Una comisión del Senado aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley sobre el Acuerdo de Escazú, el primer paso para la ratificación de este gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en salvaguardar a los ambientalistas que Colombia aprobó, pero no ha llegado a ratificar.
La comisión segunda del Senado aprobó con seis votos a favor y uno en contra la tramitación de este proyecto de ley, que fue radicado el 20 de julio de 2020 y que fue archivado sin ni siquiera votarse al acabar la legislatura en junio del año pasado.
El Gobierno, que firmó este acuerdo regional junto a otros 21 países, volvió a presentar el proyecto de ley para la ratificación en octubre pasado y ahora tres senadores de la oposición radicaron la ponencia para conseguir que el Congreso lo apruebe antes de que se vuelva a acabar la legislatura en junio.
Este acuerdo, según el senador Iván Cepeda, es “una gran contribución a la superación de conflictos socioambientales y el desarrollo de mejores capacidades para la paz y la democracia ambiental”.
El acuerdo es trascendente pues es una herramienta para ayudar a proteger a los líderes medioambientales y Colombia es el país más peligroso del mundo para defender el medioambiente.
Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, lideró en 2020 la trágica clasificación del país más mortífero para defender el medioambiente por segundo año consecutivo. Según los últimos datos de la organización Global Witness, solo en 2020 unas 65 personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas en Colombia.
“La ratificación de este acuerdo es una forma de garantizar que se fortalezcan los mecanismos de protección a líderes medioambientales, que permitan atender la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país y este Gobierno”, aludió el senador Antonio Sanguino, quien presentó el proyecto de ley a sus compañeros.
El proyecto de ley salió adelante con los votos de los tres senadores de izquierdas y verdes que lo impulsaron (Cepeda, Sanguino y el senador indígena Feliciano Valencia) y los de otros tres parlamentarios conservadores y liberales, mientras que el senador de derecha Luis Díaz Granados votó en contra y los pertenecientes al partido de Gobierno se abstuvieron a asistir.
Ahora el proyecto de ley tendrá que ser debatido en las dos cámaras legislativas, donde el Gobierno tiene mayoría, y ser aprobado por mayoría para que el presidente pueda firmar la ratificación del Acuerdo.
La semana pasada se celebró en Santiago de Chile la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del pacto donde autoridades y defensores ambientales insistieron a los Gobiernos de la región en unirse con “urgencia” al acuerdo.
De los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Además de proteger a los ecologistas, la alianza busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
