Los habitantes del noroccidente de Colombia ajustaron 48 horas padeciendo las violentas retaliaciones del Clan del Golfo por la extradición de su cabecilla, Dairo Úsuga David (“Otoniel”), mientras el Gobierno y la Fuerza Pública tratan de mitigar la zozobra con mensajes de apoyo y planes de choque.
El paro armado impulsado por la organización criminal comenzó en la madrugada del jueves 5 de mayo, justo cuando el capo aterrizaba en suelo estadounidense, bajo la custodia de los U.S. Marshalls y la agencia Homeland Security.
Mientras a “Otoniel” lo escoltaban a una celda en la cárcel de Brooklyn, a miles de kilómetros de distancia, en el corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia (Antioquia), sus compinches obligaban a un chofer a atravesar su tractomula, bloqueando la vía de Medellín a la Costa Atlántica.
Así comenzó una oleada de acciones terroristas que, al cierre de esta edición, sumaban cerca de 100 vehículos quemamos, tres personas asesinadas (dos civiles y un policía), decenas de vuelos regionales cancelados, establecimientos comerciales cerrados, rutas terrestres suspendidas, hostigamientos a la Policía y eventos cancelados.
“Hemos constatado el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados. En varios municipios las calles permanecen casi vacías, la mayoría del comercio cerrado, actividades escolares suspendidas, empresas de transporte público paralizadas y población confinada en sus viviendas”, comentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Por chats de internet, los integrantes del Clan diseminaron panfletos y audios amenazantes, con frases como “no quiero ver a nadie moviéndose ni trabajando”. Según un comunicado del bloque Central Urabá de ese cartel, cuya autenticidad analizan las autoridades, “todas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales quedan suspendidas entre el 5 y el 10 de mayo a las 12 de la noche”.
Durante las primeras 24 horas, los bloqueos afectaron a los pobladores de Antioquia, Sucre y el sur de Bolívar; en el segundo día, la oleada de temor golpeó a municipios de Chocó, Córdoba, Santander y Magdalena.
En este último, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena (Edumag) expidió un boletín en el que instó a rectores, docentes, alumnos y padres de familia a “tomar medidas para preservar la vida de los miembros de la comunidad educativa (...). Donde no existan las garantías, orientamos suspender las actividades académicas hasta tanto el Gobierno nos ofrezca garantías”.
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