La restitución de Altus Baquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral provocó un choque entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional por posible desplazamiento de competencias.
Inicialmente, al Consejo de Estado llegó una demanda que pedía anular la elección de Altus Baquero como magistrado del CNE por no cumplir con los años de experiencia exigidos para el cargo. La corporación encontró probados estos argumentos y, en consecuencia, ordenó la nulidad.
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Al considerar que se estaban vulnerando sus derechos, Baquero llevó el caso a la Corte Constitucional. Allí, el pasado 20 de agosto de 2024, los magistrados fallaron a favor de Baquero y revocando la decisión del Consejo de Estado con el argumento de que esa corporación “adoptó una interpretación muy restrictiva” para contabilizar los años de experiencia de Baquero y que esto había afectado su derecho a acceder a cargos públicos. Por ello, ordenó su reintegración inmediata al CNE.
La aplicación de la decisión se consumó el lunes, cuando Baquero volvió a sus funciones en el CNE, participando en la discusión de la ponencia que pide formular cargos al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral en 2022.
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Sin embargo, una vez se dio cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado interpeló, solicitando la nulidad de esa decisión, argumentando que la Corte “excedió sus competencias” al tomar decisiones sobre un caso de tutela que aún no había sido resuelto en primera instancia.
Según los magistrados de la Sección Quinta, la Corte intervino de manera inapropiada y tomó una decisión que le correspondía a otro juez.
En un documento de 12 páginas dirigido al magistrado Juan Carlos Cortés González, ponente del caso, los magistrados Omar Barreto, Luis Alberto Álvarez, Gloria María Gómez y Pedro Pablo Vanegas, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, argumentaron que la decisión de la Corte vulneró “el derecho al debido proceso, la contradicción y la defensa”, ya que no se les dio la oportunidad de presentar sus argumentos.
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Además, el Consejo de Estado señaló que la Corte Constitucional usurpó la competencia del juez de tutela natural al ordenar la suspensión de los efectos de la decisión que anulaba la elección de Baquero. Según el Consejo, esta decisión fue tomada sin que se hubiera completado el proceso de revisión correspondiente.
El caso sigue generando tensiones entre las dos altas cortes, que se enfrentan por la interpretación de sus competencias y por la validez de los fallos emitidos en este caso específico.
