Las cifras de Medicina Legal son, cuando menos, preocupantes. Según el reporte preliminar del Observatorio de Violencia, los casos de agresiones intrafamiliares en 2018 fueron 77.457, mientras que en 2017 se presentaron 77.610. Es decir, la tendencia aunque disminuye no es tan relevante.
En medio de este panorama, las comisarías de familia, organismos que se encargan de garantizar los derechos de los integrantes de un núcleo familiar en el que se haya presentado violencia y prevenir su vulneración, no alcanzan a cumplir a cabalidad su labor.
Según un diagnóstico revelado hace una semana por el procurador general, Fernando Carrillo, las actuales condiciones de las 1.277 comisarías del país afectan la atención digna que requieren las víctimas que acuden a estas entidades.
Por eso, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia firmaron un acuerdo conjunto para reformarlas (ver recuadro).
A punto de cumplir 30 años desde su creación, persiste “la precariedad de las condiciones en que trabajan los comisarios”, afirmó Carrillo.
A esto, el diagnóstico añade una generalizada deficiencia de infraestructura y personal que trabajan en condiciones de desigualdad salarial.
El Ministerio Público estableció que aún no logra concretarse la vinculación de los comisarios de Familia como funcionarios de carrera administrativa, pues “siendo este un mandato constitucional y legal, encontramos que solamente alrededor de un 20 % tiene ese tipo de vinculación”.
Todas estas condiciones agravarían aún más la deficiente atención a las víctimas. En todo el territorio nacional, por ejemplo, tan solo 24 de estos organismos tienen completo su equipo técnico interdisciplinario, que según la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) debe estar conformado por al menos un sicólogo, un trabajador social y un nutricionista.
La Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, indicó –en ese sentido– que están buscando, con la firma del acuerdo, solucionar siete problemáticas que en la actualidad tienen en crisis a las comisarías: ausencia de criterio para diferenciar los conflictos familiares de la violencia; la revictimización institucional; los conflictos de competencia entre defensores y comisarios de familia; la falta de seguimiento y efectividad de las medidas de protección; la cobertura insuficiente, la falta de inmediatez en la atención y el desconocimiento de los derechos de las víctimas
