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Paro armado: 48 horas de miedo que dejan decenas de carros quemados, desabastecimiento y tres personas asesinadas
El Gobierno lanzó un plan de choque en 7 departamentos. Alerta por la celebración del Día de la Madre.
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El Ejército desplegó 20.000 soldados en las áreas más críticas del paro armado, en especial en los corredores viales. FOTO cOLPRENSA -
Jobanis Ávila, alias “Chiquito Malo” (izquierda), y Wilmer Giraldo (“Siopas”), cabecillas del Clan del Golfo. FOTOS: CORTESÍA.
Los habitantes del noroccidente de Colombia ajustaron 48 horas padeciendo las violentas retaliaciones del Clan del Golfo por la extradición de su cabecilla, Dairo Úsuga David (“Otoniel”), mientras el Gobierno y la Fuerza Pública tratan de mitigar la zozobra con mensajes de apoyo y planes de choque.
El paro armado impulsado por la organización criminal comenzó en la madrugada del jueves 5 de mayo, justo cuando el capo aterrizaba en suelo estadounidense, bajo la custodia de los U.S. Marshalls y la agencia Homeland Security.
Mientras a “Otoniel” lo escoltaban a una celda en la cárcel de Brooklyn, a miles de kilómetros de distancia, en el corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia (Antioquia), sus compinches obligaban a un chofer a atravesar su tractomula, bloqueando la vía de Medellín a la Costa Atlántica.
Así comenzó una oleada de acciones terroristas que, al cierre de esta edición, sumaban cerca de 100 vehículos quemamos, tres personas asesinadas (dos civiles y un policía), decenas de vuelos regionales cancelados, establecimientos comerciales cerrados, rutas terrestres suspendidas, hostigamientos a la Policía y eventos cancelados.
“Hemos constatado el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados. En varios municipios las calles permanecen casi vacías, la mayoría del comercio cerrado, actividades escolares suspendidas, empresas de transporte público paralizadas y población confinada en sus viviendas”, comentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Por chats de internet, los integrantes del Clan diseminaron panfletos y audios amenazantes, con frases como “no quiero ver a nadie moviéndose ni trabajando”. Según un comunicado del bloque Central Urabá de ese cartel, cuya autenticidad analizan las autoridades, “todas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales quedan suspendidas entre el 5 y el 10 de mayo a las 12 de la noche”.
Durante las primeras 24 horas, los bloqueos afectaron a los pobladores de Antioquia, Sucre y el sur de Bolívar; en el segundo día, la oleada de temor golpeó a municipios de Chocó, Córdoba, Santander y Magdalena.
En este último, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena (Edumag) expidió un boletín en el que instó a rectores, docentes, alumnos y padres de familia a “tomar medidas para preservar la vida de los miembros de la comunidad educativa (...). Donde no existan las garantías, orientamos suspender las actividades académicas hasta tanto el Gobierno nos ofrezca garantías”.
Jobanis Ávila, alias “Chiquito Malo” (izquierda), y Wilmer Giraldo (“Siopas”), cabecillas del Clan del Golfo. FOTOS: CORTESÍA.
A medida que se conocen los desmanes, también crece la tensión en otros departamentos con influencia de ese grupo, como Norte de Santander, La Guajira, Meta, Valle, Atlántico y Nariño.
Las pérdidas económicas pueden ser gigantescas, teniendo en cuenta que los comerciantes esperaban un incremento en sus ingresos por el fin de semana de las Madres. Fenalco calculaba un 25% de aumento en ventas durante una jornada en la que, según una encuesta interna, el 82% de los colombianos festejaría.
Con los restaurantes, locales y tiendas cerradas en cerca de 60 municipios de las áreas más críticas, esta expectativa no se cumplirá.
Planes de choque
El general Jorge Vargas, director de la Policía, responsabilizó de estas acciones terroristas a tres herederos de “Otoniel” e integrantes del estado mayor del Clan: Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), Wilmer Giraldo (“Siopas”) y Gonzalo Sánchez (“Gonzalito”). Por los dos primeros, que quedaron al mando del cartel, el Gobierno aumentó la recompensa a $5.000 millones.
El ministro de Defensa, Diego Molano, encabezó tres consejos de seguridad regionales, en compañía de altos mandos de la Fuerza Pública, gobernadores y alcaldes.
Una de las decisiones tomadas fue la creación de un Bloque de Búsqueda con fuerzas especiales de la Policía y el Ejército, para atacar al Clan en sus principales áreas de influencia. También se incrementaron los patrullajes terrestres y aéreos, y caravanas con escolta armada.
Se asignó una recompensa de $50 millones para quien dé información sobre los terroristas involucrados en el paro ilegal y se activó la “Póliza de Seguro Antiterrorismo”, para asegurar vehículos y algunos bienes que resulten dañados.
En sus declaraciones, Molano volvió a referirse al Clan del Golfo como un “reducto”. “No nos doblegaremos ante las acciones criminales de estos reductos”, acotó en Urabá.
¿Pero cómo llamar reducto a un cartel narcotraficante de 3.804 integrantes y socios, según datos de Inteligencia, capaz de coordinar ataques y arrinconar a las comunidades en siete departamentos?
También queda en el aire la pregunta de por qué las autoridades solo están implementando planes de choque, en vez de haber ejecutado estrategias preventivas, pues un paro era previsible, según el comportamiento histórico de esta facción (ver recuadro).
Las autoridades prometieron recuperar el orden público en las próximas horas, para ver si de una vez por todas el país cierra el capítulo de “Otoniel”.
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