sumaban 192 hectáreas por fuera del perímetro urbano.
“Arrancamos con 72 hectáreas, por un precio de $4.000 millones. La idea era que yo empezaba a vender los lotes. Con lo que la gente me pagaba iba abonándole, construyendo y pagando la nómina de 100 trabajadores. Después de construir empezaría a recibir mi plata”.
Sin embargo, en una entrevista dada por él mismo a la Revista Don Juan en 2015, dijo que el negocio era así: “Pagué $37.000 millones por el terreno y me voy a gastar $5.000 millones en servicios. Son $41.000 millones. Pongámosle que saque 3.000 lotes y los venda a $30 millones cada uno. Eso por 3.000 son $90.000 millones. Ahí me quedaban $50.000 millones de utilidad”.
El compromiso de los compradores era pasarse inmediatamente y montar un rancho, mientras construían. Y así fue. El negocio rodó. “Vendimos cerca de 4.500 lotes, la gente se pasó y les puse agua potable cuando no había”, dice Torres. Para ello cavó dos pozos profundos y puso dos plantas de tratamiento que surten a las 4.468 casas, con unas 20.000 personas.
Construyó vías, aunque no las pavimentó, puso redes de electricidad y gas, y le dijo a cada familia que construyera un pozo séptico como medida provisional mientras estaba listo el alcantarillado. Pero había un problema: no existía licencia, ni de construcción ni ambiental.
Urbanización ilegal
“Me di cuenta de que ese predio tenía una medida cautelar con fines de extinción de dominio cuando ya la gente estaba construyendo”, reconoce.
La tierra donde construyeron La Bendición no podía comercializarse porque era administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en un proceso que se llevaba en contra de Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias “Coletas”, un narcotraficante capturado en España en 2010 por ser el socio de Daniel “el loco” Barrera.
La escritura pública no se haría hasta que Torres terminara de pagar, mientras tanto lo que existía era una promesa de compraventa entre los dos.
“Esos predios están en medida cautelar por la Fiscalía desde 2012, en un proceso con investigaciones de enriquecimiento ilícito por tráfico de estupefacientes”, comenta Puentes.
“Cuando me entero, Pérez Barreto me promete que me entrega todo al día, incluso yo dejé de pagarle, pero cuando la primera instancia de ese proceso levantó la medida cautelar retomamos el negocio. Ocho meses después, ya era 2015, la segunda instancia vuelve a activar la medida”, dice Calzones. En vista de que nadie le soluciona las solicitudes para que Planeación Municipal y Corporinoquia le otorgaran las licencias, decidió tramitar el silencio administrativo y lanzarse a la Alcaldía.
Lo primero lo hizo en una Notaría de Soledad (Atlántico) y el documento dice: “Se deja constancia que esta escritura de protocolización invocando el derecho administrativo positivo y sus copias auténticas producirán los efectos de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así”.
Y se lanzó a la Alcaldía, avalado por 40.000 firmas. “Si soy alcalde me doy las licencias”, comenta sin asomo de burla o pena. Ganó, pero 10 días antes lo capturan por urbanización ilegal.
Un secreto a voces
La Bendición no se podía construir, nadie lo autorizó, pero nadie se interpuso. Así lo dijo el Consejo de Estado en respuesta a una tutela de los habitantes del asentamiento: “Para este Juez no resulta explicable que un desarrollo de esta magnitud y con efectos tan perjudiciales como los que se han reseñado avance ante la mirada de quienes tienen la responsabilidad de custodiar el territorio y velar por el respeto de las normas urbanísticas y ambientales”.
La maquinaria, los materiales, las personas, todo entró a ese territorio y no hubo quien lo impidiera. “El pecado no fue construir, fue meterme a la política y ganarles a los clanes”, advierte, quien desde su captura empezó a ser llamado “Jhon Calzones”, ya que el negocio que lo catapultó fue un almacén de ropa interior. Fue un alcalde que solo estuvo dos meses. De resto, pasó sus días en La Picota. Lo condenaron a 24 meses, que ya pagó y está libre. “Tenemos una casa que no podemos vender y que en cualquier momento nos quitan”, lamenta Arciniegas.
A los bienes de la Ciudadela La Bendición SAS también se le aplicó la medida cautelar con fines de extinción del dominio, es decir, las plantas de tratamiento están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), así como las maquinarias con las que se hacían las obras. Todas se frenaron.
Con el tiempo, los pozos sépticos se rebosaron y las familias empezaron a construir otro al frente de sus viviendas, con el riesgo de que las aguas negras se filtren a los pozos de los que sacan el agua.
Por eso han acudido a todas las autoridades, incluso llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que el Gobierno done los terrenos por los que pagaron, pero este organismo les pidió agotar primero instancias locales.
Una acción popular les fue aprobada en 2017, pero los avances son pocos. La Alcaldía de Yopal le pidió a la SAE y al Gobierno la donación del predio, pero fue una opción descartada “dada la prohibición legal de disposición a título definitivo vía donación de los bienes no perecederos, derivada de no existir un fallo en firme”, explican en la Alcaldía.
Pero esta figura exige la venta basada en el avalúo catastral, a lo que debe sumarse la inversión para regularizar los servicios públicos, algo imposible para Yopal, por su “condición presupuestal deficitaria”. “Esta exigencia de recursos obliga a explorar, con prudencia y soporte legal, diversas alternativas de financiación, endeudamiento, pagos diferidos, cruces de cuentas, pignoraciones, gestión de recursos de orden nacional y departamental, tarea a la que están abocados con la mejor disposición todos los entes involucrados, pero no hay una decisión definitiva”, señala la Administración. Por lo pronto, el Ministerio de Vivienda anunció que apoyará al municipio con $500 millones los diseños de acueducto y alcantarillado.
“El sueño de tener casa propia se nos volvió pesadilla”, lamenta Arciniégas, quien recuerda la ilusión que compartía con sus vecinos por tener al fin un terruño. Lo que contrasta con el sentir de Calzones: “Si me hubieran dejado terminar, La Bendición sería un paraíso”. Ahora, tanto Arciniégas como Calzones temen por sus vidas, dicen que han sido amenazados.
Leonardo Pérez Barreto se quemó en su aspiración a la Alcaldía de Villavicencio, Meta.
“Jhon Calzones” siguió respaldando a sus amigos políticos, logró la Gobernación de Casanare para Salomón Sanabria, aunque esta vez le fue esquiva la Alcaldía de Yopal a su candidata Lilian Fernanda Salcedo. Apoyó a Luis César Pérez, a la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta, con la promesa de construir 1.500 viviendas en un predio de 25 hectáreas, que tampoco podrían ser construidas porque el POT no lo permite. “Este es un negocio bueno: Yo sigo urbanizando”, dice Calzones. Y cuando se le pregunta ¿dónde?, “Donde sea, donde haya tierra y se necesiten casas, lo hago en Meta y Nariño”.
Así que miles de familias en otros sitios están soñando con su propia bendición: dejar de pagar arriendo y tener casa propia, un círculo que “Jhon Calzones” no está dispuesto a abandonar.
*Por invitación de la Defensoría del Pueblo
Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.